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El diputado provincial de Más para Entre Ríos criticó duramente la reciente aprobación de la ley en la Cámara Baja, denunciando un tratamiento exprés que impidió una revisión profunda. Advirtió sobre la inconstitucionalidad de varios artículos, especialmente el referido al cese de haberes de trabajadores intimados a jubilarse, y vaticinó una ola de demandas judiciales contra el Estado provincial.
En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, el diputado Yari Seyler analizó el escenario posterior a la sanción de la reforma previsional en Entre Ríos.
El legislador, oriundo de Concepción del Uruguay y licenciado en Ciencias Políticas, sostuvo que, aunque la oposición no niega el déficit de la Caja de Jubilaciones, rechaza que el esfuerzo recaiga exclusivamente sobre los trabajadores y jubilados.
Según Seyler, existe una enorme distancia entre el discurso oficial —que aseguraba la preservación de derechos— y la letra chica de la ley, que modifica la movilidad y la base de cálculo del 82% móvil.
El polémico Artículo 30 y el fracaso institucional
Uno de los puntos más críticos señalados por el diputado es el Artículo 30 de la nueva norma.
Seyler explicó que, con la legislación anterior, el Estado podía jubilar de oficio a un empleado con la edad requerida; sin embargo, la nueva ley establece que, tras seis meses de una intimación a jubilarse, la autoridad dictará un acto administrativo para extinguir el vínculo laboral sin indemnización y cesando el pago de haberes, incluso si el trámite jubilatorio aún no ha finalizado.
“Esa persona va a ser echada, no va a tener un sueldo ni tampoco su jubilación”, advirtió el legislador a Debate Abierto, calificando este punto como una de las mayores fuentes de futuras presentaciones judiciales.
Para el diputado opositor, este tipo de “vicios” ocurrió porque la Cámara de Diputados no funcionó como cámara revisora.
Seyler denunció que el dictamen de mayoría se firmó en menos de 24 horas tras ingresar del Senado, impidiendo un debate serio y el cumplimiento del sistema de pesos y contrapesos previsto por la Constitución provincial. “Hicieron como que escuchaban a los gremios, pero ya estaba decidido que no se tocaría ni una coma”, sentenció.
Un modelo de estigmatización y el horizonte judicial
Seyler vinculó esta reforma con una metodología política que, a su juicio, utiliza el gobernador Rogelio Frigerio: el binomio amigo-enemigo.
El diputado criticó que se intente enfrentar al sector privado con el estatal bajo la premisa de que los primeros no deben pagar el déficit de los segundos, ignorando que todos los ciudadanos aportan a una comunidad organizada para el bien común.
Finalmente, el legislador pronosticó un escenario de alta conflictividad judicial, mencionando que sectores como la Asociación de Magistrados ya han advertido sobre las colisiones constitucionales del texto aprobado. “Lamentablemente, el gobierno va a tener muchas demandas y amparos”, concluyó, reafirmando que esta reforma es muy regresiva y afectará a la población más allá del signo político del gobierno de turno. (Fuente: Debate Abierto)
Yari Seyler tras la reforma previsional: “Es un ajuste que se presentó como la única solución, descartando alternativas”
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El diputado provincial de Más para Entre Ríos criticó duramente la reciente aprobación de la ley en la Cámara Baja, denunciando un tratamiento exprés que impidió una revisión profunda. Advirtió sobre la inconstitucionalidad de varios artículos, especialmente el referido al cese de haberes de trabajadores intimados a jubilarse, y vaticinó una ola de demandas judiciales contra el Estado provincial.
En diálogo con el programa Debate Abierto Radio, el diputado Yari Seyler analizó el escenario posterior a la sanción de la reforma previsional en Entre Ríos.
El legislador, oriundo de Concepción del Uruguay y licenciado en Ciencias Políticas, sostuvo que, aunque la oposición no niega el déficit de la Caja de Jubilaciones, rechaza que el esfuerzo recaiga exclusivamente sobre los trabajadores y jubilados.
Según Seyler, existe una enorme distancia entre el discurso oficial —que aseguraba la preservación de derechos— y la letra chica de la ley, que modifica la movilidad y la base de cálculo del 82% móvil.
El polémico Artículo 30 y el fracaso institucional
Uno de los puntos más críticos señalados por el diputado es el Artículo 30 de la nueva norma.
Seyler explicó que, con la legislación anterior, el Estado podía jubilar de oficio a un empleado con la edad requerida; sin embargo, la nueva ley establece que, tras seis meses de una intimación a jubilarse, la autoridad dictará un acto administrativo para extinguir el vínculo laboral sin indemnización y cesando el pago de haberes, incluso si el trámite jubilatorio aún no ha finalizado.
“Esa persona va a ser echada, no va a tener un sueldo ni tampoco su jubilación”, advirtió el legislador a Debate Abierto, calificando este punto como una de las mayores fuentes de futuras presentaciones judiciales.
Para el diputado opositor, este tipo de “vicios” ocurrió porque la Cámara de Diputados no funcionó como cámara revisora.
Seyler denunció que el dictamen de mayoría se firmó en menos de 24 horas tras ingresar del Senado, impidiendo un debate serio y el cumplimiento del sistema de pesos y contrapesos previsto por la Constitución provincial. “Hicieron como que escuchaban a los gremios, pero ya estaba decidido que no se tocaría ni una coma”, sentenció.
Un modelo de estigmatización y el horizonte judicial
Seyler vinculó esta reforma con una metodología política que, a su juicio, utiliza el gobernador Rogelio Frigerio: el binomio amigo-enemigo.
El diputado criticó que se intente enfrentar al sector privado con el estatal bajo la premisa de que los primeros no deben pagar el déficit de los segundos, ignorando que todos los ciudadanos aportan a una comunidad organizada para el bien común.
Finalmente, el legislador pronosticó un escenario de alta conflictividad judicial, mencionando que sectores como la Asociación de Magistrados ya han advertido sobre las colisiones constitucionales del texto aprobado. “Lamentablemente, el gobierno va a tener muchas demandas y amparos”, concluyó, reafirmando que esta reforma es muy regresiva y afectará a la población más allá del signo político del gobierno de turno. (Fuente: Debate Abierto)