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En la Sesión de hoy del H.C.D., durante dos horas se debatió el proyecto de ordenanza presentado por Rettore y Haddad, por el cual se pretendía derogar el Decreto 721 del Departamento Ejecutivo Municipal que aumentó un 36% el costo del boleto urbano de colectivos.
“Nuevamente el Bloque oficialista respaldó y resguardó a Osuna”, señalaron.
A pesar de la coincidencia de todos los Ediles, oficialistas y opositores, que hicieron uso de la palabra sobre el mal funcionamiento de este servicio público y luego que la Concejal Cristina Sosa hiciera una defensa cerrada de la actitud del gobierno de Blanca Osuna frente al problema, el proyecto no pudo ser analizado y votado porque la totalidad del bloque oficialista negó su tratamiento sobre tablas.
“Nuevamente el Bloque oficialista respaldó y resguardó a la Intendente Blanca Osuna, mientras que los usuarios paranaenses siguen sin ser defendidos por el gobierno municipal”, dijeron Rettore y Haddad.
FUNDAMENTOS UTILIZADOS POR RETTORE EN LA SESIÓN DEL HCD PARA LA DEROGACIÓN DEL DECRETO 721 QUE AUMENTÓ EL PRECIO DEL BOLETO DE COLECTIVO
Con el Concejal Marcelo Haddad hemos presentado el proyecto de Ordenanza derogando el Decreto N° 721 del Departamento Ejecutivo Municipal que dispone el aumento del 36% en el costo del boleto del transporte público en colectivos, hasta tanto se convoque a la Mesa del Transporte para que evalúe si es razonable y oportuno el aumento.
Consideramos que este aumento es muy arbitrario, ya que el estado municipal es el responsable de corregir las deficiencias e irregularidades que todos sabemos presenta el servicio de transporte en colectivo de la ciudad y de plantarse frente a las presiones para aumentar las tarifas. No puede ser que frente a un servicio deficiente se sigan otorgando aumentos que terminan siendo pagados por los usuarios que el municipio debe defender.
Tenemos una concesión de este servicio que viene siendo prorrogada durante los últimos 25 años y que no cumple con ninguno de los requisitos legales para garantizar su prestación.
La cantidad de unidades en servicio, el estado de las mismas, su limpieza, sus frecuencias, su equipamiento para el uso de personas discapacitadas y sus recorridos vienen siendo cuestionados desde hace mucho tiempo por todos los usuarios y a pesar que el gobierno municipal dice haber intimado a los empresarios por estas irregularidades, ninguna de estas cosas se corrigen.
A pesar de todo esto, este gobierno viene otorgando sistemáticamente por vía de decreto los aumentos del boleto, sin realizar los estudios de costos y sin audiencias públicas como el caso amerita, mientras que las empresas prestatarias han percibido más de cien millones de pesos de subsidios, en los últimos dos años, por parte del gobierno nacional.
En los dos años que han transcurrido de esta gestión, hemos presentado varios Pedidos de Informes sobre este pésimo servicio, y ninguno de ellos ha sido contestado.
Ya en fecha 26 de Julio de 2012, ante una autorización del 35% para que se aumente el valor del boleto, presentamos una interpelación para que se respondieran 18 preguntas, porque queríamos enterarnos si las empresas habían presentado, junto con el pedido de aumento, el estudio de costo resultante de la fórmula polinómica, como lo indica la legislación vigente, para llegar al porcentaje del aumento pretendido.
También preguntábamos si se habían presentado las planillas mensuales de estadísticas de usuarios que efectivamente ocupan el servicio.
Consultábamos también cual había sido el criterio que había utilizado el Gobierno para otorgar ese 35% de aumento, ya que el mismo estaba muy por arriba de las cifras que por ese entonces emitía el INDEC oficial, que era del 7% y si también se habían mensurado las numerosas denuncias y quejas que había en ese momento de parte de los usuarios.
En ese mismo cuestionario, le preguntábamos al gobierno si se había analizado la legalidad y/o lesividad del Decreto 2059/11, que prorrogó la concesión hasta el año 2016 y también que actitud se había tomado sobre el préstamo, con cargo de devolución, que el gobierno municipal había realizado con miles de litros de gas oíl a las empresas transportistas, mediante los decretos 868/11, 1333/11, 1427/11 y 1749/11.
También en el mes de junio del año 2013 presentamos otro Pedido de Informe, que corrió la misma suerte, donde preguntábamos al gobierno sobre las inspecciones que se le realizaban a las empresas, las actas de infracción que se le realizaban, sobre sus unidades, recorridos, frecuencias, si cumplimentaban las exigencias de la ordenanza 8880 sobre el 25% de las unidades que debían tener equipamiento para personas discapacitadas y también sobre un presunto proyecto que el Departamento Ejecutivo Municipal, había elaborado con la UTN sobre la problemática del transporte urbano en colectivos.
El 12 de setiembre de 2013 presentamos otro Pedido de Informe sobre la implementación de las tarjetas “Tarjebus” y “Sube”.
También pedíamos las declaraciones juradas de las empresas respecto de la cantidad de unidades, kilómetros recorridos y frecuencias y si las mismas eran cotejadas con la oficina de tráfico dependiente de la Sub Secretaría de Transporte, donde se debían controlar las mismas mediante el sistema de GPS, y que actitud se había tomado respecto de los múltiples incumplimientos que seguramente se habían detectado.
Consultábamos en esa oportunidad, cuál era la deuda que las empresas tenían con el municipio en concepto de canon, multas de tránsito, multas por incumplimiento de pautas de la concesión y deudas por tasa comercial y por apremios fiscales.
También por ese entonces se había agudizado el conflicto de las empresas con sus empleados y los paranaenses sufríamos paros de colectivos llevado adelante por sus choferes, entonces también preguntábamos al Ejecutivo municipal sobre la situación previsional de los empleados de las empresas, en lo que respecta a los aportes de Seguridad Social, aportes de obra social y la correspondiente contribución patronal de estos temas y si las empresas cumplían con la nueva escala salarial vigente desde el 1° de abril del 2013.
Los mas de cien millones de pesos recibidos por las empresas, en calidad de subsidios por parte del Gobierno nacional para que el servicio se cumpliera eficientemente también eran nuestra preocupación en esos momentos; como así también la impúdica irregularidad que realizaban nuestros transportistas que registraban sus unidades fuera de la provincia, haciéndolo en las ciudades de Corrientes y Comodoro Rivadavia.
Luego de este raconto sobre la ineficiencia del servicio de Transporte en colectivos de Paraná, vemos hoy que los problemas continúan, las soluciones no aparecen y los aumentos por decreto son sistemáticos.
Debemos derogar este último aumento e inmediatamente convocar a la Mesa del Transporte y a Audiencias Públicas para evaluar el servicio y sus costos. No puede ser que el gobierno municipal priorice los intereses económicos de los empresarios en desmedro de la eficiencia del servicio y del bolsillo de todos los paranaenses. (Fuente: Debate Abierto)
Intenso debate en el HCD por el aumento de colectivos
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En la Sesión de hoy del H.C.D., durante dos horas se debatió el proyecto de ordenanza presentado por Rettore y Haddad, por el cual se pretendía derogar el Decreto 721 del Departamento Ejecutivo Municipal que aumentó un 36% el costo del boleto urbano de colectivos.
“Nuevamente el Bloque oficialista respaldó y resguardó a Osuna”, señalaron.
A pesar de la coincidencia de todos los Ediles, oficialistas y opositores, que hicieron uso de la palabra sobre el mal funcionamiento de este servicio público y luego que la Concejal Cristina Sosa hiciera una defensa cerrada de la actitud del gobierno de Blanca Osuna frente al problema, el proyecto no pudo ser analizado y votado porque la totalidad del bloque oficialista negó su tratamiento sobre tablas.
“Nuevamente el Bloque oficialista respaldó y resguardó a la Intendente Blanca Osuna, mientras que los usuarios paranaenses siguen sin ser defendidos por el gobierno municipal”, dijeron Rettore y Haddad.
FUNDAMENTOS UTILIZADOS POR RETTORE EN LA SESIÓN DEL HCD PARA LA DEROGACIÓN DEL DECRETO 721 QUE AUMENTÓ EL PRECIO DEL BOLETO DE COLECTIVO
Con el Concejal Marcelo Haddad hemos presentado el proyecto de Ordenanza derogando el Decreto N° 721 del Departamento Ejecutivo Municipal que dispone el aumento del 36% en el costo del boleto del transporte público en colectivos, hasta tanto se convoque a la Mesa del Transporte para que evalúe si es razonable y oportuno el aumento.
Consideramos que este aumento es muy arbitrario, ya que el estado municipal es el responsable de corregir las deficiencias e irregularidades que todos sabemos presenta el servicio de transporte en colectivo de la ciudad y de plantarse frente a las presiones para aumentar las tarifas. No puede ser que frente a un servicio deficiente se sigan otorgando aumentos que terminan siendo pagados por los usuarios que el municipio debe defender.
Tenemos una concesión de este servicio que viene siendo prorrogada durante los últimos 25 años y que no cumple con ninguno de los requisitos legales para garantizar su prestación.
La cantidad de unidades en servicio, el estado de las mismas, su limpieza, sus frecuencias, su equipamiento para el uso de personas discapacitadas y sus recorridos vienen siendo cuestionados desde hace mucho tiempo por todos los usuarios y a pesar que el gobierno municipal dice haber intimado a los empresarios por estas irregularidades, ninguna de estas cosas se corrigen.
A pesar de todo esto, este gobierno viene otorgando sistemáticamente por vía de decreto los aumentos del boleto, sin realizar los estudios de costos y sin audiencias públicas como el caso amerita, mientras que las empresas prestatarias han percibido más de cien millones de pesos de subsidios, en los últimos dos años, por parte del gobierno nacional.
En los dos años que han transcurrido de esta gestión, hemos presentado varios Pedidos de Informes sobre este pésimo servicio, y ninguno de ellos ha sido contestado.
Ya en fecha 26 de Julio de 2012, ante una autorización del 35% para que se aumente el valor del boleto, presentamos una interpelación para que se respondieran 18 preguntas, porque queríamos enterarnos si las empresas habían presentado, junto con el pedido de aumento, el estudio de costo resultante de la fórmula polinómica, como lo indica la legislación vigente, para llegar al porcentaje del aumento pretendido.
También preguntábamos si se habían presentado las planillas mensuales de estadísticas de usuarios que efectivamente ocupan el servicio.
Consultábamos también cual había sido el criterio que había utilizado el Gobierno para otorgar ese 35% de aumento, ya que el mismo estaba muy por arriba de las cifras que por ese entonces emitía el INDEC oficial, que era del 7% y si también se habían mensurado las numerosas denuncias y quejas que había en ese momento de parte de los usuarios.
En ese mismo cuestionario, le preguntábamos al gobierno si se había analizado la legalidad y/o lesividad del Decreto 2059/11, que prorrogó la concesión hasta el año 2016 y también que actitud se había tomado sobre el préstamo, con cargo de devolución, que el gobierno municipal había realizado con miles de litros de gas oíl a las empresas transportistas, mediante los decretos 868/11, 1333/11, 1427/11 y 1749/11.
También en el mes de junio del año 2013 presentamos otro Pedido de Informe, que corrió la misma suerte, donde preguntábamos al gobierno sobre las inspecciones que se le realizaban a las empresas, las actas de infracción que se le realizaban, sobre sus unidades, recorridos, frecuencias, si cumplimentaban las exigencias de la ordenanza 8880 sobre el 25% de las unidades que debían tener equipamiento para personas discapacitadas y también sobre un presunto proyecto que el Departamento Ejecutivo Municipal, había elaborado con la UTN sobre la problemática del transporte urbano en colectivos.
El 12 de setiembre de 2013 presentamos otro Pedido de Informe sobre la implementación de las tarjetas “Tarjebus” y “Sube”.
También pedíamos las declaraciones juradas de las empresas respecto de la cantidad de unidades, kilómetros recorridos y frecuencias y si las mismas eran cotejadas con la oficina de tráfico dependiente de la Sub Secretaría de Transporte, donde se debían controlar las mismas mediante el sistema de GPS, y que actitud se había tomado respecto de los múltiples incumplimientos que seguramente se habían detectado.
Consultábamos en esa oportunidad, cuál era la deuda que las empresas tenían con el municipio en concepto de canon, multas de tránsito, multas por incumplimiento de pautas de la concesión y deudas por tasa comercial y por apremios fiscales.
También por ese entonces se había agudizado el conflicto de las empresas con sus empleados y los paranaenses sufríamos paros de colectivos llevado adelante por sus choferes, entonces también preguntábamos al Ejecutivo municipal sobre la situación previsional de los empleados de las empresas, en lo que respecta a los aportes de Seguridad Social, aportes de obra social y la correspondiente contribución patronal de estos temas y si las empresas cumplían con la nueva escala salarial vigente desde el 1° de abril del 2013.
Los mas de cien millones de pesos recibidos por las empresas, en calidad de subsidios por parte del Gobierno nacional para que el servicio se cumpliera eficientemente también eran nuestra preocupación en esos momentos; como así también la impúdica irregularidad que realizaban nuestros transportistas que registraban sus unidades fuera de la provincia, haciéndolo en las ciudades de Corrientes y Comodoro Rivadavia.
Luego de este raconto sobre la ineficiencia del servicio de Transporte en colectivos de Paraná, vemos hoy que los problemas continúan, las soluciones no aparecen y los aumentos por decreto son sistemáticos.
Debemos derogar este último aumento e inmediatamente convocar a la Mesa del Transporte y a Audiencias Públicas para evaluar el servicio y sus costos. No puede ser que el gobierno municipal priorice los intereses económicos de los empresarios en desmedro de la eficiencia del servicio y del bolsillo de todos los paranaenses. (Fuente: Debate Abierto)