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La vocal en la Caja de Jubilaciones, en representación de los pasivos, e integrante de la Multisectorial, advirtió sobre las graves consecuencias del proyecto provincial, que incluye aportes extraordinarios, topes a los haberes y un desenganche de la movilidad que retrasará los pagos hasta tres meses. La Multisectorial, anunció volanteadas en puntos estratégicos de la provincia para el próximo 24 de junio y confirmó la entrega de 50.000 firmas en el Senado para frenar la ley.

En diálogo con el programa Debate Abierto Radio desde su localidad de Villa Clara, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, detalló el plan de lucha que llevan adelante diversos sindicatos y organizaciones frente al proyecto de reforma previsional.
Vallori informó que, tras la entrega de 50.000 firmas en la mesa de entradas del Senado provincial, se ha definido una jornada de visibilización para el día 24 de junio con volanteadas en tres puntos estratégicos de alto tránsito: Concordia, Gualeguaychú y en el ingreso al Túnel Subfluvial en Paraná.
“El objetivo es concientizar a la sociedad de que este ajuste no solo afecta a los trabajadores estatales, sino que resentirá la economía de cada localidad donde los jubilados consumen y gastan sus haberes”, recalcó.
Los puntos más críticos: facultades especiales y pérdida de movilidad
Asimismo desmintió las versiones oficiales que aseguran que los jubilados actuales no se verán afectados por la nueva normativa. Explicó que el proyecto otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo hasta diciembre de 2027 para establecer un bono solidario o aporte excepcional sobre los haberes ya otorgados, además de fijar topes máximos a las jubilaciones.
Según la vocal, “este aporte emergente queda incorporado al texto de la ley de fondo (8732), por lo que teme que se convierta en un recurso del que la Caja podrá disponer hoy y para siempre”.
Otro de los ejes de mayor preocupación es el desenganche de la movilidad respecto al sector activo.
La funcionaria señaló a Debate Abierto que los pasivos dejarían de percibir los aumentos según su escalafón específico (como el docente, que suele ser más alto) para pasar a depender de lo que se establezca para el escalafón general. A esto se suma una demora administrativa crítica: el pago de los incrementos se realizaría recién a los 60 días hábiles (aproximadamente tres meses) de otorgado el aumento al activo, y siempre supeditado a que la Caja haya recibido efectivamente todos los aportes y contribuciones, sin carácter retroactivo.
Advertencia a los legisladores y riesgo judicial
La representante de los jubilados instó a los senadores a votar con responsabilidad, recordándoles que ellos vuelven al territorio y que deberán enfrentar a sus vecinos.
Vallori advirtió que muchas de las medidas propuestas están rozando la inconstitucionalidad, debido a la pérdida del poder adquisitivo —que ya acumula una caída del 38% al 40% desde principios de año— y que esto podría generar una ola de juicios similar a las que enfrentan las cajas de Córdoba y Santa Fe. “No queremos jubilados pobres que empobrezcan también sus comunidades; pedimos que se busquen alternativas en los sectores que realmente no pagan lo que deberían pagar”, reseñó. (Fuente: Debate Abierto)
Claudia Vallori: “Esta reforma previsional es un ajuste que empobrecerá a los jubilados”
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La vocal en la Caja de Jubilaciones, en representación de los pasivos, e integrante de la Multisectorial, advirtió sobre las graves consecuencias del proyecto provincial, que incluye aportes extraordinarios, topes a los haberes y un desenganche de la movilidad que retrasará los pagos hasta tres meses. La Multisectorial, anunció volanteadas en puntos estratégicos de la provincia para el próximo 24 de junio y confirmó la entrega de 50.000 firmas en el Senado para frenar la ley.
En diálogo con el programa Debate Abierto Radio desde su localidad de Villa Clara, la vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, detalló el plan de lucha que llevan adelante diversos sindicatos y organizaciones frente al proyecto de reforma previsional.
Vallori informó que, tras la entrega de 50.000 firmas en la mesa de entradas del Senado provincial, se ha definido una jornada de visibilización para el día 24 de junio con volanteadas en tres puntos estratégicos de alto tránsito: Concordia, Gualeguaychú y en el ingreso al Túnel Subfluvial en Paraná.
“El objetivo es concientizar a la sociedad de que este ajuste no solo afecta a los trabajadores estatales, sino que resentirá la economía de cada localidad donde los jubilados consumen y gastan sus haberes”, recalcó.
Los puntos más críticos: facultades especiales y pérdida de movilidad
Asimismo desmintió las versiones oficiales que aseguran que los jubilados actuales no se verán afectados por la nueva normativa. Explicó que el proyecto otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo hasta diciembre de 2027 para establecer un bono solidario o aporte excepcional sobre los haberes ya otorgados, además de fijar topes máximos a las jubilaciones.
Según la vocal, “este aporte emergente queda incorporado al texto de la ley de fondo (8732), por lo que teme que se convierta en un recurso del que la Caja podrá disponer hoy y para siempre”.
Otro de los ejes de mayor preocupación es el desenganche de la movilidad respecto al sector activo.
La funcionaria señaló a Debate Abierto que los pasivos dejarían de percibir los aumentos según su escalafón específico (como el docente, que suele ser más alto) para pasar a depender de lo que se establezca para el escalafón general. A esto se suma una demora administrativa crítica: el pago de los incrementos se realizaría recién a los 60 días hábiles (aproximadamente tres meses) de otorgado el aumento al activo, y siempre supeditado a que la Caja haya recibido efectivamente todos los aportes y contribuciones, sin carácter retroactivo.
Advertencia a los legisladores y riesgo judicial
La representante de los jubilados instó a los senadores a votar con responsabilidad, recordándoles que ellos vuelven al territorio y que deberán enfrentar a sus vecinos.
Vallori advirtió que muchas de las medidas propuestas están rozando la inconstitucionalidad, debido a la pérdida del poder adquisitivo —que ya acumula una caída del 38% al 40% desde principios de año— y que esto podría generar una ola de juicios similar a las que enfrentan las cajas de Córdoba y Santa Fe. “No queremos jubilados pobres que empobrezcan también sus comunidades; pedimos que se busquen alternativas en los sectores que realmente no pagan lo que deberían pagar”, reseñó. (Fuente: Debate Abierto)