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Una banca legislativa no es una decisión individual aislada. Expresa una representación política, territorial y electoral. Quien llega a la Legislatura por una propuesta opositora tiene autonomía para decidir, pero también responsabilidad frente a quienes acompañaron ese proyecto con su voto.
Por eso, el peronismo entrerriano tiene que analizar con seriedad el desempeño de quienes adoptan posiciones que deben ser evaluadas en relación con el mandato político recibido. No se trata de imponer obediencias automáticas ni de negar matices. Se trata de revisar si esas decisiones son compatibles con el proyecto que hizo posible acceder a esas bancas.
Frente a iniciativas sensibles impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, como es el proyecto de reforma previsional, debe considerarse que no se trata de asuntos menores ni de simples movimientos parlamentarios: involucran derechos vinculados a la salud, la jubilación, el trabajo y la protección social.
El problema no es discutir reformas. El problema es acompañar, permitir o facilitar medidas que trasladan el costo del ordenamiento sobre trabajadores, jubilados, pensionados, docentes, personal de salud y sectores que necesitan más cuidado del Estado.
La Caja de Jubilaciones necesita una discusión seria. Tiene problemas reales y requiere soluciones responsables. Pero una reforma previsional no puede construirse como un ajuste sobre quienes menos margen tienen para defenderse.
La sustentabilidad del sistema debe buscarse con números claros, debate profundo y sentido de justicia. Los recursos deben reclamarse donde corresponde: en las deudas que la Nación mantiene con la Provincia, en la revisión de beneficios de mayor escala, en la corrección de distorsiones históricas y en los sectores con mayor capacidad contributiva.
Frente a este escenario, corresponde que el Partido Justicialista evalúe formalmente la conducta política de sus representantes. No como castigo, sino como un acto de coherencia institucional. Si una banca obtenida por el peronismo se utiliza para sostener decisiones contrarias a derechos sensibles, el partido tiene la obligación de debatir esa situación, revisar responsabilidades y adoptar las medidas orgánicas que correspondan.
El peronismo nació para defender el trabajo, proteger a las personas mayores y acompañar a quienes más necesitan del Estado. Esa identidad no puede quedar reducida a una consigna. Debe expresarse en cada voto, en cada abstención y en cada decisión legislativa.
Defenderla exige que cada representación obtenida con el voto peronista esté al servicio de quienes confiaron en ese proyecto, no de mayorías circunstanciales que debilitan derechos que el peronismo tiene la obligación de resguardar.
Fuente: Bloque de Diputados “Más Para Entre Ríos”
La responsabilidad política de una banca
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Una banca legislativa no es una decisión individual aislada. Expresa una representación política, territorial y electoral. Quien llega a la Legislatura por una propuesta opositora tiene autonomía para decidir, pero también responsabilidad frente a quienes acompañaron ese proyecto con su voto.
Por eso, el peronismo entrerriano tiene que analizar con seriedad el desempeño de quienes adoptan posiciones que deben ser evaluadas en relación con el mandato político recibido. No se trata de imponer obediencias automáticas ni de negar matices. Se trata de revisar si esas decisiones son compatibles con el proyecto que hizo posible acceder a esas bancas.
Frente a iniciativas sensibles impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, como es el proyecto de reforma previsional, debe considerarse que no se trata de asuntos menores ni de simples movimientos parlamentarios: involucran derechos vinculados a la salud, la jubilación, el trabajo y la protección social.
El problema no es discutir reformas. El problema es acompañar, permitir o facilitar medidas que trasladan el costo del ordenamiento sobre trabajadores, jubilados, pensionados, docentes, personal de salud y sectores que necesitan más cuidado del Estado.
La Caja de Jubilaciones necesita una discusión seria. Tiene problemas reales y requiere soluciones responsables. Pero una reforma previsional no puede construirse como un ajuste sobre quienes menos margen tienen para defenderse.
La sustentabilidad del sistema debe buscarse con números claros, debate profundo y sentido de justicia. Los recursos deben reclamarse donde corresponde: en las deudas que la Nación mantiene con la Provincia, en la revisión de beneficios de mayor escala, en la corrección de distorsiones históricas y en los sectores con mayor capacidad contributiva.
Frente a este escenario, corresponde que el Partido Justicialista evalúe formalmente la conducta política de sus representantes. No como castigo, sino como un acto de coherencia institucional. Si una banca obtenida por el peronismo se utiliza para sostener decisiones contrarias a derechos sensibles, el partido tiene la obligación de debatir esa situación, revisar responsabilidades y adoptar las medidas orgánicas que correspondan.
El peronismo nació para defender el trabajo, proteger a las personas mayores y acompañar a quienes más necesitan del Estado. Esa identidad no puede quedar reducida a una consigna. Debe expresarse en cada voto, en cada abstención y en cada decisión legislativa.
Defenderla exige que cada representación obtenida con el voto peronista esté al servicio de quienes confiaron en ese proyecto, no de mayorías circunstanciales que debilitan derechos que el peronismo tiene la obligación de resguardar.
Fuente: Bloque de Diputados “Más Para Entre Ríos”