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Durante el último Consejo Directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales realizado este jueves, fue ratificado por unanimidad un documento que la institución elaboró como propuesta acerca de la Reforma de la Ley 8732.
Este documento fue enviado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, a la Cámara de Diputados, a la vicegobernadora y la Gobernación.
A través de la presentación la Federación fija su posición institucional exponiendo fundamentos técnicos y políticos, así como alternativas concretas orientadas a abordar la problemática previsional sin afectar derechos fundamentales de jubilados y pensionados.
Afirman allí, entre otras cosas, que “El régimen previsional no puede ser analizado exclusivamente como una variable de ajuste fiscal. Se trata de un pilar del contrato social (…) Desde el punto de vista político, insistir en una reforma centrada en la reducción de haberes o en la modificación de su movilidad implica asumir un costo social elevado y un claro desalineamiento con los principios de equidad y justicia distributiva que deben regir la acción pública”.
Fuente: Debate Abierto
La Federación de Jubilados presentó un documento con su propuesta para la Reforma Previsional a la Caja y autoridades provinciales
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Durante el último Consejo Directivo de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales realizado este jueves, fue ratificado por unanimidad un documento que la institución elaboró como propuesta acerca de la Reforma de la Ley 8732.
Este documento fue enviado a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, a la Cámara de Diputados, a la vicegobernadora y la Gobernación.
A través de la presentación la Federación fija su posición institucional exponiendo fundamentos técnicos y políticos, así como alternativas concretas orientadas a abordar la problemática previsional sin afectar derechos fundamentales de jubilados y pensionados.
Afirman allí, entre otras cosas, que “El régimen previsional no puede ser analizado exclusivamente como una variable de ajuste fiscal. Se trata de un pilar del contrato social (…) Desde el punto de vista político, insistir en una reforma centrada en la reducción de haberes o en la modificación de su movilidad implica asumir un costo social elevado y un claro desalineamiento con los principios de equidad y justicia distributiva que deben regir la acción pública”.
Fuente: Debate Abierto