Riganti perdió un juicio contra la UCR

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El intendente oficialista denunció al hijo de Atilio Benedetti y la presidenta del partido por calumnias e injurias por declaraciones sobre posibles negociados con terrenos en el área industrial de la ciudad, causa que está en trámite.

Concejales radicales le ganaron un juicio a Riganti

Concejales radicales le ganaron un juicio a Riganti

El concejal de la UCR de Larroque e hijo de Atilio Benedetti, Francisco Benedetti; y la presidente del Comité UCR, Silvia González, fueron absueltos de culpa y cargo en el juicio que les realizó el intendente, Raúl Riganti por calumnias e injurias. La querella fue desestimada por la jueza Alicia Vivian, mediante un fallo dictado el día de hoy.

Los oficialistas Riganti y el secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, iniciaron un juicio por calumnias e injurias a González y Benedetti en septiembre del año pasado por declaraciones que realizaron a distintos medios periodísticos. Esos dichos estuvieron relacionados con la denuncia contra el jefe comunal que efectuaron en la Fiscalía de Gualeguaychú sobre posibles negociados con terrenos en el área industrial, causa que está en trámite.

Los dirigentes radicales celebraron la resolución judicial “que ha sido muy esperada por la importancia que tiene la libertad de expresión de dirigentes, periodistas y ciudadanos, en medios de comunicación, sobre todo cuando están vinculadas a la conducta de funcionarios públicos. La Justicia entrerriana ha fallado acorde a precedentes de la Corte Suprema dándole un fuerte espaldarazo a la libertad de expresión”, sostuvieron en un comunicado conjunto.

Mientras tanto sigue el proceso judicial por la denuncia penal que González y Benedetti presentaron el 2 de septiembre de 2013 ante la Fiscalía Nº 1 de Gualeguaychú contra el intendente y el secretario de Gobierno de Larroque por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La UCR de Larroque denunció penalmente a Riganti porque firmó un convenio con un particular por el que le permitió comprar, con el objetivo de subdividir para viviendas, un lote afectado al área industrial.

El municipio autorizó por ordenanza a subdividir en lotes de 200 m2 un terreno que hasta entonces podía dividirse en lotes no menores a 10.000 m2. Este acuerdo permaneció en secreto hasta que ese privado firmó la escritura respectiva, lo que le permitió pagar a bajos valores una fracción de 22.000 m2 para uso industrial. La modificación de la ordenanza que propuso el intendente permitía al nuevo propietario lotear terrenos de superficie 50 veces menor que lo establecido, y a su vez lo autorizaba a construir viviendas. Luego de presentada la denuncia, el intendente vetó la ordenanza, que él mismo había enviado a los concejales, pero el radicalismo siguió adelante con el proceso. (Fuente: Página Política)