Leido 22 veces
En una extensa entrevista concedida al programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9 Litoral), el ex presidente del Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Fernando Cañete, rompió varios meses de silencio público para referirse a la situación del sistema de cobertura médica de los empleados públicos entrerrianos. Su análisis, expuesto con datos de gestión y críticas políticas, giró en torno a tres ejes: el funcionamiento actual de la nueva estructura institucional creada por el gobierno provincial, las acusaciones que motivaron la intervención de la obra social en 2024 y -según su mirada- el impacto que las decisiones recientes están generando en los afiliados.
En el segundo programa del año (novena temporada) de “Cuestión de Fondo”, Cañete fue categórico al afirmar que observa el nuevo esquema con mucha preocupación.
“Veo a la obra social bastante complicada”, aseveró. Según su diagnóstico, en los últimos meses se modificaron prestaciones que, durante su gestión, estaban garantizadas con mayor cobertura. “Hay servicios que ya no están y otros que se han modificado. Coberturas que teníamos con determinados porcentajes hoy se han reducido”, señaló. Entre los ejemplos que mencionó se encuentran cambios en la cobertura de medicamentos y la eliminación de convenios con ópticas que antes permitían cobertura total.
El ex titular del organismo también apuntó a lo que definió como un incremento de costos para los afiliados. “Hay profesionales que están cobrando la orden de consulta a más de 25.000 pesos”, indicó, al tiempo que cuestionó la falta de controles sobre el cobro del plus médico. En esa línea, describió situaciones concretas que, según afirmó, se repiten en distintas localidades.
Uno de los casos que mencionó involucra a un afiliado oncológico. “Un compañero de Gualeguay tuvo que pagar 750.000 pesos para hacerse un estudio porque no había médico auditor que autorizara el trámite en el momento”, relató. Para Cañete, episodios como ese reflejan una pérdida de accesibilidad en el sistema. “Cada vez los compañeros están teniendo más problemas para acceder a los tratamientos”, resumió.
Otro punto de crítica fue la reorganización administrativa de delegaciones. Cañete mencionó particularmente el cierre dominical de la delegación de Puiggari, una decisión que -según explicó- afecta a quienes necesitan realizar consultas y estudios médicos. “La gente llegaba a las seis o siete de la mañana y se iba a la tarde con todos los diagnósticos resueltos”, recordó.
Las preguntas también se centraron en las acusaciones que derivaron en la intervención del organismo durante su gestión. Frente a ese punto, el ex funcionario sostuvo que las imputaciones se basaron en interpretaciones que, a su juicio, no reflejan la situación financiera real que atravesaba la obra social.
“Se habló de una deuda enorme, pero los números hay que mirarlos completos”, planteó. Según explicó, al momento de la intervención el organismo registraba un pasivo cercano a los 55.000 millones de pesos, pero contaba con créditos a cobrar por unos 33.000 millones. “Eso daba un déficit real de alrededor de 22.000 millones de pesos, equivalente a casi un mes de funcionamiento”, afirmó.
En su interpretación, el deterioro financiero posterior respondió a decisiones adoptadas tras la intervención. “No se pagaron prestaciones durante ese período y eso hizo crecer la deuda”, señaló.
Uno de los capítulos más sensibles en el programa “Cuestión de Fondo” fue el abordaje de la investigación judicial por presuntos sobreprecios en prótesis. Cañete rechazó de plano esas acusaciones. “Decir que pagamos prótesis que no se colocaron es totalmente inverosímil”, sostuvo. Explicó que el procedimiento administrativo exigía documentación médica específica. “Para pagar una prótesis colocada debía presentarse el sticker del producto y el protocolo quirúrgico. Todo eso forma parte de la historia clínica”, detalló.
El ex presidente del organismo subrayó además que, hasta el momento, ni él ni los directores que integraron su gestión han sido imputados en la causa. “Hasta hoy no hemos sido imputados en ninguna causa”, afirmó, aunque reconoció que la investigación judicial sigue abierta.
Consultado sobre las observaciones que aparecieron en el decreto de intervención -falta de transparencia, contrataciones directas o irregularidades administrativas- respondió que se trata de afirmaciones genéricas sin respaldo específico. “Para imputar algo hay que demostrarlo. Que digan cuál fue la contratación irregular, quién la hizo y en qué norma se incumplió”, desafío.
En otro tramo de la entrevista también abordó el crecimiento de los recursos de amparo contra la obra social. Según su análisis, el fenómeno tiene causas estructurales distintas a las que se registraban durante su administración. “Antes los amparos eran para ampliar prestaciones; ahora son para que se autoricen prestaciones básicas”, diferenció.
Cañete aseguró sentirse tranquilo frente a las investigaciones judiciales y afirmó que está dispuesto a presentarse ante la Justicia cuando sea convocado. “No tengo absolutamente nada que esconder”, dijo.
Hacia el final del diálogo, el ex funcionario cuestionó la gestión actual de la obra social y afirmó que, según conversaciones que mantuvo con prestadores médicos y sanatorios, existen demoras en los pagos. “En nuestra gestión se cobraba a los diez días de presentada la factura; hoy algunos están cobrando recién septiembre-octubre del año pasado”, aseguró.
Con un tono crítico pero enfocado en la defensa institucional, Cañete cerró la entrevista con una crítica directa a la actuación política del referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, a quien le adjudicó el 80% de las gestiones para correrlo de la presidencia del organismo y quedarse con el control de la mayor obra social de la provincia.
Fernando Cañete: “Veo a la obra social OSER bastante complicada y con menos cobertura para los afiliados”
Leido 22 veces