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En un comunicado de prensa, UCR Activa Entre Ríos cuestionó los dichos del gobernador Rogelio Frigerio durante la Apertura de la Asamblea Legislativa sobre el “orden” y la “transparencia” que significó la intervención del IOSPER y la creación de la OSER y expresó “Cuando se mira la realidad prestacional y los datos disponibles, ese encuadre no se sostiene”.
A continuación, el comunicado completo:
IOSPER / OSER
Orden y transparencia: lo que se declama vs la realidad
En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio buscó instalar una idea simple: que la intervención del IOSPER y la creación de la OSER significaron “orden” y “transparencia”. El problema es que, cuando se mira la realidad prestacional y los datos disponibles, ese encuadre no se sostiene.
Primero, hay un dato político que no puede pasarse por alto: existen dos versiones públicas del mensaje (una resumida en redes y otra más completa). Cuando un gobierno “edita”, no sólo recorta minutos: muchas veces recorta responsabilidades. En este caso, el recorte suaviza el punto más incómodo: que la obra social no está resolviendo y que la gente termina recurriendo a la Justicia para acceder a prestaciones básicas.
Segundo, hay una manipulación conceptual grave. Frigerio habló de “15.000 millones por amparos”. Pero la cifra que nosotros publicamos —respaldada en información judicial— no refiere a “amparos” como reclamos, sino a embargos por incumplimiento de amparos. No es un tecnicismo: cambia el sentido moral del hecho. El costo no nace del amparo. El costo nace cuando la OSER no cumple, o no cumple a tiempo, y la Justicia ejecuta.
Además, esa cifra de $15.000 millones que mencionó el Gobernador, corresponde sólo a los embargos entre febrero y diciembre de 2025. Deliberadamente, desde UCR Activa excluimos enero por la presunción razonable de que podía corresponder a la administración anterior y la responsabilidad debe recaer sobre ella.
Este gráfico de 2025 muestra que esto no es un episodio “excepcional” sino un patrón sostenido. Cuando lo excepcional es cumplir, la judicialización deja de ser una anomalía y pasa a ser la puerta de entrada al derecho a la salud.
Tercero, el enfoque “económico” aplicado a la salud genera daño real. Una demora no es un trámite: prolonga morbilidad, empeora pronósticos, aumenta riesgos de secuelas evitables y agrega sufrimiento psicológico. También encarece el sistema: lo que no se atiende a tiempo suele volverse más grave y más caro.
Por eso, “transparencia” no puede ser una consigna. Debe medirse con evidencia pública: contrataciones, proveedores, montos y procedimientos; presupuesto y ejecución; deuda con prestadores; tiempos de respuesta; y un tablero auditable de amparos, incumplimientos y embargos (con resguardo de datos sensibles). Esto no es una sugerencia: la Ley 11.202 obliga a la OSER a publicar y mantener actualizada información en un sitio web público, especialmente sobre contrataciones.
Finalmente, sumemos un hecho institucional preocupante: ante informes de control, la reacción oficial anunciada fue desacreditar y sumariar al síndico. En una república, a los controles se les responde con datos, no con amenazas.
UCR Activa advirtió desde 2024, aportó números respaldados por documentación judicial y acudió formalmente a las autoridades partidarias, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, incluso con expedientes ingresados. La respuesta de todos fue ignorar. Al costo de esa soberbia no lo paga el gobierno: lo pagan los entrerrianos —afiliados y no afiliados— cuando la obra social falla y el déficit se socializa. Menos relato; más respuestas, publicaciones y cumplimiento..
Fuente: UCR Activa Entre Ríos
Orden y transparencia: lo que se declama vs la realidad de OSER
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En un comunicado de prensa, UCR Activa Entre Ríos cuestionó los dichos del gobernador Rogelio Frigerio durante la Apertura de la Asamblea Legislativa sobre el “orden” y la “transparencia” que significó la intervención del IOSPER y la creación de la OSER y expresó “Cuando se mira la realidad prestacional y los datos disponibles, ese encuadre no se sostiene”.
A continuación, el comunicado completo:
IOSPER / OSER
Orden y transparencia: lo que se declama vs la realidad
En su discurso de apertura de la Asamblea Legislativa, el gobernador Rogelio Frigerio buscó instalar una idea simple: que la intervención del IOSPER y la creación de la OSER significaron “orden” y “transparencia”. El problema es que, cuando se mira la realidad prestacional y los datos disponibles, ese encuadre no se sostiene.
Primero, hay un dato político que no puede pasarse por alto: existen dos versiones públicas del mensaje (una resumida en redes y otra más completa). Cuando un gobierno “edita”, no sólo recorta minutos: muchas veces recorta responsabilidades. En este caso, el recorte suaviza el punto más incómodo: que la obra social no está resolviendo y que la gente termina recurriendo a la Justicia para acceder a prestaciones básicas.
Segundo, hay una manipulación conceptual grave. Frigerio habló de “15.000 millones por amparos”. Pero la cifra que nosotros publicamos —respaldada en información judicial— no refiere a “amparos” como reclamos, sino a embargos por incumplimiento de amparos. No es un tecnicismo: cambia el sentido moral del hecho. El costo no nace del amparo. El costo nace cuando la OSER no cumple, o no cumple a tiempo, y la Justicia ejecuta.
Además, esa cifra de $15.000 millones que mencionó el Gobernador, corresponde sólo a los embargos entre febrero y diciembre de 2025. Deliberadamente, desde UCR Activa excluimos enero por la presunción razonable de que podía corresponder a la administración anterior y la responsabilidad debe recaer sobre ella.
Este gráfico de 2025 muestra que esto no es un episodio “excepcional” sino un patrón sostenido. Cuando lo excepcional es cumplir, la judicialización deja de ser una anomalía y pasa a ser la puerta de entrada al derecho a la salud.
Tercero, el enfoque “económico” aplicado a la salud genera daño real. Una demora no es un trámite: prolonga morbilidad, empeora pronósticos, aumenta riesgos de secuelas evitables y agrega sufrimiento psicológico. También encarece el sistema: lo que no se atiende a tiempo suele volverse más grave y más caro.
Por eso, “transparencia” no puede ser una consigna. Debe medirse con evidencia pública: contrataciones, proveedores, montos y procedimientos; presupuesto y ejecución; deuda con prestadores; tiempos de respuesta; y un tablero auditable de amparos, incumplimientos y embargos (con resguardo de datos sensibles). Esto no es una sugerencia: la Ley 11.202 obliga a la OSER a publicar y mantener actualizada información en un sitio web público, especialmente sobre contrataciones.
Finalmente, sumemos un hecho institucional preocupante: ante informes de control, la reacción oficial anunciada fue desacreditar y sumariar al síndico. En una república, a los controles se les responde con datos, no con amenazas.
UCR Activa advirtió desde 2024, aportó números respaldados por documentación judicial y acudió formalmente a las autoridades partidarias, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, incluso con expedientes ingresados. La respuesta de todos fue ignorar. Al costo de esa soberbia no lo paga el gobierno: lo pagan los entrerrianos —afiliados y no afiliados— cuando la obra social falla y el déficit se socializa. Menos relato; más respuestas, publicaciones y cumplimiento..
Fuente: UCR Activa Entre Ríos