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El bloque de concejales de Unión por la Patria en La Paz presentó una denuncia judicial tras detectar graves anomalías en la compra y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables. La presentación, liderada por el concejal José Esquivel, surge tras una investigación que dejó al descubierto inconsistencias entre los informes oficiales y la realidad de los barrios.
De acuerdo con la denuncia, de un total de 18 establecimientos declarados por el municipio, varios comedores y merenderos ya no funcionan o tienen direcciones que no existen. En los lugares que aún operan, se constataron mediante acta notarial entregas irrisorias: para asistir a grupos de entre 45 y 59 personas, el municipio provee apenas dos pollos y un kilo de verduras, cantidad insuficiente para cubrir la demanda social.
Fondos bajo la lupa y falta de transparencia
La investigación abarca el periodo entre 2024 y septiembre de 2025, estimando un manejo de 300 millones de pesos destinados a asistencia alimentaria. Esquivel señaló que las hipótesis sobre el destino de estos fondos son preocupantes: o bien la mercadería fue comprada y no distribuida, o directamente el dinero nunca se utilizó para los fines declarados.
El edil calificó a la gestión actual, encabezada por el intendente Walter Martín, como “experta en no contestar” o brindar respuestas ambiguas y esquivas ante los pedidos de informes. Según los testimonios recolectados con escribano público, muchos responsables de comedores dejaron de recibir suministros y son coaccionados para no realizar reclamos públicos bajo la amenaza de perder definitivamente la ayuda.
Avances en la justicia
La denuncia fue radicada el pasado 30 de diciembre ante la fiscal Giuliana Giovannini. Los tipos penales que podrían encuadrar en estas irregularidades incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público y acciones fraudulentas contra la población.
La justicia ahora deberá deslindar las responsabilidades penales que recaerían no solo sobre el secretario de Desarrollo Social, Josías Garnier, sino también sobre el intendente Walter Martín y el secretario de Gobierno, Matías Alejandro Camino, quienes firmaron y avalaron los decretos de compra de alimentos bajo investigación.
(Fuente: Análisis Digital)
Denuncian millonarias irregularidades en ayuda social en La Paz: comedores inexistentes y entregas insuficientes
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El bloque de concejales de Unión por la Patria en La Paz presentó una denuncia judicial tras detectar graves anomalías en la compra y distribución de alimentos destinados a sectores vulnerables. La presentación, liderada por el concejal José Esquivel, surge tras una investigación que dejó al descubierto inconsistencias entre los informes oficiales y la realidad de los barrios.
De acuerdo con la denuncia, de un total de 18 establecimientos declarados por el municipio, varios comedores y merenderos ya no funcionan o tienen direcciones que no existen. En los lugares que aún operan, se constataron mediante acta notarial entregas irrisorias: para asistir a grupos de entre 45 y 59 personas, el municipio provee apenas dos pollos y un kilo de verduras, cantidad insuficiente para cubrir la demanda social.
Fondos bajo la lupa y falta de transparencia
La investigación abarca el periodo entre 2024 y septiembre de 2025, estimando un manejo de 300 millones de pesos destinados a asistencia alimentaria. Esquivel señaló que las hipótesis sobre el destino de estos fondos son preocupantes: o bien la mercadería fue comprada y no distribuida, o directamente el dinero nunca se utilizó para los fines declarados.
El edil calificó a la gestión actual, encabezada por el intendente Walter Martín, como “experta en no contestar” o brindar respuestas ambiguas y esquivas ante los pedidos de informes. Según los testimonios recolectados con escribano público, muchos responsables de comedores dejaron de recibir suministros y son coaccionados para no realizar reclamos públicos bajo la amenaza de perder definitivamente la ayuda.
Avances en la justicia
La denuncia fue radicada el pasado 30 de diciembre ante la fiscal Giuliana Giovannini. Los tipos penales que podrían encuadrar en estas irregularidades incluyen incumplimiento de los deberes de funcionario público y acciones fraudulentas contra la población.
La justicia ahora deberá deslindar las responsabilidades penales que recaerían no solo sobre el secretario de Desarrollo Social, Josías Garnier, sino también sobre el intendente Walter Martín y el secretario de Gobierno, Matías Alejandro Camino, quienes firmaron y avalaron los decretos de compra de alimentos bajo investigación.
(Fuente: Análisis Digital)