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El abogado laboralista Carlos Fenés en diálogo con el portal Debate Abierto cuestionó el proyecto de ley que será tratado en el Congreso, catalogándolo como una iniciativa que prioriza los incentivos patronales, pero que introduce mecanismos regresivos como el banco de horas y el pago de indemnizaciones en 12 cuotas. El experto desmintió enfáticamente la existencia de la industria del juicio y pronosticó un período de alta conflictividad y judicialización si no se llega a un consenso mediante el diálogo.
Fenés analizó el renovado proyecto de Reforma Laboral del Ejecutivo Nacional, que se espera sea tratado en el Congreso a partir del 10 de diciembre de este año, cuando cambie la composición legislativa.
Este proyecto reaparece luego de intentos previos, como el capítulo laboral del Decreto 70/23 (suspendido por la justicia) y un decreto que intentó restringir el derecho de huelga (luego
derogado).
El proyecto tiene como objetivo central facilitarle a las empresas el camino para que no tengan tanta burocracia en la contratación de trabajadores y alinean algunos trámites.
Sin embargo, advierte que esto conlleva un marcado riesgo de desprotección y restricción de algunos derechos laborales.
El abogado señaló que se allanó el camino para las empresas, dado que la Ley Bases derogó las multas por trabajo no registrado o deficientemente registrado (como las leyes 25.323 y 25.345).
El proyecto de reforma habilita una discrecionalidad patronal y se alinea con la reiterada palabra presidencial de darle a las empresas privadas todos los incentivos.
No obstante, Fenés plantea la duda sobre si la reforma logrará generar empleo de calidad, recordando que intentos similares en la época de los ´90 no tuvieron los resultados esperados.
Entre los puntos más conflictivos que podrían ser judicializados, Fenés destacó: el pago de indemnizaciones en 12 cuotas, donde se propone que las PyMES puedan pagar las indemnizaciones por despido en ese tiempo, el profesional del derecho criticó esta medida, ya que el despido es un ilícito contractual y se preguntó: ¿Porqué el trabajador tiene que esperar un año para cobrar todo su crédito?.
Además el banco de horas, que se trata de un mecanismo por el cual el trabajador no cobrará las horas extras como antes, sino que estas se acreditarán en un inventario personal para ser compensadas en el futuro con períodos de descanso.
Esto apunta a alivianar las cargas salariales de las empresas y también está el descongelamiento salarial.
Este punto propone que, si el convenio de trabajo prevé determinados salarios, las empresas puedan negociar salarios menores, es decir salarios para abajo. Esto representa una pérdida de derechos, aunque se ponga como excusa que algunas empresas no pueden pagar las tarifas del convenio nacional.
La falsedad de la industria del juicio
Fenés fue categórico al desmentir el concepto de la industria del juicio, calificándolo como una falsedad repetida, utilizada por cierta dirigencia empresarial y grandes medios de comunicación. El abogado explicó que los juicios laborales, en su casi totalidad, responden a incumplimientos patronales. Si un trabajador es despedido y no se le paga la indemnización, el único camino que le
queda es judicializar la cuestión.
Y adelantó que, a diferencia del ámbito civil o comercial donde el juicio no genera esa etiqueta, en el ámbito laboral la expresión se utiliza de manera interesada y falsamente.
El proyecto de reforma está sujeto a dos límites fuertes: el debate parlamentario y la resolución judicial. El abogado no tiene dudas de que si la ley resulta regresiva, habrá una lucha política y los temas se judicializarán, especialmente considerando que la CGT Nacional está próxima a elegir nuevas autoridades.
Seguidamente, afirmó a Debate Abierto que los mejores proyectos son los consensuados a través del diálogo y sin miedo a la rosca política.
Si el Ejecutivo intenta avanzar atropellando y desconociendo los derechos de los trabajadores, se entrará en un período de alta conflictividad.
El experto abogado laboralista recordó que la fuerza sindical ya ha logrado que el gobierno nacional diera marcha atrás con algunos decretos. (Fuente: Debate Abierto)
Fenés advierte: la Reforma Laboral del Ejecutivo Nacional busca allanar el camino a las empresas con riesgo de desprotección al trabajador
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El abogado laboralista Carlos Fenés en diálogo con el portal Debate Abierto cuestionó el proyecto de ley que será tratado en el Congreso, catalogándolo como una iniciativa que prioriza los incentivos patronales, pero que introduce mecanismos regresivos como el banco de horas y el pago de indemnizaciones en 12 cuotas. El experto desmintió enfáticamente la existencia de la industria del juicio y pronosticó un período de alta conflictividad y judicialización si no se llega a un consenso mediante el diálogo.
Fenés analizó el renovado proyecto de Reforma Laboral del Ejecutivo Nacional, que se espera sea tratado en el Congreso a partir del 10 de diciembre de este año, cuando cambie la composición legislativa.
Este proyecto reaparece luego de intentos previos, como el capítulo laboral del Decreto 70/23 (suspendido por la justicia) y un decreto que intentó restringir el derecho de huelga (luego
derogado).
El proyecto tiene como objetivo central facilitarle a las empresas el camino para que no tengan tanta burocracia en la contratación de trabajadores y alinean algunos trámites.
Sin embargo, advierte que esto conlleva un marcado riesgo de desprotección y restricción de algunos derechos laborales.
El abogado señaló que se allanó el camino para las empresas, dado que la Ley Bases derogó las multas por trabajo no registrado o deficientemente registrado (como las leyes 25.323 y 25.345).
El proyecto de reforma habilita una discrecionalidad patronal y se alinea con la reiterada palabra presidencial de darle a las empresas privadas todos los incentivos.
No obstante, Fenés plantea la duda sobre si la reforma logrará generar empleo de calidad, recordando que intentos similares en la época de los ´90 no tuvieron los resultados esperados.
Entre los puntos más conflictivos que podrían ser judicializados, Fenés destacó: el pago de indemnizaciones en 12 cuotas, donde se propone que las PyMES puedan pagar las indemnizaciones por despido en ese tiempo, el profesional del derecho criticó esta medida, ya que el despido es un ilícito contractual y se preguntó: ¿Porqué el trabajador tiene que esperar un año para cobrar todo su crédito?.
Además el banco de horas, que se trata de un mecanismo por el cual el trabajador no cobrará las horas extras como antes, sino que estas se acreditarán en un inventario personal para ser compensadas en el futuro con períodos de descanso.
Esto apunta a alivianar las cargas salariales de las empresas y también está el descongelamiento salarial.
Este punto propone que, si el convenio de trabajo prevé determinados salarios, las empresas puedan negociar salarios menores, es decir salarios para abajo. Esto representa una pérdida de derechos, aunque se ponga como excusa que algunas empresas no pueden pagar las tarifas del convenio nacional.
La falsedad de la industria del juicio
Fenés fue categórico al desmentir el concepto de la industria del juicio, calificándolo como una falsedad repetida, utilizada por cierta dirigencia empresarial y grandes medios de comunicación. El abogado explicó que los juicios laborales, en su casi totalidad, responden a incumplimientos patronales. Si un trabajador es despedido y no se le paga la indemnización, el único camino que le
queda es judicializar la cuestión.
Y adelantó que, a diferencia del ámbito civil o comercial donde el juicio no genera esa etiqueta, en el ámbito laboral la expresión se utiliza de manera interesada y falsamente.
El proyecto de reforma está sujeto a dos límites fuertes: el debate parlamentario y la resolución judicial. El abogado no tiene dudas de que si la ley resulta regresiva, habrá una lucha política y los temas se judicializarán, especialmente considerando que la CGT Nacional está próxima a elegir nuevas autoridades.
Seguidamente, afirmó a Debate Abierto que los mejores proyectos son los consensuados a través del diálogo y sin miedo a la rosca política.
Si el Ejecutivo intenta avanzar atropellando y desconociendo los derechos de los trabajadores, se entrará en un período de alta conflictividad.
El experto abogado laboralista recordó que la fuerza sindical ya ha logrado que el gobierno nacional diera marcha atrás con algunos decretos. (Fuente: Debate Abierto)