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Las maniobras imputadas ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2021, y consistieron en dos métodos sistemáticos: la anulación de tickets tras recibir el pago, y la reimpresión de comprobantes ya utilizados, entregados a nuevos contribuyentes como si fueran válidos. Este lunes se realizó la audiencia de juicio abreviado en la que el acusado reconoció los hechos. La sentencia se conocerá el 2 de septiembre. El hombre fue acusado del delito de Peculado.

Santiago Nicolás Moiny, de 40 años, ex empleado de la Municipalidad de María Grande admitió haber sustraído dinero de la caja municipal del área en la que se desempeñaba como responsable de cobros vinculados al registro de conducir. Las maniobras imputadas ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2021, y consistieron en dos métodos sistemáticos: la anulación de tickets tras recibir el pago, y la reimpresión de comprobantes ya utilizados, entregados a nuevos contribuyentes como si fueran válidos.
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, dará a conocer el 2 de septiembre si homologa y hace lugar al acuerdo celebrado entre el fiscal, Gonzalo Badano, y el defensor público, Fernando Callejo, consistente en la pena de dos años y un mes de prisión y como normas de conducta se comprometió a cumplir 96 horas globales de trabajos comunitarios no remunerados en favor de una institución pública a designar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
La causa expuso no solo la conducta delictiva atribuida del ex empleado, sino también las debilidades estructurales en los controles internos del municipio, que permitieron durante meses la apropiación sistemática de fondos públicos sin su detección inmediata.
Las sumas objeto de la pesquisa involucraron en cada operación montos de entre 250 pesos y 1.850 pesos, y los casos documentados suman más de una decena, con nombres, fechas y recibos claramente identificados. En todos los casos, según reconoció el acusado, los ciudadanos abonaban por trámites por la licencia de conducir —inicio, renovación, duplicado o cambio de categoría— y recibían un comprobante que luego era anulado o reemplazado por otro ya registrado en el sistema.
La investigación también reveló graves fallas administrativas en el manejo del dinero público. El efectivo era entregado en sobres cerrados al tesorero municipal, sin que se realizara un recuento inmediato ni se dejara constancia escrita del monto. El sobre que contenía una suma de $11.000 fue abierto recién semanas después, cuando otra persona asumió el cargo, lo que llevó al sobreseimiento del imputado en esa parte de la acusación por falta de resguardo adecuado. (Fuente: APFDigital)
Un ex empleado municipal de María Grande reconoció en un abreviado que sustrajo fondos de la comuna
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Las maniobras imputadas ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2021, y consistieron en dos métodos sistemáticos: la anulación de tickets tras recibir el pago, y la reimpresión de comprobantes ya utilizados, entregados a nuevos contribuyentes como si fueran válidos. Este lunes se realizó la audiencia de juicio abreviado en la que el acusado reconoció los hechos. La sentencia se conocerá el 2 de septiembre. El hombre fue acusado del delito de Peculado.
Santiago Nicolás Moiny, de 40 años, ex empleado de la Municipalidad de María Grande admitió haber sustraído dinero de la caja municipal del área en la que se desempeñaba como responsable de cobros vinculados al registro de conducir. Las maniobras imputadas ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2021, y consistieron en dos métodos sistemáticos: la anulación de tickets tras recibir el pago, y la reimpresión de comprobantes ya utilizados, entregados a nuevos contribuyentes como si fueran válidos.
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, dará a conocer el 2 de septiembre si homologa y hace lugar al acuerdo celebrado entre el fiscal, Gonzalo Badano, y el defensor público, Fernando Callejo, consistente en la pena de dos años y un mes de prisión y como normas de conducta se comprometió a cumplir 96 horas globales de trabajos comunitarios no remunerados en favor de una institución pública a designar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).
La causa expuso no solo la conducta delictiva atribuida del ex empleado, sino también las debilidades estructurales en los controles internos del municipio, que permitieron durante meses la apropiación sistemática de fondos públicos sin su detección inmediata.
Las sumas objeto de la pesquisa involucraron en cada operación montos de entre 250 pesos y 1.850 pesos, y los casos documentados suman más de una decena, con nombres, fechas y recibos claramente identificados. En todos los casos, según reconoció el acusado, los ciudadanos abonaban por trámites por la licencia de conducir —inicio, renovación, duplicado o cambio de categoría— y recibían un comprobante que luego era anulado o reemplazado por otro ya registrado en el sistema.
La investigación también reveló graves fallas administrativas en el manejo del dinero público. El efectivo era entregado en sobres cerrados al tesorero municipal, sin que se realizara un recuento inmediato ni se dejara constancia escrita del monto. El sobre que contenía una suma de $11.000 fue abierto recién semanas después, cuando otra persona asumió el cargo, lo que llevó al sobreseimiento del imputado en esa parte de la acusación por falta de resguardo adecuado. (Fuente: APFDigital)