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Recientemente se desarrolló una audiencia preliminar en la causa Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana. La misma fue convocada por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, con el objetivo de fijar las pautas que regirán para el desarrollo de las audiencias de remisión a juicio que comenzarán el 22 de abril y cuyo final está previsto en septiembre.
Al respecto, Emilio Fouces, representante legal de tres empleados jerárquicos de la Legislatura entrerriana, uno de ellos de la Cámara de Diputados, dos de la Cámara de Senadores y un contador público nacional, que será sobreseído por falta de pruebas, explicó ante el portal Debate Abierto qué espera del juicio.
“La audiencia empezará el 22 de abril, será difícil, por la cantidad de protagonistas profesionales y la cantidad de imputados, y por el numeroso caudal de imputaciones diferenciadas. La causa tiene 32 imputados con sus respectivas defensas, mientras que la acusación tendrá a tres representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la representación de Fiscalía de Estado por ser damnificado en el delito investigado. Se desarrollarán audiencias durante cuatro días de la semana y a doble turno. Así se prevé que dure al menos hasta septiembre, aunque las previsiones son endebles ya que pueden acortarse o estirarse los tiempos en función de lo que ocurra”, dijo el abogado.
Fouces inició mencionando que la impresión que causa el tema de los contratos truchos, es que “es muy compleja y genera mucha indignación porque se habla de la sustracción de una cifra millonaria de dinero público”, expresó y en esta línea explicó: “La propia acusación encuentra muchas inconsistencias. Lo más importante y escandaloso, se investigan mas de 800 contratos desde 2008 en 10 años, con distintas personas, pero muchas de ellas firmaban más de un contrato. Esos 800 contratos están firmados por su contratante y el contratado, y lo complejo es que esos contratantes son diputados de distintas épocas y de distintos partidos que eran los únicos facultados para contratar, los únicos que firman los contratos de obras son los diputados de la provincia”, contó.
Seguidamente, el letrado indicó que en el juicio que están investigando, si se robaron 53 millones de dólares según la acusación, nunca estuvo imputado ninguno de los diputados que firmaron los contratos, ni ninguna de las personas contratadas que firmaron los contratos. Y se preguntó: “Por qué. Porque fue una estrategia de los que tienen la decisión de cómo se acusa, quiénes se acusan, contra quiénes se presiden y contra quiénes no, son los fiscales, el Ministerio Público Fiscal?. Ellos dentro de lo que se llama la política criminal, determinan a quiénes seguir, a quiénes no y qué tipo de delitos seguir”.
Y fue por esto que “decidieron que sean sometidos a este juicio personas que ellos consideran que eran los que organizaban una maniobra para extraer ese dinero por intermedio de éstos contratos. Pero no traen a juicio a las personas que firmaron los contratos y que no ponen en duda que lo firmaron”, exclamó.
“La Fiscalía pasa a defender su acusación, pero los que resuelven y eventualmente condenan o absuelven son jueces en un tribunal. Ahí los fiscales van a tener que explicarle a los jueces cómo pretenden que se condenen a estas personas con esta situación de que los contratos fueron firmados por otras personas que no están en el juicio”.
Triste mensaje
Fouces sostuvo que “la verdad que creo que es un mensaje muy triste que se le da a la sociedad, porque la sociedad no es tonta. Cuando se haga ese juicio va a quedar expuesto y va a quedar a la luz. No sé cómo, qué explicación se le va a dar a la gente. Que en el caso, supongamos que la fiscalía acredite que ese dinero, como dicen ellos, fue sustraído y las personas que firmaron para que ese dinero fuera a ser sustraído, no están ni siquiera llamadas a dar una explicación. Es algo lamentable. Es inédito, inexplicable, la verdad no le encuentro explicación, y mucho menos justificable, porque no hay justificación de que no los hayan llamado por lo menos a escucharlo y decirle, explíqueme desde su punto de vista acá qué pasó, porque usted firmó este contrato y ese dinero fue robado. Ni siquiera fueron citados para que expliquen algo, nada”, argumentó.
“Mis defendidos están acá por haber tenido la mala suerte de trabajar en las administraciones de ambas cámaras”. “Este sistema de contratación, viene desde el año 83, o sea, desde que empezó esta última etapa democrática en nuestro país, y es el mismo sistema que rige el día de hoy, es exactamente el mismo. O sea, todos los legisladores que han pasado por la provincia de Entre Ríos, diputados, senadores, desde el 83 hasta hoy, incluso los que están hoy en ejercicio, realizan este tipo de contratos”.
Por último, Fouces expresó a Debate Abierto: “Va a ser una audiencia que va a durar entre 4 y 5 meses, porque empieza este 22 de abril y está previsto que termine en septiembre, son muchas las cosas que se discuten en esta audiencia, se discute pruebas, imputaciones, son muchos los imputados, así que una vez que termine esto y que la causa esté en condiciones ya de ser juiciada, que se realice el juicio, se designará un tribunal entre los 8 jueces de juicio que tenemos hoy acá en la jurisdicción, y se llevará adelante cuando se fije en la agenda. Va a ser un juicio que demandará 4, 5 ó 6 meses, el juicio puede llegar a demandar el doble o el triple de eso”, finalizó. (Fuente: Debate Abierto)
La causa Contratos Truchos de la Legislatura “es algo inédito y causa mucha indignación”, sostuvo Fouces
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Recientemente se desarrolló una audiencia preliminar en la causa Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana. La misma fue convocada por la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, con el objetivo de fijar las pautas que regirán para el desarrollo de las audiencias de remisión a juicio que comenzarán el 22 de abril y cuyo final está previsto en septiembre.
Al respecto, Emilio Fouces, representante legal de tres empleados jerárquicos de la Legislatura entrerriana, uno de ellos de la Cámara de Diputados, dos de la Cámara de Senadores y un contador público nacional, que será sobreseído por falta de pruebas, explicó ante el portal Debate Abierto qué espera del juicio.
“La audiencia empezará el 22 de abril, será difícil, por la cantidad de protagonistas profesionales y la cantidad de imputados, y por el numeroso caudal de imputaciones diferenciadas. La causa tiene 32 imputados con sus respectivas defensas, mientras que la acusación tendrá a tres representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la representación de Fiscalía de Estado por ser damnificado en el delito investigado. Se desarrollarán audiencias durante cuatro días de la semana y a doble turno. Así se prevé que dure al menos hasta septiembre, aunque las previsiones son endebles ya que pueden acortarse o estirarse los tiempos en función de lo que ocurra”, dijo el abogado.
Fouces inició mencionando que la impresión que causa el tema de los contratos truchos, es que “es muy compleja y genera mucha indignación porque se habla de la sustracción de una cifra millonaria de dinero público”, expresó y en esta línea explicó: “La propia acusación encuentra muchas inconsistencias. Lo más importante y escandaloso, se investigan mas de 800 contratos desde 2008 en 10 años, con distintas personas, pero muchas de ellas firmaban más de un contrato. Esos 800 contratos están firmados por su contratante y el contratado, y lo complejo es que esos contratantes son diputados de distintas épocas y de distintos partidos que eran los únicos facultados para contratar, los únicos que firman los contratos de obras son los diputados de la provincia”, contó.
Seguidamente, el letrado indicó que en el juicio que están investigando, si se robaron 53 millones de dólares según la acusación, nunca estuvo imputado ninguno de los diputados que firmaron los contratos, ni ninguna de las personas contratadas que firmaron los contratos. Y se preguntó: “Por qué. Porque fue una estrategia de los que tienen la decisión de cómo se acusa, quiénes se acusan, contra quiénes se presiden y contra quiénes no, son los fiscales, el Ministerio Público Fiscal?. Ellos dentro de lo que se llama la política criminal, determinan a quiénes seguir, a quiénes no y qué tipo de delitos seguir”.
Y fue por esto que “decidieron que sean sometidos a este juicio personas que ellos consideran que eran los que organizaban una maniobra para extraer ese dinero por intermedio de éstos contratos. Pero no traen a juicio a las personas que firmaron los contratos y que no ponen en duda que lo firmaron”, exclamó.
“La Fiscalía pasa a defender su acusación, pero los que resuelven y eventualmente condenan o absuelven son jueces en un tribunal. Ahí los fiscales van a tener que explicarle a los jueces cómo pretenden que se condenen a estas personas con esta situación de que los contratos fueron firmados por otras personas que no están en el juicio”.
Triste mensaje
Fouces sostuvo que “la verdad que creo que es un mensaje muy triste que se le da a la sociedad, porque la sociedad no es tonta. Cuando se haga ese juicio va a quedar expuesto y va a quedar a la luz. No sé cómo, qué explicación se le va a dar a la gente. Que en el caso, supongamos que la fiscalía acredite que ese dinero, como dicen ellos, fue sustraído y las personas que firmaron para que ese dinero fuera a ser sustraído, no están ni siquiera llamadas a dar una explicación. Es algo lamentable. Es inédito, inexplicable, la verdad no le encuentro explicación, y mucho menos justificable, porque no hay justificación de que no los hayan llamado por lo menos a escucharlo y decirle, explíqueme desde su punto de vista acá qué pasó, porque usted firmó este contrato y ese dinero fue robado. Ni siquiera fueron citados para que expliquen algo, nada”, argumentó.
“Mis defendidos están acá por haber tenido la mala suerte de trabajar en las administraciones de ambas cámaras”. “Este sistema de contratación, viene desde el año 83, o sea, desde que empezó esta última etapa democrática en nuestro país, y es el mismo sistema que rige el día de hoy, es exactamente el mismo. O sea, todos los legisladores que han pasado por la provincia de Entre Ríos, diputados, senadores, desde el 83 hasta hoy, incluso los que están hoy en ejercicio, realizan este tipo de contratos”.
Por último, Fouces expresó a Debate Abierto: “Va a ser una audiencia que va a durar entre 4 y 5 meses, porque empieza este 22 de abril y está previsto que termine en septiembre, son muchas las cosas que se discuten en esta audiencia, se discute pruebas, imputaciones, son muchos los imputados, así que una vez que termine esto y que la causa esté en condiciones ya de ser juiciada, que se realice el juicio, se designará un tribunal entre los 8 jueces de juicio que tenemos hoy acá en la jurisdicción, y se llevará adelante cuando se fije en la agenda. Va a ser un juicio que demandará 4, 5 ó 6 meses, el juicio puede llegar a demandar el doble o el triple de eso”, finalizó. (Fuente: Debate Abierto)