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Con un fuerte comunicado, publicado este miércoles, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formularon durísimas críticas a los jueces entrerrianos que dictaron la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, al tiempo que afirmaron que la condena por corrupción y la medida cautelar es una “persecución política”.
En este sentido, macaron los argumentos que vienen planteando los defensores para cuestionar la medida, trazaron vínculos personales entre dirigentes de la oposición y magistrados, así como citaron precedentes que, sostienen, evidenciarían una situación de discriminación sobre los detenidos. Por ejemplo, el caso del exfuncionario Juan Ruiz Orrico, quien está libre pese a haber chocado y matado a cuatro trabajadores en la ruta 39, y el del radicar Humberto Ré, “sobre quien su causa penal duerme en la Corte y sigue libre”, según indicaron. Olvidaron de chequear la información: el principal condenado de la causa por delitos de corrupción en el Senado entrerriano entre 1995 y 1999 fue el exvicegobernador Héctor Alanis, compañero de fórmula de Jorge Busti en su segundo mandato. Al ser condenado Alanis ya tenía 70 años. Nació en Crespo en 1951. El ex intendente diamantino Humberto Ré (de 76 años, nacido en 1948) era vicepresidente primero del Senado y tuvo pena condicional en la sentencia.
El comunicado completo:
Repudio al accionar de la Justicia y solidaridad con Urribarri, Aguilera y Báez ante la persecución política:
Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la decisión arbitraria adoptada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que dispuso la prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, bajo el argumento de un supuesto “peligro de fuga”, en circunstancia que no se encuentra corroborada. En tanto, cabe destacar que a lo largo de todas las instancias del proceso han demostrado su respeto por el Estado de Derecho, como así también permanecido a disposición de las autoridades judiciales.
Asimismo, es preciso resaltar el atropello de dicha resolución a saber que aún se encuentra pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La prisión preventiva no sólo vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y su capacidad para garantizar justicia de manera equitativa, libre de presiones y con plena independencia.
Esta situación indica un accionar sistemático que deja en evidencia el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina. Además, marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados. Un ejemplo claro es el caso de los cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso fallecidos al ser atropellados por el entonces funcionario del actual gobierno de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, que se encontraba manejando a alta velocidad en un vehículo oficial y con una extrema graduación alcohólica en sangre. A pesar de la gravedad de sus acciones y de negarse a presentarse ante los requerimientos de la justicia, se la ha otorgado un régimen de domiciliaria. Como si esto fuera poco, Orrico es el esposo de Evangelina Bruzzo, una de las tres juezas que integra el tribunal de Casación que resolvió la prisión preventiva de Urribarri.
Otro ejemplo de justicia selectiva es el caso de Humberto Re, ex legislador de la UCR Entre Ríos, a quien se le otorgó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aguarda la resolución en libertad desde hace ocho años. También el caso del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por corrupción y abuso de menores, a quien se le concedió el recurso extraordinario y aguarda el fallo de la Corte bajo prisión domiciliaria desde 2018.
La disparidad detallada da cuenta de una justicia selectiva, que socava los principios de igualdad ante la ley y el acceso imparcial.
La historia ha demostrado que el uso de estrategias judiciales para silenciar opositores o deslegitimar a figuras políticas termina por erosionar la legitimidad de quienes las promueven.
Finalmente, reafirmamos la importancia del respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley, como pilares de una sociedad democrática y plural. (Fuente: Diputados Nacionales de Unión por la Patria)
Diputados peronistas repudiaron la “persecución política” de Urribarri, Báez y Aguilera
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Con un fuerte comunicado, publicado este miércoles, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formularon durísimas críticas a los jueces entrerrianos que dictaron la prisión preventiva de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, al tiempo que afirmaron que la condena por corrupción y la medida cautelar es una “persecución política”.
En este sentido, macaron los argumentos que vienen planteando los defensores para cuestionar la medida, trazaron vínculos personales entre dirigentes de la oposición y magistrados, así como citaron precedentes que, sostienen, evidenciarían una situación de discriminación sobre los detenidos. Por ejemplo, el caso del exfuncionario Juan Ruiz Orrico, quien está libre pese a haber chocado y matado a cuatro trabajadores en la ruta 39, y el del radicar Humberto Ré, “sobre quien su causa penal duerme en la Corte y sigue libre”, según indicaron. Olvidaron de chequear la información: el principal condenado de la causa por delitos de corrupción en el Senado entrerriano entre 1995 y 1999 fue el exvicegobernador Héctor Alanis, compañero de fórmula de Jorge Busti en su segundo mandato. Al ser condenado Alanis ya tenía 70 años. Nació en Crespo en 1951. El ex intendente diamantino Humberto Ré (de 76 años, nacido en 1948) era vicepresidente primero del Senado y tuvo pena condicional en la sentencia.
El comunicado completo:
Repudio al accionar de la Justicia y solidaridad con Urribarri, Aguilera y Báez ante la persecución política:
Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la decisión arbitraria adoptada por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que dispuso la prisión preventiva del ex gobernador Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, bajo el argumento de un supuesto “peligro de fuga”, en circunstancia que no se encuentra corroborada. En tanto, cabe destacar que a lo largo de todas las instancias del proceso han demostrado su respeto por el Estado de Derecho, como así también permanecido a disposición de las autoridades judiciales.
Asimismo, es preciso resaltar el atropello de dicha resolución a saber que aún se encuentra pendiente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La prisión preventiva no sólo vulnera derechos y garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también revela una intención deliberada de exponer a los acusados al desprestigio público, comprometiendo la confianza en el sistema judicial y su capacidad para garantizar justicia de manera equitativa, libre de presiones y con plena independencia.
Esta situación indica un accionar sistemático que deja en evidencia el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política hacia ciertos sectores de la política argentina. Además, marca la parcialidad de la justicia, que aplica criterios distintos según la pertenencia política de los involucrados. Un ejemplo claro es el caso de los cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso fallecidos al ser atropellados por el entonces funcionario del actual gobierno de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, que se encontraba manejando a alta velocidad en un vehículo oficial y con una extrema graduación alcohólica en sangre. A pesar de la gravedad de sus acciones y de negarse a presentarse ante los requerimientos de la justicia, se la ha otorgado un régimen de domiciliaria. Como si esto fuera poco, Orrico es el esposo de Evangelina Bruzzo, una de las tres juezas que integra el tribunal de Casación que resolvió la prisión preventiva de Urribarri.
Otro ejemplo de justicia selectiva es el caso de Humberto Re, ex legislador de la UCR Entre Ríos, a quien se le otorgó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aguarda la resolución en libertad desde hace ocho años. También el caso del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por corrupción y abuso de menores, a quien se le concedió el recurso extraordinario y aguarda el fallo de la Corte bajo prisión domiciliaria desde 2018.
La disparidad detallada da cuenta de una justicia selectiva, que socava los principios de igualdad ante la ley y el acceso imparcial.
La historia ha demostrado que el uso de estrategias judiciales para silenciar opositores o deslegitimar a figuras políticas termina por erosionar la legitimidad de quienes las promueven.
Finalmente, reafirmamos la importancia del respeto por los derechos fundamentales, el debido proceso y la igualdad ante la ley, como pilares de una sociedad democrática y plural. (Fuente: Diputados Nacionales de Unión por la Patria)