Leido 87 veces
*Por Santiago Halle
La revolución contenida, la tradición federal, racionalista y secular, el uso responsable de la violencia y una natural propensión a los acuerdos destacan a Entre Ríos, una provincia que siempre pudo haber sido pero que no fue por modestia, o por un exceso de sobriedad. Los entrerrianos (si me permiten la generalización) entienden y entendieron que definir los destinos del país era necesario, pero hacerlo por sí solos, un ejercicio de vanidad imperdonable.
En las grietas de nuestra historia se filtran las voces de Urquiza y de Artigas, la representación del poder del ideario federal unido a la idea de progreso nacional. Esa lúcida vocación por hallar un orden originó el Pronunciamiento de Urquiza, creó la sala de máquinas de la Constitución de 1853 y los años de la Confederación Argentina con sede en Paraná; pero también provocó Pavón y la larga pausa del sueño federal. Orden, justicia y trabajo continúan siendo las herramientas de una provincia de tradición insular, de grandes hazañas nacionales y gestora de las instituciones de una república naciente.
Los conflictos que resolvimos
La deriva institucional, término utilizado por Acemoglu y Robinson en su ensayo Por qué fracasan los países, no es más que un recorrido histórico por un entramado de decisiones y sus consecuencias, un análisis de sus incentivos y de las pautas de comportamiento que rigen en determinada época. El éxito o fracaso de los países, según la opinión de los autores, es definido por este conjunto de conductas o instituciones, las que proyectadas en el tiempo convierten a los miembros de las sociedades en potenciales élites económicas o políticas y, en consecuencia, detentadoras del poder. Si estas instituciones fomentan el recambio de las élites y promueven la generación de riquezas, habrá mejor distribución de la renta como del poder en las sociedades. Si, en cambio, los incentivos están puestos en los cerrojos, en la apropiación del poder o concentración de las riquezas, las comunidades tienden a empezar una trayectoria declinante hacia el fracaso.
En este sentido, en Entre Ríos hemos tenido avances y logros institucionales que podríamos llamar colectivos, de la sociedad y de la política entrerriana en su conjunto, porque no “quedan” en su sólo lugar político, ni son patrimonio de ningún liderazgo excluyente. Me interesa hablar un poco de aquellos que considero centrales, porque constituyen el corazón institucional de nuestra vida provincial. Y porque todas sucedieron en el siglo que estamos viviendo.
Primero el gobernador Jorge Busti, en uno de los primeros decretos de su tercera gestión, creó el Consejo de la Magistratura. Este acto administrativo -el cual fue posteriormente ratificado por la legislatura, fue elaborado sobre la base de un anteproyecto redactado por Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales y el entonces Colegio de Abogados de Entre Ríos- inauguró una nueva manera de distribución del poder en la provincia. A partir de ahí los magistrados se seleccionarán por concurso público de antecedentes y oposición y entrevista personal, con participación, incluso, de las organizaciones de la sociedad civil (todos miembros con carácter ad honorem).
El Consejo de la Magistratura fue el motor de una serie de iniciativas que modificaron el diseño institucional de la provincia de Entre Ríos y que brindaron más calidad y transparencia a las decisiones públicas, demostrando que la disposición al acuerdo y a la generación de consensos resultan la base de las buenas prácticas políticas.
De estos hitos, el más destacable debe ser la reforma constitucional de 2008 que, en palabras del Dr. Horacio Rosatti (quien fuera asesor de la Convención Constituyente), fue “la conclusión del trabajo responsable de sus autores -doy fe- y la expresa síntesis de un amplio consenso logrado antes y durante la Convención”.
Esos consensos hoy se encuentran consagrados en valores que se relacionan directamente con la institucionalidad y otorgan seguridad jurídica en la provincia. La subsidiariedad como criterio de reparto de las incumbencias entre Sociedad y Estado; la intervención responsable y comunitariamente controlada del Estado en la economía, y la habilitación del contralor de constitucionalidad de oficio por parte de la judicatura, no son meros criterios interpretativos o letra muerta; por el contrario constituyen verdaderas posicionamientos políticos sobre asuntos de orden público. Lo mismo sucedió con las cláusulas referidas a la descentralización territorial de las decisiones públicas que, en palabras del hoy Ministro de la Corte, es concebida como escala que otorga unidad de sentido y de destino al accionar público. Estas reformas permitieron, casi 15 años después, un rediseño del sistema de juntas y comunas, habilitando la mejor distribución territorial de la provincia.
En la Constitución reformada se habilitó la posibilidad de una reelección consecutiva del cargo de gobernador y vice, con un detalle: una reelección y a la casa. Este esquema, sumado a la posibilidad de revocar el mandato de los gobernantes por incumplimiento de la plataforma electoral y la participación de la sociedad en la iniciativa, gestación y control de las decisiones públicas, tiende a favorecer la alternancia en el poder y la renovación de las élites políticas.
Todas estas reformas fueron propuestas, en su mayoría, por los gobiernos justicialistas y hoy, todo hace indicar que serán fortalecidas por el gobierno de Rogelio Frigerio (JxC). Claro está que contaron con el apoyo e imprescindible contribución de las distintas fuerzas políticas; de organismos de la sociedad civil; asociaciones civiles y colegios profesionales; organizaciones gremiales; periodistas y medios de comunicación; de la ciudadanía en su conjunto. También fue trascendente la contribución del ámbito académico y científico. Nadie puede decir que es dueño de las reformas, como tampoco nadie es dueña o dueño de la justicia o de la constitución. Porque la democracia no entiende de apropiaciones particulares y se caracteriza por lo contrario: es la defensa de valores y razones que son asequibles por todos quienes deseen interpretarlas.
Y esto… ¿Con qué se come?
Ahora bien, ya entrado el año 2024 podemos decir que las bondades institucionales de nuestra provincia no se traducen en un éxito de carácter económico-productivo. Entre Ríos tiene muchos desafíos estructurales. Como indican algunas investigaciones, durante el periodo 1980/2010 la actividad que más creció en cuanto a la absorción de empleo fue la de servicios sociales y comunales (incluido el sector público), cuya productividad es menor de la mitad del promedio provincial. Desde el año 2011 la economía provincial se encuentra estancada: nuestro sistema productivo enfrenta dificultades para absorber productivamente el crecimiento de la fuerza de trabajo, con baja capacidad de generar empleo privado.
A estas complejidades se le añade el rezago de nuestra provincia en actividades de mayor intensidad tecnológica en investigación y desarrollo (I+D) en proporción a la población, que se ubica por debajo de la media nacional. Tenemos también una baja generación de nuevas actividades y ramas productivas en relación a la infraestructura institucional en ciencia y técnica que puedan fortalecer nuestro entramado productivo y así favorecer las exportaciones con valor agregado, y la incorporación de tecnología a las cadenas de valor.
Además, los desafíos en materia de infraestructura productiva (transporte multimodal, desarrollo portuario -el eje de la hidrovía es clave en Entre Ríos-), energía, conectividad, rutas, caminos, riego y demás obras resultan claves para lograr un desarrollo integral y justo lo largo del territorio de la provincia.
No es mi intención ser pesimista ni pintar un cuadro desolador. Entre Ríos cuenta con un amplio abanico de recursos naturales y geopolíticos que la constituyen un espacio socio–económico inmejorable para la producción económica, social y ambientalmente sustentable de alimentos de calidad; tiene una fuerza de trabajo relativamente joven y con cierta formación; dispone de un entramado científico-tecnológico relativamente desarrollado, con 3 universidades públicas (UNER, UTN, UADER), con más de 200 carreras, y 3 universidades privadas (UCU, UCA y la Universidad Adventista del Plata), con más de 70 carreras; y cuenta con un sistema empresarial vernáculo dinámico y articulado. Entre Ríos tiene ventajas comparativas a nivel global y, especialmente, con países de Asia que han crecido de modo diferencial en las últimas décadas. La provincia, por otra parte, carece de conflictos étnicos, religiosos, raciales, geográficos, sociales o políticos relevantes, temas claves para el orden social y el crecimiento.
*Abogado y Secretario de Gobierno y coordinador de gabinete de la Municipalidad de Paraná.
Entre Ríos, con valentía y buenas razones
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*Por Santiago Halle
La revolución contenida, la tradición federal, racionalista y secular, el uso responsable de la violencia y una natural propensión a los acuerdos destacan a Entre Ríos, una provincia que siempre pudo haber sido pero que no fue por modestia, o por un exceso de sobriedad. Los entrerrianos (si me permiten la generalización) entienden y entendieron que definir los destinos del país era necesario, pero hacerlo por sí solos, un ejercicio de vanidad imperdonable.
En las grietas de nuestra historia se filtran las voces de Urquiza y de Artigas, la representación del poder del ideario federal unido a la idea de progreso nacional. Esa lúcida vocación por hallar un orden originó el Pronunciamiento de Urquiza, creó la sala de máquinas de la Constitución de 1853 y los años de la Confederación Argentina con sede en Paraná; pero también provocó Pavón y la larga pausa del sueño federal. Orden, justicia y trabajo continúan siendo las herramientas de una provincia de tradición insular, de grandes hazañas nacionales y gestora de las instituciones de una república naciente.
Los conflictos que resolvimos
La deriva institucional, término utilizado por Acemoglu y Robinson en su ensayo Por qué fracasan los países, no es más que un recorrido histórico por un entramado de decisiones y sus consecuencias, un análisis de sus incentivos y de las pautas de comportamiento que rigen en determinada época. El éxito o fracaso de los países, según la opinión de los autores, es definido por este conjunto de conductas o instituciones, las que proyectadas en el tiempo convierten a los miembros de las sociedades en potenciales élites económicas o políticas y, en consecuencia, detentadoras del poder. Si estas instituciones fomentan el recambio de las élites y promueven la generación de riquezas, habrá mejor distribución de la renta como del poder en las sociedades. Si, en cambio, los incentivos están puestos en los cerrojos, en la apropiación del poder o concentración de las riquezas, las comunidades tienden a empezar una trayectoria declinante hacia el fracaso.
En este sentido, en Entre Ríos hemos tenido avances y logros institucionales que podríamos llamar colectivos, de la sociedad y de la política entrerriana en su conjunto, porque no “quedan” en su sólo lugar político, ni son patrimonio de ningún liderazgo excluyente. Me interesa hablar un poco de aquellos que considero centrales, porque constituyen el corazón institucional de nuestra vida provincial. Y porque todas sucedieron en el siglo que estamos viviendo.
Primero el gobernador Jorge Busti, en uno de los primeros decretos de su tercera gestión, creó el Consejo de la Magistratura. Este acto administrativo -el cual fue posteriormente ratificado por la legislatura, fue elaborado sobre la base de un anteproyecto redactado por Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales y el entonces Colegio de Abogados de Entre Ríos- inauguró una nueva manera de distribución del poder en la provincia. A partir de ahí los magistrados se seleccionarán por concurso público de antecedentes y oposición y entrevista personal, con participación, incluso, de las organizaciones de la sociedad civil (todos miembros con carácter ad honorem).
El Consejo de la Magistratura fue el motor de una serie de iniciativas que modificaron el diseño institucional de la provincia de Entre Ríos y que brindaron más calidad y transparencia a las decisiones públicas, demostrando que la disposición al acuerdo y a la generación de consensos resultan la base de las buenas prácticas políticas.
De estos hitos, el más destacable debe ser la reforma constitucional de 2008 que, en palabras del Dr. Horacio Rosatti (quien fuera asesor de la Convención Constituyente), fue “la conclusión del trabajo responsable de sus autores -doy fe- y la expresa síntesis de un amplio consenso logrado antes y durante la Convención”.
Esos consensos hoy se encuentran consagrados en valores que se relacionan directamente con la institucionalidad y otorgan seguridad jurídica en la provincia. La subsidiariedad como criterio de reparto de las incumbencias entre Sociedad y Estado; la intervención responsable y comunitariamente controlada del Estado en la economía, y la habilitación del contralor de constitucionalidad de oficio por parte de la judicatura, no son meros criterios interpretativos o letra muerta; por el contrario constituyen verdaderas posicionamientos políticos sobre asuntos de orden público. Lo mismo sucedió con las cláusulas referidas a la descentralización territorial de las decisiones públicas que, en palabras del hoy Ministro de la Corte, es concebida como escala que otorga unidad de sentido y de destino al accionar público. Estas reformas permitieron, casi 15 años después, un rediseño del sistema de juntas y comunas, habilitando la mejor distribución territorial de la provincia.
En la Constitución reformada se habilitó la posibilidad de una reelección consecutiva del cargo de gobernador y vice, con un detalle: una reelección y a la casa. Este esquema, sumado a la posibilidad de revocar el mandato de los gobernantes por incumplimiento de la plataforma electoral y la participación de la sociedad en la iniciativa, gestación y control de las decisiones públicas, tiende a favorecer la alternancia en el poder y la renovación de las élites políticas.
Todas estas reformas fueron propuestas, en su mayoría, por los gobiernos justicialistas y hoy, todo hace indicar que serán fortalecidas por el gobierno de Rogelio Frigerio (JxC). Claro está que contaron con el apoyo e imprescindible contribución de las distintas fuerzas políticas; de organismos de la sociedad civil; asociaciones civiles y colegios profesionales; organizaciones gremiales; periodistas y medios de comunicación; de la ciudadanía en su conjunto. También fue trascendente la contribución del ámbito académico y científico. Nadie puede decir que es dueño de las reformas, como tampoco nadie es dueña o dueño de la justicia o de la constitución. Porque la democracia no entiende de apropiaciones particulares y se caracteriza por lo contrario: es la defensa de valores y razones que son asequibles por todos quienes deseen interpretarlas.
Y esto… ¿Con qué se come?
Ahora bien, ya entrado el año 2024 podemos decir que las bondades institucionales de nuestra provincia no se traducen en un éxito de carácter económico-productivo. Entre Ríos tiene muchos desafíos estructurales. Como indican algunas investigaciones, durante el periodo 1980/2010 la actividad que más creció en cuanto a la absorción de empleo fue la de servicios sociales y comunales (incluido el sector público), cuya productividad es menor de la mitad del promedio provincial. Desde el año 2011 la economía provincial se encuentra estancada: nuestro sistema productivo enfrenta dificultades para absorber productivamente el crecimiento de la fuerza de trabajo, con baja capacidad de generar empleo privado.
A estas complejidades se le añade el rezago de nuestra provincia en actividades de mayor intensidad tecnológica en investigación y desarrollo (I+D) en proporción a la población, que se ubica por debajo de la media nacional. Tenemos también una baja generación de nuevas actividades y ramas productivas en relación a la infraestructura institucional en ciencia y técnica que puedan fortalecer nuestro entramado productivo y así favorecer las exportaciones con valor agregado, y la incorporación de tecnología a las cadenas de valor.
Además, los desafíos en materia de infraestructura productiva (transporte multimodal, desarrollo portuario -el eje de la hidrovía es clave en Entre Ríos-), energía, conectividad, rutas, caminos, riego y demás obras resultan claves para lograr un desarrollo integral y justo lo largo del territorio de la provincia.
No es mi intención ser pesimista ni pintar un cuadro desolador. Entre Ríos cuenta con un amplio abanico de recursos naturales y geopolíticos que la constituyen un espacio socio–económico inmejorable para la producción económica, social y ambientalmente sustentable de alimentos de calidad; tiene una fuerza de trabajo relativamente joven y con cierta formación; dispone de un entramado científico-tecnológico relativamente desarrollado, con 3 universidades públicas (UNER, UTN, UADER), con más de 200 carreras, y 3 universidades privadas (UCU, UCA y la Universidad Adventista del Plata), con más de 70 carreras; y cuenta con un sistema empresarial vernáculo dinámico y articulado. Entre Ríos tiene ventajas comparativas a nivel global y, especialmente, con países de Asia que han crecido de modo diferencial en las últimas décadas. La provincia, por otra parte, carece de conflictos étnicos, religiosos, raciales, geográficos, sociales o políticos relevantes, temas claves para el orden social y el crecimiento.
*Abogado y Secretario de Gobierno y coordinador de gabinete de la Municipalidad de Paraná.