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El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo provincial sobre el cumplimiento de disposiciones previstas en la La Ley de Economía Social N° 10.151 sancionada en 2012, que creó el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia.
La iniciativa que toma estado parlamentario este miércoles requiere conocer el monto recibido por el Ministerio de Desarrollo Humano en concepto de utilidades del IAFAS destinados a la Economía Social, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con detalle de ejecución y programas previstos en el Presupuesto 2024.
También el detalle de las compras y/o contrataciones realizadas en las distintas reparticiones para la provisión de bienes y servicios priorizando a los inscriptos en el “Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Entre Ríos”, y si en 2024 se aprobó el Programa de Financiamiento a Cooperativas y/o Grupos Asociativos, con detalle del nivel de ejecución y planificación anual.
Igualmente se reclama saber si en 2024 se aprobaron los programas Formar para Emprender, Manos Entrerrianas, Rondas de Negocio, Cuidadores de la Casa Común, Impulso Cooperativo, Programa de Microcréditos con detalles de su previsión presupuestaria, alcance, nivel de ejecución y planificación anual. Asimismo se solicita conocer, en el caso de no haber sido aprobados para este año, los motivos de su discontinuidad.
El bloque opositor requiere también que se informe sobre las acciones desarrolladas en materia de políticas de economía social “atendiendo al empeoramiento de las condiciones sociales y económicas y al aumento de desempleo que reflejan las mediciones oficiales y las de las instituciones académicas”, detallando las transferencias del Estado Nacional -si existieran- destinadas a esas políticas.
En la iniciativa, que tendrá ingreso en la sesión de este miércoles, se señala que la sanción de la Ley de Economía Social N° 10.151 permitió “la aplicación de políticas públicas orientadas a promover una economía basada en las personas y en valores de igualdad, justicia e inclusión. Fue una de las leyes pioneras en el país que permitió un vasto desarrollo de la Economía Social en todo el territorio entrerriano”.
“Allí donde el mercado desintegra, las políticas de economía social integran a través del trabajo, el cuidado de las personas y el ambiente. Allí donde el mercado es ineficaz para prestar servicios, sostener demanda de productos o cubrir necesidades, los actores de economía social y las comunidades trabajan diariamente para dar respuestas que permitan alcanzar una vida digna. Siendo el Estado el garante de estos derechos y las estrategias de economía solidaria las que prevalecen en dichas instancias, es que se formula el presente pedido de informes a fin de conocer la ejecución de las políticas previstas en la normativa vigente”, señala el texto.
En el mismo sentido el bloque presentó un Proyecto de Resolución instando al Ejecutivo Provincial a que instrumente las acciones necesarias para cumplimentar la ley Nº 10.151 y para que formalice la integración y funcionamiento del Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria en Entre Ríos; además de expresar la disconformidad con la ejecución actual del Fondo de Financiamiento para la Promoción de la Economía Social y Solidaria.
Situación del INTI
También se presentó un Proyecto de Resolución instando al Ejecutivo provincial a gestionar ante la Nación la continuidad del funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en sus unidades de extensión de Paraná, Gualeguaychú y Concordia. “Su cierre traería como consecuencia una gran pérdida para el desarrollo sustentable de la provincia en materia de innovación, desarrollo tecnológico, formación y certificación de personas, procesos y productos”, señala la iniciativa, que también manifiesta la preocupación ante la intención de la gestión del Presidente Javier Milei de disolver este organismo.
Es un instituto Federal compuesto por 52 Centros de Investigación y Desarrollo (la mayoría en Buenos Aires) y 25 Unidades de Extensión ( que vinculan al entramado socio-productivo regional con toda la oferta tecnológica del INTI). Es además el Instituto Nacional de Metrología, referente internacional en la materia y un actor clave en el ámbito científico, legal e industrial.
La provincia de Entre Ríos cuenta con tres sedes: Paraná, Concordia y Gualeguaychú. El INTI colabora en el desarrollo del área turística, en la economía social, las pymes, los parques industriales de nuestra provincia.
El Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el ex ejecutivo de Toyota Daniel Afione, anunció que entre los meses de junio y julio prevé avanzar en el despido del 30% de los trabajadores del organismo, y el cierre de 25 Unidades de Extensión, que se encuentran a lo largo y ancho del país, entre las que se encuentran en Entre Ríos: Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
Ninguna de las extensiones que pretenden cerrar en Entre Ríos comprende erogación de gasto para el estado nacional en alquileres ya que ocupan espacios cedidos por municipios o la provincia y el recurso humano de las extensiones es de once personas. Dentro del personal que se intenta desvincular se encuentran licenciados industriales, en trabajo social, en administración de empresas, en turismo, en sociología, ingenieros y bioingenieros, se indica en el proyecto. (Fuente: Bloque Diputados PJ)
Diputadas y diputados justicialistas piden informes sobre el cumplimiento de la Ley de Economía Social
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El bloque de diputados “Más Para Entre Ríos” presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo provincial sobre el cumplimiento de disposiciones previstas en la La Ley de Economía Social N° 10.151 sancionada en 2012, que creó el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia.
La iniciativa que toma estado parlamentario este miércoles requiere conocer el monto recibido por el Ministerio de Desarrollo Humano en concepto de utilidades del IAFAS destinados a la Economía Social, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con detalle de ejecución y programas previstos en el Presupuesto 2024.
También el detalle de las compras y/o contrataciones realizadas en las distintas reparticiones para la provisión de bienes y servicios priorizando a los inscriptos en el “Registro de Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Entre Ríos”, y si en 2024 se aprobó el Programa de Financiamiento a Cooperativas y/o Grupos Asociativos, con detalle del nivel de ejecución y planificación anual.
Igualmente se reclama saber si en 2024 se aprobaron los programas Formar para Emprender, Manos Entrerrianas, Rondas de Negocio, Cuidadores de la Casa Común, Impulso Cooperativo, Programa de Microcréditos con detalles de su previsión presupuestaria, alcance, nivel de ejecución y planificación anual. Asimismo se solicita conocer, en el caso de no haber sido aprobados para este año, los motivos de su discontinuidad.
El bloque opositor requiere también que se informe sobre las acciones desarrolladas en materia de políticas de economía social “atendiendo al empeoramiento de las condiciones sociales y económicas y al aumento de desempleo que reflejan las mediciones oficiales y las de las instituciones académicas”, detallando las transferencias del Estado Nacional -si existieran- destinadas a esas políticas.
En la iniciativa, que tendrá ingreso en la sesión de este miércoles, se señala que la sanción de la Ley de Economía Social N° 10.151 permitió “la aplicación de políticas públicas orientadas a promover una economía basada en las personas y en valores de igualdad, justicia e inclusión. Fue una de las leyes pioneras en el país que permitió un vasto desarrollo de la Economía Social en todo el territorio entrerriano”.
“Allí donde el mercado desintegra, las políticas de economía social integran a través del trabajo, el cuidado de las personas y el ambiente. Allí donde el mercado es ineficaz para prestar servicios, sostener demanda de productos o cubrir necesidades, los actores de economía social y las comunidades trabajan diariamente para dar respuestas que permitan alcanzar una vida digna. Siendo el Estado el garante de estos derechos y las estrategias de economía solidaria las que prevalecen en dichas instancias, es que se formula el presente pedido de informes a fin de conocer la ejecución de las políticas previstas en la normativa vigente”, señala el texto.
En el mismo sentido el bloque presentó un Proyecto de Resolución instando al Ejecutivo Provincial a que instrumente las acciones necesarias para cumplimentar la ley Nº 10.151 y para que formalice la integración y funcionamiento del Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria en Entre Ríos; además de expresar la disconformidad con la ejecución actual del Fondo de Financiamiento para la Promoción de la Economía Social y Solidaria.
Situación del INTI
También se presentó un Proyecto de Resolución instando al Ejecutivo provincial a gestionar ante la Nación la continuidad del funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en sus unidades de extensión de Paraná, Gualeguaychú y Concordia. “Su cierre traería como consecuencia una gran pérdida para el desarrollo sustentable de la provincia en materia de innovación, desarrollo tecnológico, formación y certificación de personas, procesos y productos”, señala la iniciativa, que también manifiesta la preocupación ante la intención de la gestión del Presidente Javier Milei de disolver este organismo.
Es un instituto Federal compuesto por 52 Centros de Investigación y Desarrollo (la mayoría en Buenos Aires) y 25 Unidades de Extensión ( que vinculan al entramado socio-productivo regional con toda la oferta tecnológica del INTI). Es además el Instituto Nacional de Metrología, referente internacional en la materia y un actor clave en el ámbito científico, legal e industrial.
La provincia de Entre Ríos cuenta con tres sedes: Paraná, Concordia y Gualeguaychú. El INTI colabora en el desarrollo del área turística, en la economía social, las pymes, los parques industriales de nuestra provincia.
El Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el ex ejecutivo de Toyota Daniel Afione, anunció que entre los meses de junio y julio prevé avanzar en el despido del 30% de los trabajadores del organismo, y el cierre de 25 Unidades de Extensión, que se encuentran a lo largo y ancho del país, entre las que se encuentran en Entre Ríos: Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
Ninguna de las extensiones que pretenden cerrar en Entre Ríos comprende erogación de gasto para el estado nacional en alquileres ya que ocupan espacios cedidos por municipios o la provincia y el recurso humano de las extensiones es de once personas. Dentro del personal que se intenta desvincular se encuentran licenciados industriales, en trabajo social, en administración de empresas, en turismo, en sociología, ingenieros y bioingenieros, se indica en el proyecto. (Fuente: Bloque Diputados PJ)