Académicos concurrirán a Diputados para abordar el Régimen de Transparencia y Ética en la función pública

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La discusión legislativa respecto del proyecto de Régimen Legal de Transparencia y Ética en el Ejercicio de la Función Pública del Poder Ejecutivo, se retomará este martes 14 a las 16, cuando en la Sala de Comisiones depongan académicos de Casas de Altos Estudios públicas y privadas.

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Fuentes legislativas informaron que este martes 14 de mayo a las 16 se realizará en la Sala de comisiones la reunión conjunta de Legislación General y Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, ocasión en la que Gustavo Tarragona, director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila (UCA); Sandra Arito, decana de la Facultad de Trabajo Social (UNER); Pedro Sánchez Izquierdo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL), depondrán como invitados respecto del Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública que presentó el Poder Ejecutivo.

• Ética Pública

El proyecto de Régimen Legal de Transparencia y Ética en el Ejercicio de la Función Pública fue considerado por el oficialismo como uno que trae “algunas novedades al sistema político entrerriano, como la obligación de la declaración jurada patrimonial de carácter público para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado”, según indicó oportunamente Julián Maneiro, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, al brindar precisiones sobre el contenido del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.

El proyecto también contempla la exigencia de la denominada “ficha limpia” para todos los candidatos y autoridades. También regula temas como las incompatibilidades de funcionarios, prohíbe la toma de licencia para el ejercicio de otro cargo, prevé la posibilidad de optar por percibir haberes previsionales por parte de jubilados que ejercen cargos públicos y establece un régimen de obsequios, entre otras medidas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la mencionada obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas patrimoniales por parte de las autoridades, las cuales, se destacó, deberán ser públicas. En este sentido, Maneiro, el 16 de abril, precisó que “actualmente existe una obligación de los funcionarios provinciales y locales de presentar una declaración jurada, pero va en sobre cerrado y lacrado y queda reservado en una oficina, salvo que por orden judicial se ordene abrirlo en base a algún tipo de denuncia o investigación de la persona involucrada”. (Fuente: APFDigital)