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El máximo órgano de justicia del país dio su veredicto sobre el hecho de corrupción más grave que será juzgado en Entre Ríos.
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya resolvieron sobre el expediente en el que tramita la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura.
Si bien no se conocen los votos de Horacio Rossati, Carlos Maqueda, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; desde el Palacio de Justicia con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron saber a los interesados que es inminente la comunicación y que la causa tramitará en Entre Ríos, según reconstruyó Página Política.
Esto significa que para la Corte la competencia es en la jurisdicción provincial. En resumen: el juicio se llevará adelante en Paraná, como lo resolvió oportunamente la jueza de garantías Marina Barbagelata.
El expediente está desde el 15 de febrero en la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte, luego de haber pasado por las áreas de Jurisprudencia y Sector Coherencia. Esta última indica que hubo fundamentaciones en el fallo.
El caso fue revelado por Página Política el 3 de octubre de 2018 cuando el fiscal Ignacio Aramberry allanó los estudios contables que trabajaban para la Legislatura luego de que el 20 de septiembre la Policía interceptó en un cajero automático a una mujer con varias tarjetas de débito.
A partir de allí se inició una investigación que llegó hasta el 2008. Cuando la política entrerriana -especialmente el peronismo, aunque con un silencio absoluto de la oposición- parecía estallar por los aires, llegaron las bondades del Poder Judicial. El último salvavidas del sistema. Dejó afuera a todos quienes habían sido los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, responsables en última instancia de los contratos que se realizaron en los ámbitos legislativos que presidieron y que tienen su propio presupuesto y áreas contables.
Esta verdad fue explicada en detalles por un imputado clave: Sergio Cardozo. El ex director administrativo de la Cámara de Diputados declaró antes que se eleve la causa a juicio que “cada diputado decidía a qué persona contratar, a qué persona no contratar, decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban”. Pues bien, no hay un solo legislador imputado.
El expediente (en Entre Ríos se denomina legajo) llegó a la Corte luego de una fenomenal maniobra política de fórum shopping dada a conocer por este medio, en la que Miguel Ángel Pichetto, entonces del frente Juntos por el Cambio; y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaron para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa recayera en Daniel Alonso, quien en un fallo para la historia sostuvo que el desfalco de más de 1.100 millones de pesos en el período 2008-2018 en la Legislatura se investigue como un delito electoral.
Las partes de esta causa no han sido, obviamente, notificadas, pero todos tienen la información de que la decisión de la Corte es la narrada. (Fuente: Página Política)
La causa Contratos se sustanciará en la justicia de Entre Ríos
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El máximo órgano de justicia del país dio su veredicto sobre el hecho de corrupción más grave que será juzgado en Entre Ríos.
Los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya resolvieron sobre el expediente en el que tramita la causa conocida como contratos truchos en la Legislatura.
Si bien no se conocen los votos de Horacio Rossati, Carlos Maqueda, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti; desde el Palacio de Justicia con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron saber a los interesados que es inminente la comunicación y que la causa tramitará en Entre Ríos, según reconstruyó Página Política.
Esto significa que para la Corte la competencia es en la jurisdicción provincial. En resumen: el juicio se llevará adelante en Paraná, como lo resolvió oportunamente la jueza de garantías Marina Barbagelata.
El expediente está desde el 15 de febrero en la Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte, luego de haber pasado por las áreas de Jurisprudencia y Sector Coherencia. Esta última indica que hubo fundamentaciones en el fallo.
El caso fue revelado por Página Política el 3 de octubre de 2018 cuando el fiscal Ignacio Aramberry allanó los estudios contables que trabajaban para la Legislatura luego de que el 20 de septiembre la Policía interceptó en un cajero automático a una mujer con varias tarjetas de débito.
A partir de allí se inició una investigación que llegó hasta el 2008. Cuando la política entrerriana -especialmente el peronismo, aunque con un silencio absoluto de la oposición- parecía estallar por los aires, llegaron las bondades del Poder Judicial. El último salvavidas del sistema. Dejó afuera a todos quienes habían sido los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, responsables en última instancia de los contratos que se realizaron en los ámbitos legislativos que presidieron y que tienen su propio presupuesto y áreas contables.
Esta verdad fue explicada en detalles por un imputado clave: Sergio Cardozo. El ex director administrativo de la Cámara de Diputados declaró antes que se eleve la causa a juicio que “cada diputado decidía a qué persona contratar, a qué persona no contratar, decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban”. Pues bien, no hay un solo legislador imputado.
El expediente (en Entre Ríos se denomina legajo) llegó a la Corte luego de una fenomenal maniobra política de fórum shopping dada a conocer por este medio, en la que Miguel Ángel Pichetto, entonces del frente Juntos por el Cambio; y Leopoldo Moreau, por el Frente de Todos, operaron para correr al juez federal con competencia electoral Leandro Ríos y que la causa recayera en Daniel Alonso, quien en un fallo para la historia sostuvo que el desfalco de más de 1.100 millones de pesos en el período 2008-2018 en la Legislatura se investigue como un delito electoral.
Las partes de esta causa no han sido, obviamente, notificadas, pero todos tienen la información de que la decisión de la Corte es la narrada. (Fuente: Página Política)