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A partir de la promulgación de la ordenanza 10.151, los concejales de Paraná serán los únicos de la provincia en cobrar antigüedad. Este ítem no se liquida en ninguna ciudad entrerriana. Tampoco en localidades como Rosario o Santa Fe. Y no lo cobran ni los diputados ni los senadores provinciales.
Los concejales paranaenses empezarán a cobrar un adicional por antigüedad a raíz de un proyecto de ordenanza que presentó en noviembre el ex intendente Adán Bahl, tres semanas antes de finalizar su mandato.
La iniciativa fue aprobada en forma exprés el 5 de diciembre en la última sesión del Concejo Deliberante con la conformación anterior. Fue apoyada por los ediles del oficialismo y de la oposición, excepto por los dos de Políticas para la República.
Un relevamiento realizado por ANÁLISIS muestra que, a partir de esta normativa, Paraná será la única ciudad de la provincia en la que los concejales cobren un adicional por antigüedad liquidado del mismo modo que para los trabajadores municipales del escalafón general.
No cobran por este ítem los ediles de Chajarí ni los de Concordia, donde ninguna persona que se desempeñe en un cargo electivo percibe antigüedad. Sí se les abona un adicional por este concepto a los empleados de planta permanente que fueron designados en cargos de funcionarios.
Tampoco cobran antigüedad los concejales de Gualeguaychú, ni los de Villaguay, ni los de La Paz, ni los de Concepción del Uruguay, ni los de Diamante, ni los de Feliciano, ni los de Gualeguay, ni los de Cerrito. No hay noticias de qué en ninguna ciudad de la provincia se pague un plus de esta naturaleza.
Para más datos, este medio consultó en ciudades de otras provincias como Rosario o la vecina Santa Fe, donde los miembros de los respectivos concejos deliberantes tampoco perciben adicional por antigüedad.
Y tampoco cobran por este ítem ni los diputados ni los senadores provinciales, que perciben una dieta más gastos de representación.
Hay quienes sostienen que no basta con una ordenanza, sino que habría que modificar la Ley Orgánica de Municipios 10.027 sancionada en 2011.
En el artículo 94 la norma estipula que “los concejales tienen derecho a una dieta que ellos mismos fijarán por mayoría de dos tercios de la totalidad de sus miembros”.
Una reforma así es la que se hizo en 2008 en la provincia de Buenos Aires, uno de los pocos -o el único- distrito del país en el cual los concejales cobran antigüedad.
La norma generó una gran polémica a partir de su entrada en vigencia, en 2009. Los Concejos Deliberantes debían adherir y muchos rechazaron la nueva normativa. En otros casos, se aprobó la adhesión por ordenanza y hubo intendentes que la vetaron.
En la ordenanza paranaense se precisa que el cálculo de la antigüedad se hará en base a la dieta y a los gastos de representación que perciben los concejales, con el mismo mecanismo que se aplica para el escalafón general del municipio.
Un edil cobró en diciembre de dieta más gastos de representación 754.910 pesos. Una interpretación amplia de la ordenanza permite pensar que se les podrían reconocer no sólo los años en ejercicio de la concejalía, sino también el tiempo correspondiente a otros cargos en la administración pública.
Según el escalafón general al que alude la ordenanza, de 1 a 4 años de antigüedad corresponde un 10%; de 5 a 9 años un 22%; de 10 a 14 42%; de 15 a 19 72% y más de 25 años, el 100%.
La norma tampoco impide que a los ediles actuales se les compute la antigüedad derivada de anteriores mandatos.
No es un dato menor atento a que están en su segundo período los oficialistas Sergio Elizar, Ana Ruberto, Fernanda Facello, Luisina Minni y Susana Farías; y los opositores Maximiliano Paulín y Silvia Campos, que asumió meses atrás en reemplazo del fallecido Walter Rolandelli.
Están también los casos de Juan Enrique Ríos (Más para Entre Ríos), que fue concejal por dos períodos entre 2011 y 2019, es decir que está en su tercer mandato; y de Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos), que ya se desempeñó como edil entre 1999 y 2003.
Todos temas que no están claros producto de que el proyecto no tuvo debate en el Concejo Deliberante, donde ni siquiera se le dio lectura. Tampoco se informó públicamente nada al respecto e incluso se omitió la mención en el comunicado de prensa correspondiente a la sesión del 5 de diciembre.
Sí se incluyó en el orden de día con el hermético título de “proyecto de ordenanza para normalizar el régimen de adicionales establecido para los beneficiarios de los mismos”.
Otro interrogante es la postura que adoptarán el resto de los municipios y concejos deliberantes de la provincia ante esta ordenanza que abre la puerta para que todos los ediles entrerrianos pretendan percibir este plus.
(Fuente: Análisis Digital)
Los concejales de Paraná serán los únicos de la provincia que cobrarán antigüedad
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A partir de la promulgación de la ordenanza 10.151, los concejales de Paraná serán los únicos de la provincia en cobrar antigüedad. Este ítem no se liquida en ninguna ciudad entrerriana. Tampoco en localidades como Rosario o Santa Fe. Y no lo cobran ni los diputados ni los senadores provinciales.
Los concejales paranaenses empezarán a cobrar un adicional por antigüedad a raíz de un proyecto de ordenanza que presentó en noviembre el ex intendente Adán Bahl, tres semanas antes de finalizar su mandato.
La iniciativa fue aprobada en forma exprés el 5 de diciembre en la última sesión del Concejo Deliberante con la conformación anterior. Fue apoyada por los ediles del oficialismo y de la oposición, excepto por los dos de Políticas para la República.
Un relevamiento realizado por ANÁLISIS muestra que, a partir de esta normativa, Paraná será la única ciudad de la provincia en la que los concejales cobren un adicional por antigüedad liquidado del mismo modo que para los trabajadores municipales del escalafón general.
No cobran por este ítem los ediles de Chajarí ni los de Concordia, donde ninguna persona que se desempeñe en un cargo electivo percibe antigüedad. Sí se les abona un adicional por este concepto a los empleados de planta permanente que fueron designados en cargos de funcionarios.
Tampoco cobran antigüedad los concejales de Gualeguaychú, ni los de Villaguay, ni los de La Paz, ni los de Concepción del Uruguay, ni los de Diamante, ni los de Feliciano, ni los de Gualeguay, ni los de Cerrito. No hay noticias de qué en ninguna ciudad de la provincia se pague un plus de esta naturaleza.
Para más datos, este medio consultó en ciudades de otras provincias como Rosario o la vecina Santa Fe, donde los miembros de los respectivos concejos deliberantes tampoco perciben adicional por antigüedad.
Y tampoco cobran por este ítem ni los diputados ni los senadores provinciales, que perciben una dieta más gastos de representación.
Hay quienes sostienen que no basta con una ordenanza, sino que habría que modificar la Ley Orgánica de Municipios 10.027 sancionada en 2011.
En el artículo 94 la norma estipula que “los concejales tienen derecho a una dieta que ellos mismos fijarán por mayoría de dos tercios de la totalidad de sus miembros”.
Una reforma así es la que se hizo en 2008 en la provincia de Buenos Aires, uno de los pocos -o el único- distrito del país en el cual los concejales cobran antigüedad.
La norma generó una gran polémica a partir de su entrada en vigencia, en 2009. Los Concejos Deliberantes debían adherir y muchos rechazaron la nueva normativa. En otros casos, se aprobó la adhesión por ordenanza y hubo intendentes que la vetaron.
En la ordenanza paranaense se precisa que el cálculo de la antigüedad se hará en base a la dieta y a los gastos de representación que perciben los concejales, con el mismo mecanismo que se aplica para el escalafón general del municipio.
Un edil cobró en diciembre de dieta más gastos de representación 754.910 pesos. Una interpretación amplia de la ordenanza permite pensar que se les podrían reconocer no sólo los años en ejercicio de la concejalía, sino también el tiempo correspondiente a otros cargos en la administración pública.
Según el escalafón general al que alude la ordenanza, de 1 a 4 años de antigüedad corresponde un 10%; de 5 a 9 años un 22%; de 10 a 14 42%; de 15 a 19 72% y más de 25 años, el 100%.
La norma tampoco impide que a los ediles actuales se les compute la antigüedad derivada de anteriores mandatos.
No es un dato menor atento a que están en su segundo período los oficialistas Sergio Elizar, Ana Ruberto, Fernanda Facello, Luisina Minni y Susana Farías; y los opositores Maximiliano Paulín y Silvia Campos, que asumió meses atrás en reemplazo del fallecido Walter Rolandelli.
Están también los casos de Juan Enrique Ríos (Más para Entre Ríos), que fue concejal por dos períodos entre 2011 y 2019, es decir que está en su tercer mandato; y de Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos), que ya se desempeñó como edil entre 1999 y 2003.
Todos temas que no están claros producto de que el proyecto no tuvo debate en el Concejo Deliberante, donde ni siquiera se le dio lectura. Tampoco se informó públicamente nada al respecto e incluso se omitió la mención en el comunicado de prensa correspondiente a la sesión del 5 de diciembre.
Sí se incluyó en el orden de día con el hermético título de “proyecto de ordenanza para normalizar el régimen de adicionales establecido para los beneficiarios de los mismos”.
Otro interrogante es la postura que adoptarán el resto de los municipios y concejos deliberantes de la provincia ante esta ordenanza que abre la puerta para que todos los ediles entrerrianos pretendan percibir este plus.
(Fuente: Análisis Digital)