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Un acceso público en División Los Andes y Miguel David, sobre el entubado del arroyo Antoñico, fue cercado por vecinos que dicen ser los dueños. Troncos, cañas, alambres, macetas y una pila de ladrillos frenan el cruce.
En División Los Andes y Miguel David.
El entubado del arroyo Antoñico trajo soluciones a distintas zonas de la ciudad. Pero también acarreó un conflicto entre vecinos de las inmediaciones de División Los Andes y Miguel David, que parecen no arribar a una solución.
Carlos Troncoso es uno de los residentes del lugar que se atribuye ser dueño del predio donde se realizó la obra. Compró el terreno hace 42 años y tiene los planos que lo avalan. Dentro de la franja que es de su propiedad corría a cielo abierto el arroyo Antoñico, ahora entubado. Sobre esta obra se construyó una calle pública, de dominio común, por la que debería poder pasar cualquier ciudadano.
Sin embargo, él y otros vecinos no lo entienden así y cercaron el lugar para que nadie circule. De un lado colocaron un vallado hecho con distintos elementos. Troncos, cañas, alambres, macetas y una pila de ladrillos frenan el cruce. Del otro lado, directamente se colocó otra estructura más prolija, con alambre tejido.
El municipio intervino de oficio e hizo una presentación en la Justicia para liberar el paso. En este marco, el secretario de Planificación, Infraestructura y Servicios de la Municipalidad, Guillermo Federik, explicó “esta obra, que se realizó con fondos provinciales, se culminó con esta salvedad de haberse hecho sobre terrenos que legítimamente están inscriptos, pero donde los cauces son inalienables y el arroyo es propiedad del Estado, más allá de lo que diga el título de propiedad”.
“Frente al accionar de este grupo de vecinos hicimos una presentación de oficio, junto con la Dirección de Hidráulica, ya que no se puede intervenir de forma arbitraria ni por la fuerza sobre esta propiedad privada donde se concretó al obra de la calle pública. Hay que esperar a que lo resuelva la Justicia”.
Por su parte, Alicia Glauser, la presidenta de la comisión vecinal del barrio Santa Lucía, al cual pertenece esta zona, se quejó: “Esto está en manos de la Justicia, pero pasan los meses y no hay avances. Estos vecinos se arrogan un derecho sobre el arroyo, cuando en realidad el arroyo es de todos. Ellos compraron el terreno hace más de 40 años y seguramente quieren un resarcimiento”.
“Cuando se llevó adelante la obra ellos firmaron dando su conformidad, porque esto trajo mejoras al barrio. La gente ya no se inunda como venía sucediendo en los últimos 15 años. Habrá que esperar a que la Justicia dictamine de qué manera resolver esta situación”, concluyó.
Qué aduce el propietario
Sobre la extensión del terreno de 627 metros cuadrados que, según los planos y el título de propiedad le pertenece a Carlos Troncoso desde hace 42 años, la calle ocupa 220 m2.
“Se nos saca una cantidad importante. Ahora lo cercamos como única medida a nuestro alcance, hasta que esto se resuelva. Buscamos un abogado para hacer un reclamo legal, pero ahora hay que esperar a que termine el receso judicial para que haya avances en este caso”, dijo y agregó: “No me interesa un resarcimiento, sino que quiero que me devuelvan mi propiedad. Nadie nos dijo que sobre esta obra se iba a construir una calle pública. Pensamos que después cada uno cercaba nuevamente”.
La comisión vecinal dice que los arroyos pertenecen al Estado
Según indicó Carlos Troncoso, son 16 vecinos los que reclaman para que se les devuelvan 3.500 metros cuadrados en total, que presuntamente se les sacó cuando se realizó esta obra.
En su caso particular, le ocuparon más de un tercio de su predio de 627 metros cuadrados.
En referencia a la situación que se suscitó con este grupo de vecinos que piden que se les reconozca como propia la franja de terreno sobre la que se construyó la calle pública, Alicia Glauser había dicho: “Tenemos entendido que todos los arroyos y los ríos son del
Estado provincial y nacional y a eso los vecinos no lo entienden. Se invirtieron cerca de 4 millones de pesos en esta obra, que es una mejora muy grande para el barrio. Se realizó con fondos del gobierno provincial y se hicieron 12 cuadras de asfalto”. A su vez, sostuvo: “Hace 27 años que estamos luchando para dar una solución al tema del arroyo, ya que cada vez que llovía, quienes viven en el lugar se ven muy afectados”.
Qué dice el Código Civil
Con relación al dominio de las márgenes ribereñas, el artículo 2639 del Código Civil establece: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
En esta norma se incluyen también los arroyos, e independientemente de la antigüedad de su origen, la misma está vigente y su cumplimiento reviste obligatoriedad, sea o no anacrónica la validez con que se implementó el carácter público del camino de sirga. (Fuente: Diario Uno)
Aguardan que la Justicia autorice a liberar el paso por una calle en Paraná
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Un acceso público en División Los Andes y Miguel David, sobre el entubado del arroyo Antoñico, fue cercado por vecinos que dicen ser los dueños. Troncos, cañas, alambres, macetas y una pila de ladrillos frenan el cruce.
En División Los Andes y Miguel David.
El entubado del arroyo Antoñico trajo soluciones a distintas zonas de la ciudad. Pero también acarreó un conflicto entre vecinos de las inmediaciones de División Los Andes y Miguel David, que parecen no arribar a una solución.
Carlos Troncoso es uno de los residentes del lugar que se atribuye ser dueño del predio donde se realizó la obra. Compró el terreno hace 42 años y tiene los planos que lo avalan. Dentro de la franja que es de su propiedad corría a cielo abierto el arroyo Antoñico, ahora entubado. Sobre esta obra se construyó una calle pública, de dominio común, por la que debería poder pasar cualquier ciudadano.
Sin embargo, él y otros vecinos no lo entienden así y cercaron el lugar para que nadie circule. De un lado colocaron un vallado hecho con distintos elementos. Troncos, cañas, alambres, macetas y una pila de ladrillos frenan el cruce. Del otro lado, directamente se colocó otra estructura más prolija, con alambre tejido.
El municipio intervino de oficio e hizo una presentación en la Justicia para liberar el paso. En este marco, el secretario de Planificación, Infraestructura y Servicios de la Municipalidad, Guillermo Federik, explicó “esta obra, que se realizó con fondos provinciales, se culminó con esta salvedad de haberse hecho sobre terrenos que legítimamente están inscriptos, pero donde los cauces son inalienables y el arroyo es propiedad del Estado, más allá de lo que diga el título de propiedad”.
“Frente al accionar de este grupo de vecinos hicimos una presentación de oficio, junto con la Dirección de Hidráulica, ya que no se puede intervenir de forma arbitraria ni por la fuerza sobre esta propiedad privada donde se concretó al obra de la calle pública. Hay que esperar a que lo resuelva la Justicia”.
Por su parte, Alicia Glauser, la presidenta de la comisión vecinal del barrio Santa Lucía, al cual pertenece esta zona, se quejó: “Esto está en manos de la Justicia, pero pasan los meses y no hay avances. Estos vecinos se arrogan un derecho sobre el arroyo, cuando en realidad el arroyo es de todos. Ellos compraron el terreno hace más de 40 años y seguramente quieren un resarcimiento”.
“Cuando se llevó adelante la obra ellos firmaron dando su conformidad, porque esto trajo mejoras al barrio. La gente ya no se inunda como venía sucediendo en los últimos 15 años. Habrá que esperar a que la Justicia dictamine de qué manera resolver esta situación”, concluyó.
Qué aduce el propietario
Sobre la extensión del terreno de 627 metros cuadrados que, según los planos y el título de propiedad le pertenece a Carlos Troncoso desde hace 42 años, la calle ocupa 220 m2.
“Se nos saca una cantidad importante. Ahora lo cercamos como única medida a nuestro alcance, hasta que esto se resuelva. Buscamos un abogado para hacer un reclamo legal, pero ahora hay que esperar a que termine el receso judicial para que haya avances en este caso”, dijo y agregó: “No me interesa un resarcimiento, sino que quiero que me devuelvan mi propiedad. Nadie nos dijo que sobre esta obra se iba a construir una calle pública. Pensamos que después cada uno cercaba nuevamente”.
La comisión vecinal dice que los arroyos pertenecen al Estado
Según indicó Carlos Troncoso, son 16 vecinos los que reclaman para que se les devuelvan 3.500 metros cuadrados en total, que presuntamente se les sacó cuando se realizó esta obra.
En su caso particular, le ocuparon más de un tercio de su predio de 627 metros cuadrados.
En referencia a la situación que se suscitó con este grupo de vecinos que piden que se les reconozca como propia la franja de terreno sobre la que se construyó la calle pública, Alicia Glauser había dicho: “Tenemos entendido que todos los arroyos y los ríos son del
Estado provincial y nacional y a eso los vecinos no lo entienden. Se invirtieron cerca de 4 millones de pesos en esta obra, que es una mejora muy grande para el barrio. Se realizó con fondos del gobierno provincial y se hicieron 12 cuadras de asfalto”. A su vez, sostuvo: “Hace 27 años que estamos luchando para dar una solución al tema del arroyo, ya que cada vez que llovía, quienes viven en el lugar se ven muy afectados”.
Qué dice el Código Civil
Con relación al dominio de las márgenes ribereñas, el artículo 2639 del Código Civil establece: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
En esta norma se incluyen también los arroyos, e independientemente de la antigüedad de su origen, la misma está vigente y su cumplimiento reviste obligatoriedad, sea o no anacrónica la validez con que se implementó el carácter público del camino de sirga. (Fuente: Diario Uno)