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*Por Carlos Matteoda – Tras la protesta, subyace la idea de que el sector que tiene la fuerza puede someter a la sociedad a penurias, en nombre de un reclamo sectorial.
Carlos Matteoda
Hay varios elementos que parecen claros en el conflicto que el gobierno provincial mantiene con un sector de la Policía, que reclama un aumento salarial por encima del decidido por las autoridades.Hace un par de días el gobierno oficializó la decisión de desconocer el acta que el gobernador había firmado con los acuartelados en Concordia, el 9 de diciembre, para que estos dejaran de lado la protesta y volvieran a cumplir su tarea.En esas horas de acuartelamiento se produjeron saqueos a comercios y delitos de diversa índole por parte de quienes aprovecharon la inacción policial. Hubo incluso policías que participaron de los saqueos. Hubo muertos y heridos y la Justicia tiene pruebas firmes de que varios de estos hechos fueron instigados por policías.El 9 de diciembre, cuando muchos entrerrianos veíamos en directo lo que estaba pasando, a través del canal TN, uno de los voceros del sector amotinado expresó, palabras más palabras menos, que no cambiarían de postura hasta que el gobierno aceptara su demanda, y que mientras esperaban que esto ocurriera “afuera seguirán pasando cosas y puede haber más muertes”.Tal vez el vértigo de televisión nacional en vivo le jugó una mala pasada al vocero de los uniformados. Pero esa frase, al caer la noche, con la ciudad a merced de los saqueadores, resultó más que elocuente. No hacía falta esperar a que el procurador Jorge García dijera que se trataba de una extorsión, sino que estaba claro cuál era el mecanismo de la protesta.
En Paraná la cosa no era más simple. Aunque no había llegado a los niveles de gravedad de Concordia, era cuestión de tiempo. Decenas de jóvenes en moto merodeaban los supermercados a la espera de que se desatara el caos. Muchos de estos jóvenes, justo es decirlo, andan todo el tiempo armados, son los soldaditos de los narcos locales, producto de dos décadas de ineficacia e indiferencia estatal en el combate contra el narcotráfico. El barrio Municipal o el Lomas II, entre otros, eran las zonas consideradas calientes. Y muchos policías esperaban la señal para imitar a sus pares de Concordia.Este fue el escenario en el cual se gestó el acuerdo. Uno puede pensar que el gobierno manejó mal la situación. Incluso pensar, que el gobierno no pudo manejar la situación. Ahora, hecha pública la decisión de desconocer el acta, se escuchan críticas a la decisión gubernamental y a la forma de llevarla a cabo. Sobre lo segundo, se critica por ejemplo, que se dejaron pasar tres semanas para informar que el acta no se consideraría válida. La razón parece obvia, había que esperar que transcurriera la fecha caliente del 20 de diciembre y, a la vez, tener algo para ofrecer, como es el aumento que se les liquidó ayer a los policías. Vale recordar, aunque parezca obvio, que no se pone en duda la legitimidad del reclamo por un aumento salarial, sino la forma en que se consiguió firmar el acta. ¿Fue una deslealtad esperar tres semanas para desconocer el acta? Difícil sostenerlo frente a la forma en que se forzó la firma de la misma.
De todos modos las opiniones sobre cómo el gobierno manejó el tema son variadas. Parece claro que se vio sobrepasado -como en muchas otras provincias- por la actitud delictiva de algunos policías de permitir y hasta promover la ola de vandalismo para apretar a las autoridades. Y que se asumió un compromiso al que, si se lo considerara válido, no hay posibilidades de “caja” para darle respuesta.Pero más allá de si se puede pagar o no el aumento del acta ahora desconocida, el nudo de la cuestión radica en la metodología y en la actitud que mantienen frente a estos hechos tanto las autoridades como el resto de los ciudadanos.Vale preguntarse si aceptamos que en nombre de un reclamo, aun siendo legítimo, haga valer su fuerza quien tenga la posibilidad de ejercerla. Si aceptamos que el Estado, que genera las normas de convivencia, debe someterse la ley de la fuerza, lo que obviamente va en desmedro de los más “débiles” en esta línea de razonamiento.En 2008 hubo una protesta del sector agrario, por un reclamo que para buena parte de los argentinos era válido; por el cual se cortaron rutas y se impidió transitar a la gente. Se cortó el paso del combustible y de alimentos, se paralizaron otras actividades productivas y se generó mayormente un perjuicio al ciudadano de a pie, no al gobernante que había tomado la decisión que motivó la protesta.Los débiles, los que no tenían tractores, ni camionetas, ni capacidad de movilización para cortar la ruta, debieron quedarse en su casa sin trabajar, sin estudiar, sin transitar libremente. Es discutible si el sector que cortó las rutas tenía la razón, pero sí está claro que disponía de la fuerza.Ahora, con consecuencias más graves, algo parecido sucedió con policías. Salvando las distancias, el planteo no es muy distinto. Ante un reclamo no satisfecho, porque tienen las armas, los policías dejaron a la gente a expensas de los delincuentes. En Concordia hubo tres muertos y decenas de heridos, además de las pérdidas materiales. Si todos los sectores operan de la misma manera, el resultado es fácil de prever. Uno se pregunta si estarán de acuerdo estos policías con la hipotética situación de llegar a la Guardia del hospital con un hijo en grave estado de salud, por un accidente o una enfermedad, y encontrarse con que los trabajadores de Salud no presten servicio por un reclamo salarial, aunque haya riesgo de que esa persona muera.O si estarán de acuerdo con que el trabajador de una distribuidora de gas natural o los bomberos no acudan a resolver una fuga de combustible que puede provocar una explosión por estar en medio un reclamo salarial. En estos casos estaría en riesgo la vida, como ocurrió con la protesta policial de Concordia.
En el fondo la pregunta es si nos estamos dando cuenta de que el Estado no llega a garantizarnos las libertades y los derechos, y que debe resignarse ante quien tiene la fuerza. Y si, en todo caso, debemos aceptarlo pasivamente.Bahl dijo que un cura le advirtió que de no firmar el acta habría “un baño de sangre”
El ministro de Gobierno, Adán Bahl, afirmó que la declaración de representantes del Centro Comercial de Concordia y del obispado de esa ciudad, difundida “luego de una visita de algunos efectivos de la fuerza policial a la entidad empresaria”, contiene “afirmaciones falsas y peligrosamente malintencionadas”.
El Obispado y el Centro de Comercio emitieron un comunicado conjunto indicando que el gobierno no firmó “bajo presión”.
El funcionario dijo que en la tarde del 9 de diciembre “en una situación harto difícil y de mucha tensión en Concordia, algunos sacerdotes y el propio obispo de Concordia se ofrecieron con generosidad cooperar para facilitar el diálogo con los amotinados”. “El gobernador lo aceptó porque nadie desconoce que nuestro mandatario es un hombre de diálogo y porque la prioridad era recuperar la calma y la paz social en esa ciudad y en ese momento”, expresó el funcionario provincial.
“Lo llamativo es que ahora se desconozca el componente extorsivo que obligó a firmar el acta. El padre José Zabaleta en un determinado momento de esa tarde me dijo personalmente que si el gobierno no otorgaba un aumento de 10.000 pesos iba a haber un baño de sangre en Concordia”, aseveró Bahl.
“O sea que ellos reconocían la presión sobre la que estábamos actuando y no solo la reconocían, sino que eran voceros de esa situación. Esa es la rigurosa verdad, y me parece que no se puede ahora decir con liviandad que no hubo presión, que estábamos en una situación normal o que estábamos hablando con bebés de pecho”, indicó. Ante la petición de los firmantes de la carta abierta de que se garantice la seguridad, Bahl dijo que “por supuesto que el gobierno se hace cargo de garantizar la seguridad y el orden, por eso mismo ayer se pagaron los sueldos de las fuerzas de seguridad y hoy el aumento con actualización de los códigos de seguridad”. Aseguró finalmente que “la enorme mayoría de los integrantes de la fuerza de seguridad de la provincia está firme en su puesto de trabajo, con la disciplina y los mandos jerárquicos en pleno ejercicio de sus responsabilidades”.
*Periodista Diario UNO
La protesta policial se basa en un riesgoso razonamiento
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*Por Carlos Matteoda – Tras la protesta, subyace la idea de que el sector que tiene la fuerza puede someter a la sociedad a penurias, en nombre de un reclamo sectorial.
Carlos Matteoda
Hay varios elementos que parecen claros en el conflicto que el gobierno provincial mantiene con un sector de la Policía, que reclama un aumento salarial por encima del decidido por las autoridades.Hace un par de días el gobierno oficializó la decisión de desconocer el acta que el gobernador había firmado con los acuartelados en Concordia, el 9 de diciembre, para que estos dejaran de lado la protesta y volvieran a cumplir su tarea.En esas horas de acuartelamiento se produjeron saqueos a comercios y delitos de diversa índole por parte de quienes aprovecharon la inacción policial. Hubo incluso policías que participaron de los saqueos. Hubo muertos y heridos y la Justicia tiene pruebas firmes de que varios de estos hechos fueron instigados por policías.El 9 de diciembre, cuando muchos entrerrianos veíamos en directo lo que estaba pasando, a través del canal TN, uno de los voceros del sector amotinado expresó, palabras más palabras menos, que no cambiarían de postura hasta que el gobierno aceptara su demanda, y que mientras esperaban que esto ocurriera “afuera seguirán pasando cosas y puede haber más muertes”.Tal vez el vértigo de televisión nacional en vivo le jugó una mala pasada al vocero de los uniformados. Pero esa frase, al caer la noche, con la ciudad a merced de los saqueadores, resultó más que elocuente. No hacía falta esperar a que el procurador Jorge García dijera que se trataba de una extorsión, sino que estaba claro cuál era el mecanismo de la protesta.
En Paraná la cosa no era más simple. Aunque no había llegado a los niveles de gravedad de Concordia, era cuestión de tiempo. Decenas de jóvenes en moto merodeaban los supermercados a la espera de que se desatara el caos. Muchos de estos jóvenes, justo es decirlo, andan todo el tiempo armados, son los soldaditos de los narcos locales, producto de dos décadas de ineficacia e indiferencia estatal en el combate contra el narcotráfico. El barrio Municipal o el Lomas II, entre otros, eran las zonas consideradas calientes. Y muchos policías esperaban la señal para imitar a sus pares de Concordia.Este fue el escenario en el cual se gestó el acuerdo. Uno puede pensar que el gobierno manejó mal la situación. Incluso pensar, que el gobierno no pudo manejar la situación. Ahora, hecha pública la decisión de desconocer el acta, se escuchan críticas a la decisión gubernamental y a la forma de llevarla a cabo. Sobre lo segundo, se critica por ejemplo, que se dejaron pasar tres semanas para informar que el acta no se consideraría válida. La razón parece obvia, había que esperar que transcurriera la fecha caliente del 20 de diciembre y, a la vez, tener algo para ofrecer, como es el aumento que se les liquidó ayer a los policías. Vale recordar, aunque parezca obvio, que no se pone en duda la legitimidad del reclamo por un aumento salarial, sino la forma en que se consiguió firmar el acta. ¿Fue una deslealtad esperar tres semanas para desconocer el acta? Difícil sostenerlo frente a la forma en que se forzó la firma de la misma.
De todos modos las opiniones sobre cómo el gobierno manejó el tema son variadas. Parece claro que se vio sobrepasado -como en muchas otras provincias- por la actitud delictiva de algunos policías de permitir y hasta promover la ola de vandalismo para apretar a las autoridades. Y que se asumió un compromiso al que, si se lo considerara válido, no hay posibilidades de “caja” para darle respuesta.Pero más allá de si se puede pagar o no el aumento del acta ahora desconocida, el nudo de la cuestión radica en la metodología y en la actitud que mantienen frente a estos hechos tanto las autoridades como el resto de los ciudadanos.Vale preguntarse si aceptamos que en nombre de un reclamo, aun siendo legítimo, haga valer su fuerza quien tenga la posibilidad de ejercerla. Si aceptamos que el Estado, que genera las normas de convivencia, debe someterse la ley de la fuerza, lo que obviamente va en desmedro de los más “débiles” en esta línea de razonamiento.En 2008 hubo una protesta del sector agrario, por un reclamo que para buena parte de los argentinos era válido; por el cual se cortaron rutas y se impidió transitar a la gente. Se cortó el paso del combustible y de alimentos, se paralizaron otras actividades productivas y se generó mayormente un perjuicio al ciudadano de a pie, no al gobernante que había tomado la decisión que motivó la protesta.Los débiles, los que no tenían tractores, ni camionetas, ni capacidad de movilización para cortar la ruta, debieron quedarse en su casa sin trabajar, sin estudiar, sin transitar libremente. Es discutible si el sector que cortó las rutas tenía la razón, pero sí está claro que disponía de la fuerza.Ahora, con consecuencias más graves, algo parecido sucedió con policías. Salvando las distancias, el planteo no es muy distinto. Ante un reclamo no satisfecho, porque tienen las armas, los policías dejaron a la gente a expensas de los delincuentes. En Concordia hubo tres muertos y decenas de heridos, además de las pérdidas materiales. Si todos los sectores operan de la misma manera, el resultado es fácil de prever. Uno se pregunta si estarán de acuerdo estos policías con la hipotética situación de llegar a la Guardia del hospital con un hijo en grave estado de salud, por un accidente o una enfermedad, y encontrarse con que los trabajadores de Salud no presten servicio por un reclamo salarial, aunque haya riesgo de que esa persona muera.O si estarán de acuerdo con que el trabajador de una distribuidora de gas natural o los bomberos no acudan a resolver una fuga de combustible que puede provocar una explosión por estar en medio un reclamo salarial. En estos casos estaría en riesgo la vida, como ocurrió con la protesta policial de Concordia.
En el fondo la pregunta es si nos estamos dando cuenta de que el Estado no llega a garantizarnos las libertades y los derechos, y que debe resignarse ante quien tiene la fuerza. Y si, en todo caso, debemos aceptarlo pasivamente.Bahl dijo que un cura le advirtió que de no firmar el acta habría “un baño de sangre”
El ministro de Gobierno, Adán Bahl, afirmó que la declaración de representantes del Centro Comercial de Concordia y del obispado de esa ciudad, difundida “luego de una visita de algunos efectivos de la fuerza policial a la entidad empresaria”, contiene “afirmaciones falsas y peligrosamente malintencionadas”.
El Obispado y el Centro de Comercio emitieron un comunicado conjunto indicando que el gobierno no firmó “bajo presión”.
El funcionario dijo que en la tarde del 9 de diciembre “en una situación harto difícil y de mucha tensión en Concordia, algunos sacerdotes y el propio obispo de Concordia se ofrecieron con generosidad cooperar para facilitar el diálogo con los amotinados”. “El gobernador lo aceptó porque nadie desconoce que nuestro mandatario es un hombre de diálogo y porque la prioridad era recuperar la calma y la paz social en esa ciudad y en ese momento”, expresó el funcionario provincial.
“Lo llamativo es que ahora se desconozca el componente extorsivo que obligó a firmar el acta. El padre José Zabaleta en un determinado momento de esa tarde me dijo personalmente que si el gobierno no otorgaba un aumento de 10.000 pesos iba a haber un baño de sangre en Concordia”, aseveró Bahl.
“O sea que ellos reconocían la presión sobre la que estábamos actuando y no solo la reconocían, sino que eran voceros de esa situación. Esa es la rigurosa verdad, y me parece que no se puede ahora decir con liviandad que no hubo presión, que estábamos en una situación normal o que estábamos hablando con bebés de pecho”, indicó. Ante la petición de los firmantes de la carta abierta de que se garantice la seguridad, Bahl dijo que “por supuesto que el gobierno se hace cargo de garantizar la seguridad y el orden, por eso mismo ayer se pagaron los sueldos de las fuerzas de seguridad y hoy el aumento con actualización de los códigos de seguridad”. Aseguró finalmente que “la enorme mayoría de los integrantes de la fuerza de seguridad de la provincia está firme en su puesto de trabajo, con la disciplina y los mandos jerárquicos en pleno ejercicio de sus responsabilidades”.
*Periodista Diario UNO