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Así lo consideró Fernando Domínguez, Fiscal Federal de San Isidro y titular de la Comisión de Fiscales Federales creada por la Procuración General de la Nación. El funcionario judicial coincidió con la postura del procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge García. Consideró que la medida fue ilegal y que hechos tan graves “no se pueden pasar por alto”.
El Fiscal Federal compartió los dichos de García
El fiscal federal N° 2 de San Isidro, Fernando Domínguez, que también es el responsable de la Comisión de fiscales que, por orden de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se creó para recabar información sobre los alzamientos policiales que desestabilizaron el tablero político nacional indicó, en declaraciones periodísticas, que están realizando “el trabajo que dispuso la Procuración General a través de una Resolución que básicamente es, en esta primera etapa, reunir información de todo lo ocurrido en el país en materia de alzamientos policiales”.
El funcionario destacó que la información relacionada con los alzamientos se recaba de “varias fuentes: policiales, periodísticas, judiciales, de
organismo de seguridad. La comisión tiene 60 días para reunir la información y eventualmente trabajar junto con la Procuraduría sobre cuál
va a ser la postura concreta de la Procuración”.
Ante la consulta sobre la figura del Código Penal Argentino contempladas en las acciones que llevaron adelante los uniformados, Domínguez fue tajante: “Comparto la postura del procurador General de la Provincia de Entre Ríos, nos pareció totalmente correcta, que tiene que ver con sedición. Esta figura es la que más se acerca a la conducta policial. Es este delito de exigir, arrancar, una medida al gobierno, que es lo que han hecho estos alzamientos policiales”.
Sin dejar lugar a otras interpretaciones, Domínguez afirmó que “es evidente que los gobiernos accedieron a los reclamos por el alzamiento
policial. Basta ver las imágenes que todos hemos visto, leer las crónicas que todos hemos leído, ver qué es lo que pasó para saber cómo ocurrieron las cosas”, y en este sentido preguntó: “¿Cómo llamarle a algo que fue absolutamente evidente? Cuando se negocia con la pistola al cinto es sedición”.
También fue categórico al sostener que “no se puede dejar pasar así como así estos alzamientos policiales, pensando que sólo se trató de un reclamo salarial y se acabó. Ciertamente se han producido hechos muy importantes”, señaló a El Diario de Paraná.
Por último, el fiscal se manifestó en contra de algunos ejes de debate que se plantearon mientras varias provincias pasaban por momentos de zozobra: “Durante los alzamientos se hablaba de la necesidad o no de sindicatos policiales mientras había más de 20 muertos en el país, no me pareció acertado. Creo que hubo algo más que una cuestión salarial. La medida fue ilegal, no fue autorizada” concluyó.
Pasos a seguir
El fiscal Domínguez reiteró que “en principios se va a reunir toda la información, que está siendo sistematizada y analizada, después la comisión adoptará una decisión”, y añadió que “toda esta información reunida será preciso profundizarla, pero veremos en qué marco, en qué ámbito, si es contribuyendo con cada una de las causas que se ha formado en cada provincia en el ámbito federal o si en forma independiente”.
Resaltó por otra parte que “otra cuestión a tener en cuenta es que estos alzamientos policiales se produjeron sabiendo lo que se produciría en la población desguarnecida”, y añadió que “era un secreto a voces que se iban a producir saqueos a partir del autoacuartelamiento policial, y es lo que pasó en todas las provincias”.
Investigación nacional
La comisión de fiscales está integrada, además de Domínguez, por los fiscales Federico Martín Carniel, de Resistencia, Chaco; José Ignacio
Candioti Puyol, de Paraná, Entre Ríos; y Adolfo Raúl Villate, de Rosario, Santa Fe.
Dominguez precisó que “en cuanto a lo que está pasando en Entre Ríos, uno de los fiscales generales que participa de la comisión es el doctor
Candioti, que tiene información actualizada de lo que está ocurriendo en Entre Ríos, y no sólo de Entre Ríos sino del Litoral”.
Respecto a que las primeras informaciones que recabó Candioti indicarían que el levantamiento en Entre Ríos no tendría vinculación con lo que se dieron en otras provincias, Domínguez señaló que “es materia de análisis; hasta el presente no hay una evidencia fuerte que certifique la relación entre las distintas policías como para provocar alzamientos masivos en forma coordinada, pero que no haya evidencia no quiere decir que no vaya a haber”.
El fiscal federal no descarta ninguna hipótesis y en este sentido manifestó que “es uno de los puntos que habría que profundizar en una investigación que vaya a desarrollarse, si es que se va a desarrollar una investigación a nivel nacional. Al presente no hay evidencia y no se ha profundizado en ese sentido, sí la hay provincia por provincia y existen patrones comunes de conducta, esto es muy evidente y es conocido por todo el mundo, toda la población vio que la metodología de la exigencia, del alzamiento en todas las provincias fue muy similar. No sólo fue similar en cuanto a la metodología sino en cuanto al tiempo; esto ha sido sintomático y son elementos a tener en cuenta en cada uno de los lugares”. También señaló que “se ha reclamado un nivel salarial parecido, hay patrones de conducta que son llamativos, comunes y es algo a profundizar en una investigación: si hay un actuar coordinado de las distintas policías, si se trató de movimientos limitados a cada provincia en particular. Éstas son cuestiones a dilucidar”.
Dos ejes
Para el fiscal federal los alzamientos policiales se deben abordar desde dos ejes. En este sentido explicó: “Hay dos cuestiones, una desde el punto de vista de la investigación penal, judicial, y allí la hipótesis es compartida por el procurador General de la provincia, que es trabajar sobre la hipótesis de sedición”. Sin embargo planteó que se debe analizar y discutir “cómo profundizar la investigación, puesto que este delito es de competencia provincial pero habría que ver hasta qué punto no hubo una afectación al Estado federal también”. Domínguez precisó que hubo denuncias en la Justicia Federal en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata y Santiago del Estero, donde se consideró que hubo “una afectación al Estado federal que trascendió los intereses provinciales”.
El otro eje es el político. El responsable de la Comisión de fiscales manifestó que “desde el punto de vista político criminal, me parece que la
observación que todos hemos tenido de lo que se produjo en las distintas provincias a partir de los alzamientos policiales debe llevar a la
reflexión sobre la necesidad de profundizar, de reestructurar fuertemente los sistemas de seguridad públicos, los sistemas policiales y
penitenciarios. Me parece que a esta altura es bastante evidente esta necesidad”, aunque evaluó que “esto es una consideración que corresponde al ámbito político”.
“Cuando se negocia con la pistola al cinto es sedición”, sostuvo el Fiscal Federal Domínguez
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Así lo consideró Fernando Domínguez, Fiscal Federal de San Isidro y titular de la Comisión de Fiscales Federales creada por la Procuración General de la Nación. El funcionario judicial coincidió con la postura del procurador General de la provincia de Entre Ríos, Jorge García. Consideró que la medida fue ilegal y que hechos tan graves “no se pueden pasar por alto”.
El Fiscal Federal compartió los dichos de García
El fiscal federal N° 2 de San Isidro, Fernando Domínguez, que también es el responsable de la Comisión de fiscales que, por orden de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se creó para recabar información sobre los alzamientos policiales que desestabilizaron el tablero político nacional indicó, en declaraciones periodísticas, que están realizando “el trabajo que dispuso la Procuración General a través de una Resolución que básicamente es, en esta primera etapa, reunir información de todo lo ocurrido en el país en materia de alzamientos policiales”.
El funcionario destacó que la información relacionada con los alzamientos se recaba de “varias fuentes: policiales, periodísticas, judiciales, de
organismo de seguridad. La comisión tiene 60 días para reunir la información y eventualmente trabajar junto con la Procuraduría sobre cuál
va a ser la postura concreta de la Procuración”.
Ante la consulta sobre la figura del Código Penal Argentino contempladas en las acciones que llevaron adelante los uniformados, Domínguez fue tajante: “Comparto la postura del procurador General de la Provincia de Entre Ríos, nos pareció totalmente correcta, que tiene que ver con sedición. Esta figura es la que más se acerca a la conducta policial. Es este delito de exigir, arrancar, una medida al gobierno, que es lo que han hecho estos alzamientos policiales”.
Sin dejar lugar a otras interpretaciones, Domínguez afirmó que “es evidente que los gobiernos accedieron a los reclamos por el alzamiento
policial. Basta ver las imágenes que todos hemos visto, leer las crónicas que todos hemos leído, ver qué es lo que pasó para saber cómo ocurrieron las cosas”, y en este sentido preguntó: “¿Cómo llamarle a algo que fue absolutamente evidente? Cuando se negocia con la pistola al cinto es sedición”.
También fue categórico al sostener que “no se puede dejar pasar así como así estos alzamientos policiales, pensando que sólo se trató de un reclamo salarial y se acabó. Ciertamente se han producido hechos muy importantes”, señaló a El Diario de Paraná.
Por último, el fiscal se manifestó en contra de algunos ejes de debate que se plantearon mientras varias provincias pasaban por momentos de zozobra: “Durante los alzamientos se hablaba de la necesidad o no de sindicatos policiales mientras había más de 20 muertos en el país, no me pareció acertado. Creo que hubo algo más que una cuestión salarial. La medida fue ilegal, no fue autorizada” concluyó.
Pasos a seguir
El fiscal Domínguez reiteró que “en principios se va a reunir toda la información, que está siendo sistematizada y analizada, después la comisión adoptará una decisión”, y añadió que “toda esta información reunida será preciso profundizarla, pero veremos en qué marco, en qué ámbito, si es contribuyendo con cada una de las causas que se ha formado en cada provincia en el ámbito federal o si en forma independiente”.
Resaltó por otra parte que “otra cuestión a tener en cuenta es que estos alzamientos policiales se produjeron sabiendo lo que se produciría en la población desguarnecida”, y añadió que “era un secreto a voces que se iban a producir saqueos a partir del autoacuartelamiento policial, y es lo que pasó en todas las provincias”.
Investigación nacional
La comisión de fiscales está integrada, además de Domínguez, por los fiscales Federico Martín Carniel, de Resistencia, Chaco; José Ignacio
Candioti Puyol, de Paraná, Entre Ríos; y Adolfo Raúl Villate, de Rosario, Santa Fe.
Dominguez precisó que “en cuanto a lo que está pasando en Entre Ríos, uno de los fiscales generales que participa de la comisión es el doctor
Candioti, que tiene información actualizada de lo que está ocurriendo en Entre Ríos, y no sólo de Entre Ríos sino del Litoral”.
Respecto a que las primeras informaciones que recabó Candioti indicarían que el levantamiento en Entre Ríos no tendría vinculación con lo que se dieron en otras provincias, Domínguez señaló que “es materia de análisis; hasta el presente no hay una evidencia fuerte que certifique la relación entre las distintas policías como para provocar alzamientos masivos en forma coordinada, pero que no haya evidencia no quiere decir que no vaya a haber”.
El fiscal federal no descarta ninguna hipótesis y en este sentido manifestó que “es uno de los puntos que habría que profundizar en una investigación que vaya a desarrollarse, si es que se va a desarrollar una investigación a nivel nacional. Al presente no hay evidencia y no se ha profundizado en ese sentido, sí la hay provincia por provincia y existen patrones comunes de conducta, esto es muy evidente y es conocido por todo el mundo, toda la población vio que la metodología de la exigencia, del alzamiento en todas las provincias fue muy similar. No sólo fue similar en cuanto a la metodología sino en cuanto al tiempo; esto ha sido sintomático y son elementos a tener en cuenta en cada uno de los lugares”. También señaló que “se ha reclamado un nivel salarial parecido, hay patrones de conducta que son llamativos, comunes y es algo a profundizar en una investigación: si hay un actuar coordinado de las distintas policías, si se trató de movimientos limitados a cada provincia en particular. Éstas son cuestiones a dilucidar”.
Dos ejes
Para el fiscal federal los alzamientos policiales se deben abordar desde dos ejes. En este sentido explicó: “Hay dos cuestiones, una desde el punto de vista de la investigación penal, judicial, y allí la hipótesis es compartida por el procurador General de la provincia, que es trabajar sobre la hipótesis de sedición”. Sin embargo planteó que se debe analizar y discutir “cómo profundizar la investigación, puesto que este delito es de competencia provincial pero habría que ver hasta qué punto no hubo una afectación al Estado federal también”. Domínguez precisó que hubo denuncias en la Justicia Federal en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mar del Plata y Santiago del Estero, donde se consideró que hubo “una afectación al Estado federal que trascendió los intereses provinciales”.
El otro eje es el político. El responsable de la Comisión de fiscales manifestó que “desde el punto de vista político criminal, me parece que la
observación que todos hemos tenido de lo que se produjo en las distintas provincias a partir de los alzamientos policiales debe llevar a la
reflexión sobre la necesidad de profundizar, de reestructurar fuertemente los sistemas de seguridad públicos, los sistemas policiales y
penitenciarios. Me parece que a esta altura es bastante evidente esta necesidad”, aunque evaluó que “esto es una consideración que corresponde al ámbito político”.