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El Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, STJ, Jorge García, insistió en investigar la responsabilidad de la dirigencia política en los hechos ocurridos el pasado diciembre por parte de la fuerza policial.
Para los fiscales el acuerdo del 9 de diciembre es nulo
“Quiero insistir acá en la imprescindible responsabilidad de la dirigencia política. Algún ingenuo o malintencionado, que siempre los hay, acaso pueda llegar a pensar que la posición tajante de nuestra parte en favor de la normatividad está orientada por algún color partidario. Yo quiero decir con todas las letras, claramente, que lo que hemos estado haciendo no tiene que ver con el gobernador actual sino con la institucionalidad: ningún mandatario puede gobernar tranquilo si quienes ejercen en los hechos el monopolio de la fuerza están en condiciones de extorsionarlo cuando se les ocurra porque no les gusta el color del uniforme, el armamento o lo que se les liquida por sueldo. Esto no puede ser coyuntural, va más allá de los nombres y apellidos actuales, incluso de los nuestros, los que actuamos en la Justicia”, afirmó García.
“Hay una tendencia, que uno lo advierte, a que lo ilegal sea minimizado en término de internas o contiendas políticas, donde pareciera que todo vale. Es parte de lo que nos falta para afianzar la democracia: aceptar el imperio de la ley, sobre todo cuando no nos favorece. El respeto por la
norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, deberá hacerse cargo de la pena”, expresó el fiscal.
Calmar las aguas
“Estuve en Concordia hasta que se firmó el acuerdo. Aclaro que a los fines de calmar las aguas me pareció una buena iniciativa. Lo urgente era apagar el fuego, poner paños fríos a una psicosis social que llevó a Concordia a transformarse en una ciudad atrincherada, donde grupos de vecinos armados estaban dispuestos a enfrentarse con cualquiera que les resultara extraño y sospechoso. La postal urbana por aquellas horas desdecía los fundamentos de la sociabilidad: gente armando barricadas en torno de los comercios y residencias, esperando los asaltos con machetes, palos, fierros y armas de fuego por supuesto, en medio de un clima de violencia soterrada que se palpaba a cada paso. En ese contexto, ante la inminente llegada de la noche, el acuerdo nos pareció un camino aconsejable”, explicó el fiscal.
“Hemos confirmado las primeras presunciones. Las hemos ido precisando además, con el paso de las horas. Inicialmente, sabíamos que los
funcionarios que tomaron parte del acto sedicioso fueron entre 60 y 70.
Pero había que discernir los distintos niveles de responsabilidad. Hay una treintena de funcionarios más comprometidos y una docena de ellos aparece directamente implicada en delitos más serios”, dijo.
“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la
extorsión, a tal punto que el acta aquella va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar”, afirmó.
“En la foto que recorrió los medios de comunicación y las redes sociales, está el gobernador rodeado de personas con el arma reglamentaria en la cintura. Nadie hace ostentación, pero el arma reglamentaria está en la cintura y en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones. Esto es la prueba de que se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”, señaló.
“Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de
la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados”, afirmó.
“Ante la eventualidad de que los actos de sedición que se sucedieron en distintas provincias tuvieran una conexión, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó una comisión de fiscales que fue recabando datos. En ese sentido, tuvimos reuniones con el fiscal federal José Ignacio Candioti en las que, más allá de compartir información, quedó claro que al menos en Entre Ríos no aparece ninguna vinculación de lo local con lo ocurrido en otras jurisdicciones”, dijo.
La investigación está concentrada en la Justicia provincial porque el delito de sedición es de jurisdicción ordinaria: un atentado contra el
orden democrático local. Los fiscales federales estuvieron tratando de establecer si había indicios de conexión entre lo sucedido en las distintas provincias porque eso la convertiría en una rebelión nacional. Pero no han encontrado elementos en ese sentido. (Fuente: Debate Abierto – El Diario)
La responsabilidad de la dirigencia política en los amotinamientos policiales
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El Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, STJ, Jorge García, insistió en investigar la responsabilidad de la dirigencia política en los hechos ocurridos el pasado diciembre por parte de la fuerza policial.
Para los fiscales el acuerdo del 9 de diciembre es nulo
“Quiero insistir acá en la imprescindible responsabilidad de la dirigencia política. Algún ingenuo o malintencionado, que siempre los hay, acaso pueda llegar a pensar que la posición tajante de nuestra parte en favor de la normatividad está orientada por algún color partidario. Yo quiero decir con todas las letras, claramente, que lo que hemos estado haciendo no tiene que ver con el gobernador actual sino con la institucionalidad: ningún mandatario puede gobernar tranquilo si quienes ejercen en los hechos el monopolio de la fuerza están en condiciones de extorsionarlo cuando se les ocurra porque no les gusta el color del uniforme, el armamento o lo que se les liquida por sueldo. Esto no puede ser coyuntural, va más allá de los nombres y apellidos actuales, incluso de los nuestros, los que actuamos en la Justicia”, afirmó García.
“Hay una tendencia, que uno lo advierte, a que lo ilegal sea minimizado en término de internas o contiendas políticas, donde pareciera que todo vale. Es parte de lo que nos falta para afianzar la democracia: aceptar el imperio de la ley, sobre todo cuando no nos favorece. El respeto por la
norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, deberá hacerse cargo de la pena”, expresó el fiscal.
Calmar las aguas
“Estuve en Concordia hasta que se firmó el acuerdo. Aclaro que a los fines de calmar las aguas me pareció una buena iniciativa. Lo urgente era apagar el fuego, poner paños fríos a una psicosis social que llevó a Concordia a transformarse en una ciudad atrincherada, donde grupos de vecinos armados estaban dispuestos a enfrentarse con cualquiera que les resultara extraño y sospechoso. La postal urbana por aquellas horas desdecía los fundamentos de la sociabilidad: gente armando barricadas en torno de los comercios y residencias, esperando los asaltos con machetes, palos, fierros y armas de fuego por supuesto, en medio de un clima de violencia soterrada que se palpaba a cada paso. En ese contexto, ante la inminente llegada de la noche, el acuerdo nos pareció un camino aconsejable”, explicó el fiscal.
“Hemos confirmado las primeras presunciones. Las hemos ido precisando además, con el paso de las horas. Inicialmente, sabíamos que los
funcionarios que tomaron parte del acto sedicioso fueron entre 60 y 70.
Pero había que discernir los distintos niveles de responsabilidad. Hay una treintena de funcionarios más comprometidos y una docena de ellos aparece directamente implicada en delitos más serios”, dijo.
“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la
extorsión, a tal punto que el acta aquella va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar”, afirmó.
“En la foto que recorrió los medios de comunicación y las redes sociales, está el gobernador rodeado de personas con el arma reglamentaria en la cintura. Nadie hace ostentación, pero el arma reglamentaria está en la cintura y en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones. Esto es la prueba de que se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”, señaló.
“Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de
la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados”, afirmó.
“Ante la eventualidad de que los actos de sedición que se sucedieron en distintas provincias tuvieran una conexión, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó una comisión de fiscales que fue recabando datos. En ese sentido, tuvimos reuniones con el fiscal federal José Ignacio Candioti en las que, más allá de compartir información, quedó claro que al menos en Entre Ríos no aparece ninguna vinculación de lo local con lo ocurrido en otras jurisdicciones”, dijo.
La investigación está concentrada en la Justicia provincial porque el delito de sedición es de jurisdicción ordinaria: un atentado contra el
orden democrático local. Los fiscales federales estuvieron tratando de establecer si había indicios de conexión entre lo sucedido en las distintas provincias porque eso la convertiría en una rebelión nacional. Pero no han encontrado elementos en ese sentido. (Fuente: Debate Abierto – El Diario)