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En su cuarto año de existencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia y el 2014 estará signado por el desafío de hacer cumplir los planes de adecuación voluntaria presentados por las empresas para desmonopolizar el mapa mediático.
El desafío para el 2014 es hacer cumplir los 21 puntos
De esta manera, el 29 de octubre de 2013 finalizó el peregrinaje por los tribunales que había comenzado el 26 de octubre de 2009 cuando el Grupo Clarín presentó un amparo para pedir que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley y logró que el ex magistrado Edmundo Carbone dictara una medida cautelar que frenó su aplicación desde el 15 de diciembre de ese año.
Para que la ley no quede en letra muerta, el desafío ahora es hacer cumplir el espíritu de los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, que datan de 2004, y que en 2009 dieron inicio al debate del texto presentado el 27 de agosto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de foros de debate realizados en todo el país.
No será una tarea fácil: la veintena de planes de adecuación, que comenzarán a ejecutarse en 2014, tienen que cumplir con ciertos parámetros para garantizar que se trate de una real desmonopolización.
En uso de la consulta de plan de adecuación que había presentado su socio minoritario de Cablevisión el 5 de diciembre, el Grupo Clarín poco después del fallo de la Corte Suprema reconoció el vencimiento de los plazos del 7D y oficializó una propuesta de división empresarial en seis unidades.
La propuesta, que será analizada por el Afsca en forma inminente, no incluye nombres de quienes serán los futuros dueños de las distintas unidades y concentra en el primer grupo a las principales señales y 24 licencias locales de televisión por cable de la actual Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta.
De esta manera, Clarín deja para la segunda unidad a otras 24 licencias de televisión por cable -donde estará con fuerte presencia el fondo de inversión Fintech-, y para el tercero a otras 20 licencias de cable de menor importancia, en tanto que del cuarto al sexto estarán los canales de cable y los canales de aire y radios del interior.
En paralelo, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), encabezado por Martín Sabbatella, además tiene el desafío de finalizar el plan técnico y lanzar los concursos para la adjudicación de nueva
Como no era una cuestión judicializada, antes de cumplir los cuatro años de sancionada la ley, el Afsca había informado que 210 radios comunitarias ya tienen autorizado su funcionamiento, se crearon 167 radios en escuelas primarias y secundarias, 36 licencias de televisión se concedieron a Estados provinciales -12 analógicas y 24 digitales-, se abrieron 34 radios y un canal de televisión de pueblos originarios, y 53 radios FM se adjudicaron a Universidades.
Desde que se sancionó la ley, la Afsca otorgó 969 autorizaciones y licencias de radio, tv abierta y tv paga, en tanto que 1052 frecuencias de radio fueron llamadas a concursos públicos, 1132 ya están reservadas para municipios en todo el país y se presentaron más de 500 solicitudes para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social.
Por otra parte, existen 52 nuevos cableoperadores cooperativas, que producen 2800 horas diarias de programación propia, que se sumaron a un sector que cubre el 65 por ciento del territorio nacional y que tiene iniciativas, impulsadas por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y el programa Usina de Medios, para continuar su crecimiento en todo el país.
Durante 2013 se consolidó la Defensoría del Público, a cargo de la periodista Cinthya Ottaviano, y se terminaron de conformar las comisiones legislativas creadas por la ley de medios, las que en un principio habían sido boicoteadas por la oposición parlamentaria.
Aprobada en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y en el Senado, con 44, la ley de medios tiene dos ejes fundamentales: la reserva de un 33 por ciento del espectro para medios sin fines de lucro y las cuotas de producción local de contenidos, que busca descentralizar la industria, que hasta la ley tenía más de un 80 por ciento de concentración en el área metropolitana Buenos Aires.
En la actualidad, para promover nuevas voces existen más de 200 políticas de fomento instrumentadas por el Estado, diseminadas entre los ministerios de Planificación, Educación y Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Afsca, la Secretaría de Comunicación Pública, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Arsat y la Secretaría de Cultura, entre muchas otras.
Algunos de los desafíos planteados en foros de debate son la manera de, en un espectro radioeléctrico, consolidar nuevas voces -y no solo legitimar las hasta ahora tildadas ilegales o “truchas”-, de llegar a las audiencias y garantizar su sustentabilidacd económica, en un mercado en el que la ley marca que las licencias no pueden ser vendidas.
Fue así que el III Encuentro de Comunicación Audiovisual que tuvo lugar en Mar del Plata en noviembre dejó dos temas sobre la mesa: el debate sobre la soberanía de las telecomunicaciones -a partir de la videoconferencia del creador de Wikileaks, Julian Assange, en el marco del espionaje internacional y de la iniciativa para crear un Consejo Audiovisual de la Unasur-, la declaración de servicios públicos de todas las telecomunicaciones y la regulación de la pauta publicitaria pública y privada.
De esta manera, si la Corte Suprema de Justicia dio vuelta de página en el debate sobre la constitucionalidad, el desafío ahora es cumplir con las expectativas que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual despertó en la sociedad durante su debate federal, allá por 2009.
El final de una larga lucha: la ley de medios constitucional y la debida adecuación de grupos monopólicos
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En su cuarto año de existencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue declarada plenamente constitucional por la Corte Suprema de Justicia y el 2014 estará signado por el desafío de hacer cumplir los planes de adecuación voluntaria presentados por las empresas para desmonopolizar el mapa mediático.
El desafío para el 2014 es hacer cumplir los 21 puntos
De esta manera, el 29 de octubre de 2013 finalizó el peregrinaje por los tribunales que había comenzado el 26 de octubre de 2009 cuando el Grupo Clarín presentó un amparo para pedir que se declare la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley y logró que el ex magistrado Edmundo Carbone dictara una medida cautelar que frenó su aplicación desde el 15 de diciembre de ese año.
Para que la ley no quede en letra muerta, el desafío ahora es hacer cumplir el espíritu de los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, que datan de 2004, y que en 2009 dieron inicio al debate del texto presentado el 27 de agosto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de foros de debate realizados en todo el país.
No será una tarea fácil: la veintena de planes de adecuación, que comenzarán a ejecutarse en 2014, tienen que cumplir con ciertos parámetros para garantizar que se trate de una real desmonopolización.
En uso de la consulta de plan de adecuación que había presentado su socio minoritario de Cablevisión el 5 de diciembre, el Grupo Clarín poco después del fallo de la Corte Suprema reconoció el vencimiento de los plazos del 7D y oficializó una propuesta de división empresarial en seis unidades.
La propuesta, que será analizada por el Afsca en forma inminente, no incluye nombres de quienes serán los futuros dueños de las distintas unidades y concentra en el primer grupo a las principales señales y 24 licencias locales de televisión por cable de la actual Cablevisión, de ciudades en donde no existe incompatibilidad con la TV abierta.
De esta manera, Clarín deja para la segunda unidad a otras 24 licencias de televisión por cable -donde estará con fuerte presencia el fondo de inversión Fintech-, y para el tercero a otras 20 licencias de cable de menor importancia, en tanto que del cuarto al sexto estarán los canales de cable y los canales de aire y radios del interior.
En paralelo, el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), encabezado por Martín Sabbatella, además tiene el desafío de finalizar el plan técnico y lanzar los concursos para la adjudicación de nueva
Como no era una cuestión judicializada, antes de cumplir los cuatro años de sancionada la ley, el Afsca había informado que 210 radios comunitarias ya tienen autorizado su funcionamiento, se crearon 167 radios en escuelas primarias y secundarias, 36 licencias de televisión se concedieron a Estados provinciales -12 analógicas y 24 digitales-, se abrieron 34 radios y un canal de televisión de pueblos originarios, y 53 radios FM se adjudicaron a Universidades.
Desde que se sancionó la ley, la Afsca otorgó 969 autorizaciones y licencias de radio, tv abierta y tv paga, en tanto que 1052 frecuencias de radio fueron llamadas a concursos públicos, 1132 ya están reservadas para municipios en todo el país y se presentaron más de 500 solicitudes para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social.
Por otra parte, existen 52 nuevos cableoperadores cooperativas, que producen 2800 horas diarias de programación propia, que se sumaron a un sector que cubre el 65 por ciento del territorio nacional y que tiene iniciativas, impulsadas por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y el programa Usina de Medios, para continuar su crecimiento en todo el país.
Durante 2013 se consolidó la Defensoría del Público, a cargo de la periodista Cinthya Ottaviano, y se terminaron de conformar las comisiones legislativas creadas por la ley de medios, las que en un principio habían sido boicoteadas por la oposición parlamentaria.
Aprobada en la Cámara de Diputados con 147 votos afirmativos y en el Senado, con 44, la ley de medios tiene dos ejes fundamentales: la reserva de un 33 por ciento del espectro para medios sin fines de lucro y las cuotas de producción local de contenidos, que busca descentralizar la industria, que hasta la ley tenía más de un 80 por ciento de concentración en el área metropolitana Buenos Aires.
En la actualidad, para promover nuevas voces existen más de 200 políticas de fomento instrumentadas por el Estado, diseminadas entre los ministerios de Planificación, Educación y Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Afsca, la Secretaría de Comunicación Pública, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Arsat y la Secretaría de Cultura, entre muchas otras.
Algunos de los desafíos planteados en foros de debate son la manera de, en un espectro radioeléctrico, consolidar nuevas voces -y no solo legitimar las hasta ahora tildadas ilegales o “truchas”-, de llegar a las audiencias y garantizar su sustentabilidacd económica, en un mercado en el que la ley marca que las licencias no pueden ser vendidas.
Fue así que el III Encuentro de Comunicación Audiovisual que tuvo lugar en Mar del Plata en noviembre dejó dos temas sobre la mesa: el debate sobre la soberanía de las telecomunicaciones -a partir de la videoconferencia del creador de Wikileaks, Julian Assange, en el marco del espionaje internacional y de la iniciativa para crear un Consejo Audiovisual de la Unasur-, la declaración de servicios públicos de todas las telecomunicaciones y la regulación de la pauta publicitaria pública y privada.
De esta manera, si la Corte Suprema de Justicia dio vuelta de página en el debate sobre la constitucionalidad, el desafío ahora es cumplir con las expectativas que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual despertó en la sociedad durante su debate federal, allá por 2009.