La jueza de Garantías Marina Barbagelata dictó la prisión domiciliaria para Juan Pablo Sotelo, uno de los acusados por el homicidio de Luciano Emeri, registrado el pasado 4 de febrero en la localidad de Cerrito. Por su parte, el coimputado Lautaro Molaro continuará bajo prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

La resolución judicial se dio tras el planteo de los defensores de Sotelo, los abogados Boris Cohen y Pablo Minetti. La solicitud fue rechazada en audiencia por el fiscal Laureano Dato, quien había requerido la prórroga de la prisión preventiva en la cárcel para ambos imputados, al argumentar que persisten el peligro de fuga —dada la elevada pena en expectativa— y diversos riesgos procesales.

A pesar del planteo fiscal, la magistrada dispuso morigerar la medida de coerción para Sotelo, quien de todos modos permanecerá alojado en el establecimiento penitenciario hasta tanto se encuentre disponible el dispositivo de monitoreo electrónico.

Fuentes del caso indicaron a AHORA, que la alta demanda de tobilleras electrónicas podría demorar su traslado durante varios días. En el caso de Molaro, se le prorrogó la preventiva en la Unidad Penal por un plazo de tres meses.

Por otro lado, la querella de la familia Emeri registró un cambio de representación: el abogado Javier Aiani asumió el patrocinio tras la renuncia del letrado Flavio Steven.

Desde la Fiscalía adelantaron que la investigación se encuentra en su etapa final y próxima a ser remitida a juicio oral. La única diligencia pendiente de relevancia es la devolución de los teléfonos celulares peritados por la Policía Federal, procedimiento que se realiza en el marco de una causa paralela por el robo de un arma de fuego en una unidad militar de Paraná.

Durante el proceso, el fiscal Dato dio por confirmada oficialmente la identidad de la víctima y repasó las pruebas reunidas por la División Homicidios. El conjunto de evidencias incluye informes balísticos, registros de cámaras de seguridad, testimonios de allanamientos y el análisis de pericias telefónicas.

Entre los elementos más incriminatorios presentados por la acusación pública figura un intercambio de mensajes de WhatsApp que daría cuenta de una premeditación del crimen. Según se expuso, el 25 de enero —casi diez días antes del hecho— Molaro le envió un mensaje a Sotelo en el que le manifestaba: “Ogro, hacemos eso del ruso y podemos empezar a generar plata”. A esto se suma el testimonio de un testigo de identidad reservada, quien aseguró que ambos acusados admitieron ante él su participación en el asesinato.

La pericia balística y el origen del arma
Las pericias científicas resultaron claves para reconstruir la mecánica del hecho. Especialistas de la Dirección General de Policía Científica determinaron que la pistola calibre 9 milímetros secuestrada en una vivienda deshabitada sobre la calle Colón fue la utilizada para asesinar a Emeri y a su perro.

Los estudios comparativos establecieron coincidencias entre proyectiles extraídos del cuerpo del joven y restos hallados en Bulevar Libertad, a unos 150 metros de la Ruta Provincial N° 8. Asimismo, las vainas servidas encontradas en la vía pública y dentro del automóvil Ford Fiesta incendiado corresponden al mismo cargador.

El arma fue hallada cargada y oculta en una bolsa de plástico negra. Según la investigación, la pistola había sido robada a una integrante del Ejército Argentino en Paraná a comienzos de diciembre de 2025. Un dato relevante señalado por los investigadores es que Molaro perteneció anteriormente a dicha fuerza.

La reconstrucción del homicidio
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el crimen ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del 4 de febrero de 2026. Emeri acudió al acceso a Puerto Curtiembre tras haber pactado un encuentro mediante WhatsApp, presuntamente vinculado a una transacción con estupefacientes.

En ese punto, Sotelo le habría efectuado al menos dos disparos a la víctima para luego matar al perro que lo acompañaba. Posteriormente, con el objetivo de borrar rastros, los agresores habrían incendiado el Ford Fiesta blanco con el cuerpo del joven en su interior. Los registros de las cámaras de seguridad de Cerrito permitieron reconstruir la secuencia y el trayecto de los vehículos involucrados.

Hasta el momento, ambos acusados hicieron uso de su derecho constitucional de abstenerse de declarar.

Fuente: Ahora

Un choque frontal entre un auto y un camión se registró esta madrugada en la Ruta 174, en el puente Rosario-Victoria a escasos metros del peaje local. El tránsito estaba interrumpido, lo que generaba una extensa fila de vehículos detenidos.

Desde Radiópolis informaron que en las primeras horas de la jornada un auto y un camión chocaron de frente. Aún se desconocían los detalles de la mecánica del siniestro y si había lesionados o víctimas. Las imágenes que trascendieron, muestran al coche involucrado dado vuelta.

La presencia de ambos vehículos en la traza obligó a cortar el tránsito a la altura del peaje local en ambas manos. Según indicaron en Antes de Salir (El Tres) se habían concentrado varios coches que se encontraban detenidos ante la imposibilidad de avanzar hacia Entre Ríos.

En tanto, también se prohibió el paso desde Victoria hacia la ciudad de Rosario.

Fuente: Ahora

La tramitación de las audiencias de remisión de la causa a juicio -pedida en 2023 por Fiscalía- se inició los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril, a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1 de los Tribunales de Paraná. El 19 de octubre esa tramitación tendrá continuidad con la apertura del juicio.

En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la investigación por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional. Pero este tercer imputado, Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024. El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años para Martínez.

A Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.

A Martínez le achacaron que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprocharon que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.

Pero Martínez es un personaje secundario en esta historia. En el requerimiento de elevación a juicio que elaboraron los fiscales se lee:

“Desde el 01/01/08 hasta el 31/12/15, periodo en el que Sergio Daniel Urribarri se desempeñó como funcionario público (Gobernador y luego como Diputado de la provincia de Entre Ríos), incrementó de manera desproporcionada su patrimonio, en relación a los ingresos percibidos, por un monto de $11.546.771,92; 7.245.441,02 de dólares y 16.300 euros, conforme surge del informe pericial contable de Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé y la evidencia colectada en el legajo. Para lograrlo, se valió de Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, quienes actuaron en calidad de persona interpuesta para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”.

La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri.

Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista ANÁLISIS del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.

Allí, se investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa de Cardona Herreros en diversas contrataciones desde el Estado entrerriano. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia, según se desprende de la investigación fiscal.

La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios.

No se trata de la única causa por corrupción que involucra al ex gobernador. En Tribunales también hay un trámite abierto, ligado íntimamente a la investigación por enriquecimiento, la “causa Coimas”.

Fuente: Análisis Digital

El proyecto fundamenta la necesidad de ampliar la planta en el incremento de la población penal en las ocho cárceles de la provincia y en la situación que atraviesan actualmente en materia de recursos humanos.

De acuerdo con los datos incluidos en el mensaje del Poder Ejecutivo, el Servicio Penitenciario cuenta actualmente con 1.404 integrantes, mientras que la población penal asciende a 3.162 internos.

La diferencia entre ambas cifras -que equivale a más de dos personas privadas de la libertad por cada integrante del Servicio Penitenciario si se considera la totalidad del personal- es presentada por el gobierno como uno de los principales motivos para avanzar con la incorporación de nuevos agentes.

En los fundamentos se advierte además sobre la “delicada situación” que atraviesan las instituciones carcelarias en materia de recursos humanos y sobre la “compleja realidad y las dificultades” que enfrenta cotidianamente el personal penitenciario para cumplir con los objetivos que se le exigen.

En ese sentido, el gobierno sostiene que la creación de cargos constituye una forma de reconocer esa situación mediante “acciones concretas” y apunta a fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario.

Más control y nuevos métodos

El proyecto sostiene que la incorporación de los nuevos agentes permitirá avanzar hacia un marco de control adecuado dentro de las instituciones carcelarias y facilitará la implementación de “nuevos y más eficaces métodos” en la ejecución de los programas de tratamiento e intervención destinados a los internos.

La iniciativa consta de tres artículos. El primero establece formalmente la creación de los 100 cargos en la jurisdicción de la Dirección General del Servicio Penitenciario.

El segundo faculta al Poder Ejecutivo a incorporar esos cargos al Presupuesto vigente y a realizar las adecuaciones de las partidas de erogaciones que sean necesarias para cumplir con la ley y el tercero es de forma.

La dotación total del Servicio Penitenciario es de 1.446 funcionarios, distribuidos en 504 Agentes, 224 Cabos, 153 Cabos Primero, 93 Sargentos y una línea de mando que va de 4 Inspectores Generales hasta 1 Adscripto. Por dependencia, la Unidad Penal Nº1 de Paraná concentra la mayor planta (329 funcionarios), seguida por la Nº9 de Gualeguaychú (234) y el Instituto de Formación Penitenciaria (118).

Los datos surgen de la respuesta a un pedido de información pública cursado por ANÁLISIS al organismo que lidera Alejandro Miotti. El informe destaca que entre 2019 y 2023 no hubo ampliación de planta, y que la gestión actual incorporó 40 cargos de Agente por Ley 11.158 (2024), 50 cargos de Agente y 15 de Oficial Subadjutor por Ley 11.241 (2025), 5 cargos cedidos por la Cámara de Diputados (2026) y tiene en trámite una ampliación de 100 cargos adicionales para 2026, ya autorizada por el Ministerio de Economía.

Fuente: Análisis Digital

El conocido comisario y abogado Daniel Rosatelli fue detenido el miércoles 19 de agosto en una investigación por narcotráfico, generando un fuerte impacto político y judicial. Mientras la justicia mantiene hermetismo por el secreto de sumario impuesto por el juez federal Leandro Ríos, la defensa de Rosatelli asegura que no hay pruebas en su contra, califica las actuaciones de “ridículas” y sostiene que se trata de una causa armada como represalia por una denuncia penal vinculada al servicio del 911.

Rosatelli fue vinculado al expediente que se originó el 13 de febrero de este año a partir del secuestro de 1.345 kilos de marihuana en un en el utilitario Citroën Jumper en un camino rural de San Gustavo, en el departamento La Paz. En la causa hay otras seis personas investigadas. Actualmente, el letrado se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná (en un pabellón para policías).

Según supo UNO, tras acceder al expediente judicial, la defensa de Rosatelli concluyó que no existen evidencias en su contra. Según sus representantes, la acusación carece de sustento y se reduce a una “operación”, una causa armada para perjudicarlo. Afirman que el expediente no contiene registros de comunicaciones, filmaciones ni contactos de Rosatelli con personas vinculadas al narcotráfico. La defensa está integrada por Miguel Ángel Cullen, Rubén Pagliotto y Damián Petenatti.

“Rosatelli ni siquiera conoce a quien la investigación apunta como quien dirigió ese cargamento”, enfatizó la defensa, desmarcando al abogado de cualquier red de comercio de estupefacientes. Insistieron en que no hay escuchas de Rosatelli sobre droga, sino que las grabaciones existentes giran únicamente en torno a la denuncia al 911.

El equipo de abogados adelantó que explicarán la “poca relación” que Rosatelli tuvo con “esa bendita camioneta” mencionada en la causa. Asimismo, calificaron los informes de la policía como documentos “ridículos y poco serios”, afirmando que carecen de rigor para justificar la detención. Cabe señalar que Rosatelli se abstuvo de declarar en la causa el jueves 20 de agosto y lo hará en otra oportunidad.

La hipótesis de la venganza

Para la defensa, el verdadero motivo de la detención no se relaciona con la Ley de Drogas N° 23.737, sino con una represalia institucional. “A Rosatelli le están haciendo pagar la denuncia del 911″, sostienen. Cabe recordar que entre los abogados de Rosatelli se encuentra Pagliotto, quien representa a los policías denunciantes en la causa del 911.

Esta línea se conecta con la denuncia penal presentada por un grupo de policías contra Juan Manuel Zunino, jefe de la División 911 de Entre Ríos, por presunta malversación de fondos de servicios adicionales. En este marco, en mayo se realizó la primera medida de prueba, oportunidad en la que la fiscalía secuestró documentación física y digital en las oficinas del 911. La denuncia describe a Zunino como un funcionario de alto perfil, con influencia y vínculos políticos en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia.

La representación legal señaló que “la presente denuncia no implica la reiteración de hechos ajenos, sino que incorpora situaciones conocidas y vivenciadas por los comparecientes, que permiten ampliar, complementar y dotar de mayor precisión a la maniobra investigada, poniendo en evidencia la existencia de un sistema organizado de recaudación ilegal dentro de la División 911 y posiblemente de otras áreas de la institución policial”.

“En este marco, se formula denuncia penal contra los oficiales jefes de policía Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez, así como también contra todo otro funcionario que pudiera resultar responsable, por la posible comisión de los delitos de peculado (art. 261° CP); malversación de caudales públicos (Art. 260°); exacciones ilegales (art. 266° CP); abuso de autoridad (art. 248° CP); coacción (art. 149° bis CP); falsedad ideológica de instrumento público (art. 293° CP) y encubrimiento (art. 277° CP), y/o cualquier otra figura delictual que, dentro del contexto fáctico, pudiera surgir conforme avance la investigación. Asimismo, los tipos penales que eventualmente se configuren, lo serán tanto a título de dolo como de culpa, cualquiera haya sido el grado de participación criminal que le cupo a quienes resulten penalmente responsables”, dice la denuncia presentada meses atrás. (Fuente: Diario Uno)

Un camionero quedó aprehendido después de reconocer que había inventado un asalto y el robo de su camión en la Autovía 18, a la altura del kilómetro 231, en jurisdicción de la Jefatura Departamental Concordia, Estación Yeruá. El hombre había denunciado el hecho el 14 de agosto para cobrar el seguro, pero las inconsistencias de su relato lo delataron.

Según la denuncia inicial, alrededor de las 19:30 circulaba en un camión Fiat Iveco Cursor 330, de color azul y con batea blanca, que transportaba una cisterna con 609 litros de gasoil, desde Buenos Aires hacia la Colonia Oficial 5, de la Compañía Forestal del Sur. Dijo que se detuvo a orinar y que allí fue abordado por un hombre que lo apuntó con un arma y le cubrió la cabeza, para luego ser trasladado algunos kilómetros sin poder ver hacia dónde se llevaban el camión. La zona ya había registrado el peligroso despiste de un camión en medio de la lluvia.

Además del camión, denunció el robo de un teléfono Samsung A04, una billetera con 5.000 pesos y un bolso negro con 1.500.000 pesos que, según aseguró, correspondía a su sueldo. El hombre fue trasladado a los servicios médicos porque presentaba golpes.

Personal de la Comisaría Pedernal, de la División Drogas Peligrosas y de Caminera, Puesto Concordia, se constituyó en el lugar. Los efectivos corroboraron mediante la patente que el camión no había pasado por el peaje de Yeruá, situación que fue puesta en conocimiento del fiscal de turno, Mario Figueroa. Los incidentes con camiones en la zona no son aislados: hace poco uno volcó en la Ruta 14 tras ser “encerrado” por otro transporte de carga.

La falsa denuncia
Al ser entrevistado nuevamente para determinar la veracidad del hecho, el hombre terminó reconociendo que la denuncia era falsa. Manifestó que hacía bastante tiempo que no tenía el camión, que todo había sido inventado con el objetivo de cobrar el seguro y que había realizado la maniobra para hacerle un favor a sus patrones. También admitió que había arrojado el teléfono y la billetera a la vera de la Ruta 18 y que el dinero estaba en poder de su padre.

La División Policía Científica, que había intervenido en el lugar señalado por el supuesto damnificado, no observó ningún indicio de que se hubiera cometido un delito. El fiscal dispuso que, una vez encontrados los elementos, el hombre fuera aprehendido por el delito de falsa denuncia. La causa se suma a otras investigaciones que tramitan en la Fiscalía de Concordia, como el secuestro de un autoelevador comprado mediante cheques sin fondos.

En un rastrillaje dispuesto por la fiscalía, la Policía logró localizar el teléfono y la billetera en el cantero central del segundo retorno, a la altura del kilómetro 231 de la Autovía 18, sentido Este-Oeste. Los elementos fueron secuestrados y se dispuso la correcta identificación del denunciante.

Fuente: Ahora

A casi tres días del asalto, no hay novedades sobre el camión de transporte de cereales oriundo de Entre Ríos, robado a 50 kilómetros de Rosario y transportado con el apoyo de un auto en el que llevaban a su chofer secuestrado hasta pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde se sospecha que estaría guardado. Los dueños del vehículo advierten demoras en la investigación policial.

El camión es propiedad de Matías Heffel, transportista de la ciudad de Hernández, en el departamento entrerriano de Nogoyá. Su conductor había llevado granos hasta la zona portuaria de Rosario, donde había descargado cerca de la medianoche del jueves. El chofer paró a descansar a un costado de la ruta 34 en el pequeño pueblo de Salto Grande, a unos 50 kilómetros de Rosario. Su itinerario continuaba el viernes de mañana hacia Santiago del Estero para buscar una nueva carga.

El robo y secuestro

A eso de las 6 de la mañana, mientras dormía, tres ladrones rompieron uno de los vidrios laterales de la cabina, abrieron la puerta y lo redujeron. Precintado y con la cabeza tapada con una capucha, lo pasaron a un Fiat Cronos de un color oscuro. Este es uno de los pocos registros fílmicos chequeados de un raid delictivo que se extendió por más de 400 kilómetros, incluso con idas y vueltas por la autopista 9.

El camión y el auto de apoyo tomaron la ruta 34 de regreso hacia Rosario. A unos 25 kilómetros, cerca de las 7 de la mañana del viernes, frenaron en Luis Palacios para desenganchar el acoplado y retirar el sistema de geolocalización del Mercedes Benz. La ubicación llamó la atención del dueño del camión, Heffel, quien le preguntó a su chofer con un mensaje de WhatsApp si tenía algún inconveniente, ya que la ruta que debía tomar era hacia el norte.

“Todo bien”, fue la respuesta corta, seca, que recibió. El celular ya era manipulado por los asaltantes, que tenían reducido al camionero en el Cronos. Cuando pasaba el tiempo y el camión no se movía –según el GPS-, el transportista Heffel confirmó que algo no andaba bien con su vehículo y su conductor y decidió llamarlo. Atendió uno de los ladrones:

– Devolveme el camión. Te doy una buena recompensa- empezó Heffel la conversación, al escuchar una voz que no era de su empleado.

– ¿Pero cuánto me vas a dar?- contestó el asaltante desde el auto.

– 15.000 dólares– ofreció el transportista de Hernández.

La propuesta pareció interesar a los ladrones.

– ¿Cómo va a ser ese encuentro? ¿Cómo vamos a hacer? –le retrucó el pirata del asfalto.

Según relató el dueño del transporte a Ahora, le ofreció transferir el dinero, pero en ese momento la llamada se cortó por falta de señal. Los ladrones con el camionero secuestrado avanzaban por la ruta.

Según el trayecto que reconstruye el dueño del Mercedes Benz, los asaltantes viajaron desde cercanías de Rosario casi hasta la entrada de la ciudad de Córdoba por la autopista 9. Volvieron por la misma ruta, ahora solamente en el auto, hasta el pueblo de Tortugas, a unos 120 kilómetros de Rosario. Allí liberaron al chofer (lo dejaron en el cementerio del pueblo) a las 6 de la tarde del viernes, casi 12 horas después de comenzar el asalto en Salto Grande.

¿Por qué habrían hecho semejante viaje de más de 400 kilómetros sin sacarse de encima antes al camionero? El dueño del transporte cree que los ladrones sospechaban que el Mercedes Benz tenía un segundo dispositivo de GPS y retuvieron al chofer preventivamente.

La ubicación probable

¿Dónde estaría el Mercedes robado? Heffel está seguro de que se encuentra en algún lugar de Córdoba Capital o de Toledo, a unos 20 kilómetros de La Docta. Sospecha de que haya un grupo de gitanos atrás de la operación, que mostró ribetes profesionales en el rubro de la piratería del asfalto. Hubo una conversación muy sugestiva entre los ladrones. “¿A quién le llevamos el camión: a Chucky, a La Vieja o al Diego?”, preguntaron en un momento. Uno de los tres nombres corresponde a un hombre de la comunidad gitana conocido por moverse en el mercado negro de los motores.

El Mercedes Benz 1634 resulta ser muy valioso en el comercio ilegal y sus repuestos tienen mucha salida. Su dueño sospecha que el uso que piensen darle sea el conocido “emponchado”. Este modus operandi consiste en comprar un camión accidentado o muy dañado a muy bajo precio, removerle el número de chasis y colocárselo a un camión más nuevo, robado. Este vehículo sustraído se vende muy bien en el mercado y vuelve a la ruta con identificación aparentemente en regla, y el movimiento deja un gran margen de ganancia.

“Un trabajo que se sabe que hacen en Córdoba”, sugiere Heffel.

Demoras

Lo que no entiende el propietario del Mercedes es la falta de avances en la investigación. Hizo la denuncia en la Policía de Salto Grande, donde empezó el asalto: una jurisdicción pequeña sin capacidad de emprender una pesquisa de esta magnitud. La investigación la llevaría la Policía de Investigaciones (PDI) de San Lorenzo. Según dijo el transportista, allí le dijeron que “recién el martes” (después del fin de semana largo) accederían a cámaras de seguridad de toda la traza que habría hecho el camión.

“Es un robo de camión con secuestro. El camionero está muy asustado, lo amenazaron de muerte a él y a su familia y le sacaron una foto al DNI. El camión pasó por peajes, estaciones de servicio, está lleno de cámaras. Podrían revisar antes”, lamentó Heffel.

Según repasó, en el recorrido tanto el camión -sin acoplado y con una lona suelta, es decir algo llamativo y fácilmente reconocible- frenó a cargar combustible en varias estaciones de servicio YPF, por lo menos en las de Pilar, Leones, Santa Bárbara y finalmente en Tortuga, donde abandonaron al chofer.

¿Hay algún indicio que le dé mínimo sustento a la hipótesis del auto robo, con el chofer detrás? Heffel lo considera “imposible”. Defiende a su hombre como “camionero de toda la vida” y le tiene 100% confianza.

Por lo demás, el Mercedes Benz modelo 2014 no está asegurado contra robos.

Todo apunta hacia Córdoba, donde el dueño del camión espera que avamce la investigación policial. “Le preguntás a cualquiera que haya viajado a Córdoba y seguro le cobraron alguna infracción. Te olvidás las luces apagadas y te multan. Pero pasa un camión robado y no lo para nadie”, observa Heffel. (Fuente: Ahora)

Un camión volcó en el Acceso Norte de Paraná este lunes al mediodía, en momentos en que una torrencial lluvia afectaba a la capital entrerriana y alrededores. El accidente de tránsito ocurrió en la bajada de la Circunvalación que conecta con la Ruta Nacional 12, a la altura de Colonia Avellaneda.

Por circunstancias que se trataban de establecer, el vehículo de gran porte terminó volcado sobre la calzada y parte de la carga que transportaba quedó desparramada contra el guardarraíl que divide ambos sentidos de circulación.

El siniestro vial, que ocurrió este mediodía, en el rulo de Acceso Norte hacia Ruta Nacional N.º 12, donde un camión que transportaba algodón perdió el control y volcó sobre uno de sus laterales.

El conductor del rodado, logró salir del habitáculo por sus propios medios y no resultó lesionado, confirmaron fuentes policiales.

El siniestro generó complicaciones para quienes transitaban por el sector, debido a la presencia del camión y de la mercadería sobre la ruta, en un contexto de intensas precipitaciones y visibilidad reducida.

Operativo en el Acceso Norte

Hasta el lugar se trasladaron efectivos policiales para intervenir en el accidente y ordenar el tránsito con el objetivo de evitar nuevos siniestros.

También acudió personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, que trabajaba en el sector donde quedó volcado el transporte.

En el lugar trabajó además personal de Defensa Civil, colaborando con el ordenamiento y la seguridad del tránsito, debido a que parte del rodado quedó sobre la cinta asfáltica y la banquina.

Se recomendaba a los automovilistas circular con extrema precaución por el Acceso Norte debido al operativo desplegado y a las condiciones meteorológicas adversas que afectaban la zona. (Fuente: Elonce)

Al referirse a la resolución judicial, González subrayó la firmeza de la provincia frente al crimen organizado asegurando que “en Entre Ríos, el narcotráfico no tiene lugar”. El jefe policial destacó que la condena por narcotráfico contra el exdirigente rural y otras seis personas es el resultado de desarmar una estructura compleja dedicada al financiamiento y abastecimiento de estupefacientes.

González hizo hincapié en el esfuerzo detrás de la investigación, señalando que este desenlace es “el resultado de meses y años de trabajo silencioso, riguroso y comprometido” por parte de la fuerza de seguridad provincial en coordinación con la justicia federal.

En su reconocimiento a los efectivos que participaron en los allanamientos, seguimientos y pruebas técnicas, afirmó: “Ustedes no solo cumplieron con su deber: defendieron a la sociedad de Entre Ríos”. Para el jefe de la fuerza, el fallo judicial valida la labor policial. “Lo que hoy dicta el Tribunal es la confirmación de que ese trabajo fue sólido, serio y justo”, dijo según registró ANÁLISIS.

Con respecto a la trascendencia del fallo, que incluyó una pena de 12 años de prisión para Airaldi y multas millonarias, el jefe de la fuerza sostuvo: “Esta condena no es solo una cifra: es el reconocimiento al esfuerzo de quienes recorren, analizan, investigan y arriesgan cada día”.

El veredicto también impuso penas a otros integrantes de la organización como Juan Andrés Erbes, condenado a 6 años y 8 meses, y Sebastián Armocida, quien recibió 6 años. A pesar de que el tribunal absolvió a dos de los implicados y rechazó el decomiso de una estancia, la policía destacó que el núcleo de la banda fue desarticulado con éxito.

Finalmente, González cerró su intervención reafirmando que el profesionalismo de los agentes demostró que quienes actúan al margen de la ley terminan ante la justicia, concluyendo con que “el resultado de hoy es mérito de ustedes”.

La investigación, que contó con el apoyo de la Fiscalía Federal y la PROCUNAR, permitió probar el liderazgo de Airaldi en la región de Diamante y Paraná. El jefe policial agradeció la dedicación de sus subordinados por representar con altura a la institución para lograr una provincia más segura.

Fuente: Análisis Digital

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión y le impuso una multa superior a los 118 millones de pesos, al considerarlo responsable de liderar, proveer y financiar una organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operó entre 2019 y 2024 en Diamante y Paraná.

El veredicto de los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello, alcanzó además a otros seis imputados, mientras que dos acusados resultaron absueltos. Las penas impuestas fueron inferiores, en algunos casos, a las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. En el caso de Airaldi, la Fiscalía había reclamado 14 años de prisión.

La defensa del exdirigente ruralista, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, había anticipado horas antes del veredicto que esperaba una absolución y adelantó que, ante una eventual condena, recurriría el fallo una vez conocidos sus fundamentos.

Las condenas dictadas por el Tribunal

Además de Airaldi, Juan Erbes fue condenado a seis años de prisión y una multa de 11 millones de pesos, mientras que Sebastián Armocida recibió una pena de seis años de cárcel y una sanción económica de 10 millones.

En tanto, Roberto Coronel fue condenado a cinco años de prisión y una multa de siete millones de pesos. Joel Shonfeld, considerado partícipe secundario, recibió tres años de prisión y una multa de cinco millones de pesos.

Por su parte, María Soledad Touzet fue condenada como partícipe secundaria a tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de tres millones de pesos.

Walter Gonzalo Olivero recibió también tres años de prisión condicional y una multa de tres millones de pesos. El Tribunal dispuso su inmediata libertad y ordenó retirarle la tobillera electrónica.

El Tribunal resolvió, además, absolver a Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez de las acusaciones formuladas en su contra.

El fallo llegó después de un extenso debate en el que la Fiscalía buscó demostrar la existencia de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes y atribuyó a Airaldi un papel central dentro de su funcionamiento.

Según la hipótesis sostenida por la acusación, Airaldi distribuía tareas y administraba los recursos financieros y logísticos destinados a la compra, traslado y comercialización de drogas en la región.

La acusación había sido impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, junto al fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el funcionario de PROCUNAR Martín Uriona.

Las causas que llegaron a juicio

El proceso judicial unificó dos expedientes considerados centrales para reconstruir el funcionamiento de la organización. Uno de ellos tuvo su origen en agosto de 2022, en Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe.

Aquella investigación comenzó a partir del secuestro de 30 kilos de cocaína, cuya logística fue vinculada por los investigadores con Airaldi y otros integrantes de la estructura investigada.

El segundo expediente se concentró en las presuntas operaciones realizadas mediante rutas fluviales y terrestres. Según la investigación, parte de esa logística habría sido coordinada desde una estancia situada en una isla del río Paraná.

En relación con esa causa continúa prófugo Diego Torres, identificado como puestero del establecimiento y buscado en el marco de la investigación.

La defensa anticipó que recurrirá la condena

Antes de conocerse el veredicto, Barbitta había cuestionado la prueba reunida contra su defendido y sostenido que esperaba una absolución. “Estamos esperando la absolución de Leonardo Airaldi”, había manifestado.

La letrada también dejó planteado cuál será el próximo movimiento judicial ante una sentencia condenatoria. “Ya lo charlamos con Leonardo y él está de acuerdo que, cuando lleguen los fundamentos, vamos a presentar un recurso de casación”, adelantó.

De esta manera, una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia, la defensa podrá avanzar con la impugnación anunciada. Mientras tanto, el veredicto dejó a Airaldi condenado a 12 años de prisión como principal responsable de la organización narcocriminal juzgada en Paraná. (Fuente: Elonce)