La medida se enmarca en una serie de reclamos vinculados a la situación salarial y previsional del sector docente. Entre las principales consignas, los trabajadores exigen un urgente aumento salarial, rechazan cualquier intento de ajuste en educación y manifiestan su oposición a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

La modalidad será descentralizada, con puntos de encuentro en cada localidad de la provincia, con el objetivo de visibilizar los reclamos en los accesos principales de las ciudades, publicó Apf Digital.

Asimismo, se invitó a los docentes a consultar en cada seccional local el punto exacto de concentración y a sumarse a la jornada de protesta bajo las consignas “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”.

Fuente: Análisis Digital

El tema es parte de un intríngulis judicial que recaló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La disputa judicial entre UTA y la concesionaria del servicio de transporte urbano de colectivos en Paraná, la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por San José SA y Kenia SA en torno a la vigencia de una cautelar que obliga a la prestadora a absorber 237 trabajadores de la exconcesionaria Buses Paraná recaló en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dirimir qué fuero es competente.

Aunque mientras se dirime la competencia, se mantiene la suspensión de aquella cautelar que obligaba a San José a incorporar a esos 237 trabajadores que se habían desempeñado en Transporte Mariano Moreno SRL y Ersa Urbano. Esa fue la estrategia que llevó adelante el estudio del abogado Adrián Barsanti, que representa a San José: freezar esa decisión que obliga a la concesionaria a sumar más de 200 empleados a su plantilla.

Pero UTA entiende que la cautelar no está suspendida, y exige que San José cumpla con la resolución judicial e incorpore a los choferes de Buses Paraná.

Alejandro Becic, abogado de UTA, le dijo a Entre Ríos Ahora que el acampe busca que San José “cumpla” con el mandato judicial. “El acampe es para que cumplan con la ley, cumplan con los fallos judiciales como corresponde. Ese es el sentido de la medida de acampe”, explicó.

La cuestión se expondrá este martes, a las 12.30, en la Secretaría de Trabajo, donde UTA espera que San José se presente a dar cuenta de lo que entienden como “incumplimiento” a la manda judicial.

UTA acudió con un recurso de queja y consiguió una resolución de una Cámara Laboral porteña que dictaminó que la cautelar debe cumplirse y los choferes deben ser absorbidos por San José.

Para apurar el cumplimiento de esa petición, los choferes iniciaron un acampe en un sector riesgoso para el tránsito, en las puertas de San José. La concesionaria dio intervención a la Policía.

Aunque se aguarda que también la Municipalidad de Paraná anoticie al tribunal que, en diciembre pasado, hizo lugar a una medida cautelar.

El 6 de diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná hizo lugar a una medida cautelar pedida por la Municipalidad de Paraná y ordenó a la UTA que se abstenga de realizar medidas de protesta que pongan en riesgo el inicio de la concesión por parte de la nueva concesionaria San José, el domingo 7 de diciembre. El tribunal comunicó su decisión al jefe de Policía, Claudio González, y al fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes.

Desde San José aseguran que esa cautelar sigue vigente y que por tanto la UTA no podría mantener el acampe.

La postura del gremio de los choferes es bien otra. A finales de marzo, la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo confirmó la resolución del titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro. “La empresa San José no tiene ninguna otra posibilidad más que cumplir. La Corte debe resolver la cuestión de competencia, no la cautelar. Claramente lo que dijo la Cámara es que, si bien se procedió a la paralización del proceso principal, esto no abarca las medidas cautelares, que es prácticamente lo lógico, porque las medidas cautelares se toman dentro de un marco de urgencia. Entonces, mientras la Corte resuelve, esto no puede afectar bajo ningún punto de vista la medida cautelar. Así que este fallo lo que hace es reafirmar que está en plena vigencia la medida cautelar y que la empresa debe cumplir con esta medida cautelar”, dijo entonces el abogado de la UTA, Alejandro Becic.

La estrategia judicial de la UTA la llevó adelante la conducción del gremio a nivel nacional. Y para eso llegó a Paraná el secretario adjunto del secretariado nacional del sindicato, Jorge Kiener. Ahora, quien se hizo presente en el acampe es el secretario de finanzas de la UTA nacional, Rodrigo Eppelbaum.

Fuente: Análisis Digital

Luego detalló que existen obras sociales dadas de baja (industria del fósforo), algunas “en crisis” (construcción y pesca) y otras intervenidas (trabajadores rurales y ladrilleros) y especificó que el 67% de los beneficiarios de las obras sociales nacionales (más de 9 millones de trabajadores) se encuentra por debajo del promedio de aportes, establecido en $67.525. Más allá de eso, estiman que el valor del plan médico obligatorio ronda los $85.000 por afiliado, lo que explica que las obras sociales de los gremios “no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones”.

Este estado de situación repercute en que “se resiente la cadena de pagos a prestadores, que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.

Asimismo, se refirieron al “agujero financiero que nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema es un 290% inferior al costo del plan médico obligatorio”. A esa población se le suma la de jubilados, por la que la gestión sindical recibe del PAMI $48.629, cuando la recaudación orbita los $159.000. “Por esa diferencia no contrapresta ningún servicio”, remataron.

Fuente: Debate Abierto-CGT

“Lo que hace el Gobierno es poner un techo (a las paritarias) y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo que, por supuesto, está por debajo de la inflación”, denunció Jorge Sola (seguros), uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia de prensa dada en la sede de Azopardo 802 donde estuvo acompañado de su par Octavio Argüello (camioneros) y el secretario de Prensa Horacio Arreceyggor (SATSAI). Llamó la atención la ausencia del tercer integrante del triunvirato Cristian Jerónimo (vidrios). En su entorno justificaron que debió partir a otra reunión.

“Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de uno de los valores y los precios que es el control de los salarios”, agregó Sola y reafirmó “la defensa irrestricta de la posibilidad de cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales”.

La denuncia fue hecha como parte del balance de la reunión del Consejo Directivo de la central donde analizaron la situación social del país, la marcha de la disputa judicial por la reforma labora y la delicada situación de las obras sociales.

El IPC CGT
En el último tiempo, el índice de precios IPC elaborado por el INDEC ha recibido varias cuestionamientos y desde el sindicalismo afirman no reflejan el crecimiento real de la inflación. No es un dato menor, porque es el índice de referencia para discutir las paritarias. Por eso la CGT está preparando su propio IPC.

Consultado por Ámbito, Sola explicó que están trabajando con la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires para elaborar un propio índice de precios que tengan en cuenta la realidad de los trabajadores. El proyecto no se detendría ahí, sino que piensan medir otros sectores productivos para tener un mejor panorama de la actividad económica del país.

Este medio le consultó si a partir del nuevo índice los gremios dejarán de tener en cuenta el IPC del INDEC, pero Sola evitó responder. Dejó librado a cada sindicato la decisión de usarlo o no, pero es de esperar que la desconfianza con el INDEC los llevé a usarlo.

Situación social y marcha a Plaza de Mayo
Las conclusiones sobre la situación social y económica fueron preocupantes. “Estamos atravesando una fuerte perdida del poder adquisitivo, el endeudamiento familiar, la perdida constante de trabajadores de formales e informales y el crecimiento del índice de desempleo”, afirmó Sola.

Para protestar contra esta situación, anunciaron una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril, en la antesala del día de los trabajadores. Se planea un acto ecuménico y multirreligioso donde, además, se hará un homenaje al fallecido papa Francisco, quien ha puesto a la “justicia social” como uno de los ejes de su prédica.

La batalla judicial contra la reforma laboral
Durante la reunión de la cúpula de la CGT analizaron la marcha de la batalla legal contra la reforma laboral. Sola destacó que la Justicia “en este momento nos ha dado la razón, dando verosimilitud a nuestro pedido de inconstitucionalidad de estos 83 artículos”.

Sola hizo referencia a la cautelar lograda en el fuero laboral donde se suspendieron 83 artículos que “son el corazón de la mal llamada ley de modernización laboral”. Aseguran que la norma representa un retroceso en los derechos laborales, algo qie viola la carta magna. En esa línea seguirán trabajando.

Sola aprovechó para enviar una indirecta a los sectores críticos de la CGT, quienes piden más firmeza y acciones directas de protesta. En cambio, el triunviro reivindicó el camino hecho y el reclamo en la Justicia, una decisión “estratégica y tácticamente” acertada. Hay que decir que hasta ahora ha dado el mejor resultado de todo lo hecho hasta ahora.

Fuente: Ámbito Financiero.

Los trabajadores judiciales de Entre Ríos profundizaron su reclamo salarial tras una nueva medida de fuerza que registró un alto nivel de acatamiento. El secretario general de la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), José María Segura, confirmó a Elonce que el paro alcanzó un 86% de adhesión y advirtió sobre la continuidad del conflicto ante la falta de respuestas del gobierno provincial.

“El reclamo principal es una recomposición salarial. Nosotros estamos reclamando esto desde el año pasado. El conflicto es largo, no ha habido respuestas del gobierno”, expresó Segura en declaraciones radiales.

El dirigente sindical señaló que la situación salarial es crítica, especialmente en las categorías más bajas del escalafón. “El salario de un escribiente, que es el primer escalón de la carrera administrativa, está por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.

Segura también cuestionó la modalidad de pago de haberes por parte del Ejecutivo provincial. “El gobierno está pagando el sueldo en forma fraccionada, es decir, nos paga los retroactivos después de pagar el sueldo”, indicó.

Además, remarcó que el malestar se extiende a otras áreas del sistema judicial, como la situación de la caja previsional y las condiciones laborales en distintos puntos de la provincia.

En ese sentido, el titular de AJER advirtió sobre la sobrecarga de tareas que enfrenta el personal. “Con cerca de 1.800 empleados estamos cubriendo prácticamente toda la provincia, lo que marca que la cantidad de trabajadores tiene que soportar una intensidad de trabajo que muchas veces excede la capacidad”, explicó.

El dirigente gremial confirmó que, hasta el momento, no hubo nuevas instancias de negociación. “Entendemos que la mesa salarial está terminada y lo que sigue ahora es plantear el reclamo en forma directa al gobierno”, sostuvo.

En esa línea, anticipó que el gremio analizará los próximos pasos en un plenario. “Seguramente vamos a definir iniciar un reclamo en forma directa al gobierno provincial”, adelantó.

Fuente: Elonce

En un Congreso Extraordinario que sesionó este jueves en Colón, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) exigió al Gobierno provincial una “urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritarias”.

Desde el gremio se reiteró el repudio a los pagos “arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales” dispuestos por Decreto por el Ejecutivo provincial, y rechazó cualquier tipo de reforma previsional.

Las cuatro resoluciones del Congreso de Agmer

1-“Exigir urgente convocatoria con una propuesta salarial acorde a los criterios demandados en paritaria”.

2-“Ratificar el rechazo y repudio a los pagos arbitrarios, insuficientes, distorsivos e ilegales dispuestos por el gobierno”.

3-“Rechazar cualquier tipo de reforma previsional que avance sobre la caja y vulnere los derechos conquistados”.

4-“Continuar realizando acciones departamentales y provinciales, facultando a CDC a definir las mismas”. (Fuente: Debate Abierto)

Un total de 70 mesas se encuentran habilitadas en distintos puntos de Entre Ríos. A su vez, se dispusieron urnas volantes en cabeceras departamentales, localidades del interior y en diversos lugares de trabajo, garantizando el acceso al voto. La recepción de sufragios se extenderá hasta las 18 horas.

En el plano provincial se presenta una lista única, encabezada por José Ángel Allende como secretario general, que busca renovar su mandato, y Cristina Melgarejo como secretaria adjunta. En esta instancia se eligen además los integrantes de la Comisión Directiva —compuesta por 25 vocales titulares y 25 suplentes— y del Consejo Asesor.

De manera simultánea, se desarrollan las elecciones para definir las autoridades del Consejo Directivo Nacional, junto con la Comisión Revisora de Cuentas y el Consejo Asesor a nivel nacional.

Cabe destacar la participación de dirigentes de la Seccional Entre Ríos en la lista nacional que encabeza Andrés Rodríguez: José Allende como candidato a secretario de Organización; Joaquín Martínez como subsecretario de Deportes; y Matías Monzón como integrante del Consejo Asesor.

Se prevé que los resultados provisorios se encuentren disponibles a partir de las 21 horas. (Fuente: UPCN)

“Me llama la atención que un intendente peronista le cierre la puerta a un gremio, UPCN, y por otro lado, minimice el hecho de pagar con un vale para cambiar por comestibles, en lugar de aumentar salarios”, señaló la dirigente gremial, que además deslizó: “Es un gobierno peronista que
nos hace acordar a los tiempos de Montiel”.

Asimismo advirtió: “No queremos caer en la trampa ‘bonos o despidos’. No debe haber margen para aprietes en una crisis que no sabemos dónde termina”.

En ese marco, lamentó la actitud del intendente Alcides Alderete, que no da respuesta a los intentos de diálogo del Sindicato. “Primero le escribí, después le envié un audio y nunca quiso hablar conmigo”, indicó. A la vez recordó: “El año pasado nos vimos obligados a enviar una nota a la Secretaría de Trabajo ante la reiterada negativa del intendente para que UPCN participe de la paritaria. Y ni siquiera accedió a mantener una reunión institucional con nosotros”.

“Alderete dice en los medios que no nos registra. Nos ningunea. Es evidente que solo le interesa arreglar con ATE, que llamativamente no ha dicho nada sobre el supuesto bono alimentario”, expuso la Secretaria Adjunta. En el mismo sentido sostuvo que “el intendente probablemente está más enojado porque fue UPCN el que habló del tema” y pidió “que se calme y convoque, porque queremos saber qué va a pasar el mes que viene, cómo sigue esto, ante la incertidumbre y el temor que hay entre los trabajadores municipales, que tienen miedo”.

Luego apuntó: “Si estamos hablando de una crisis de esta dimensión, lo que el intendente debería hacer, pensamos, es convocar, para ver cómo se hace para que esto no explote e incluso unir fuerzas para buscar cómo reforzar la ayuda de la provincia”.

Más adelante la Secretaria Adjunta acotó que “el gobernador dijo en un medio que, para él, esta situación es puntual, que no es generalizada. Sin embargo, el tema de Sauce de Luna tomó trascendencia nacional”.

Por último, Domínguez señaló que “este ninguneo no sirve en el momento de crisis que estamos atravesando”.

Fuente: UPCN

La jornada de protesta de los trabajadores judiciales de Entre Ríos tuvo hoy un fuerte componente de visibilidad. En lo que describieron como un “inicio de movilización”, los empleados abandonaron sus puestos de trabajo para manifestarse en reclamo de una recomposición salarial urgente y en rechazo rotundo a cualquier modificación del régimen jubilatorio provincial.

Cabe destacar que el plan de lucha consiste en planes semanales y esta semana la medida de fuerza será este jueves.

Para el titular de AJER, José María Segura, la acción de hoy marca un cambio de fase en el conflicto que sostienen desde finales de 2025. El dirigente fue enfático al señalar que el gremio decidió llevar el conflicto fuera de los tribunales: “Es el arranque de una movilización, de salir a la calle y esto tiene que ver también con empezar a calentar motores por la defensa de la Caja de Jubilaciones del 82% móvil”.

El detonante de esta intensificación en las medidas de fuerza es, según Segura, la ineficacia de los canales de comunicación actuales. “La negociación fue a través de la mesa salarial del Poder Judicial. Nosotros vemos que esto llegó a un punto de agotamiento”, sentenció el secretario general, quien adelantó que el próximo paso no será judicial, sino estrictamente gremial: “Haremos un planteo formal en forma directa de los trabajadores, vamos a pedir una audiencia al Gobierno Provincial”.

Demandas estructurales y salariales
Más allá de la movilización, el pliego de reclamos de AJER incluye puntos que los trabajadores consideran “innegociables”. Entre ellos se encuentra la regularización del cronograma de pagos y la liquidación de aumentos adeudados. A esto se suman pedidos técnicos como el pago por título “como corresponde en toda la administración pública” y adicionales para tareas especiales destinados a notificadores y viseradores.

No obstante, el eje que mayor cohesión generó en la movilización de hoy fue la defensa del sistema previsional, el cual Segura calificó como un tema “central que es estructural”, ante la sospecha de que el gobierno provincial intente eliminar el actual beneficio del 82% móvil para los pasivos del sector.

Fuente: APFDigital

La presentación ante el Poder Judicial de la Provincia se realizó con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 500/26 GOB del Poder Ejecutivo Provincial en cuanto al carácter “no remunerativo” de las sumas que dispuso incrementar en concepto de Fopid y Conectividad.

Además, se demanda el envío de los fondos que corresponden a OSER y Caja de Jubilaciones en concepto de aportes patronales, como así también se abone a los trabajadores pasivos los montos proporcionales que corresponden por movilidad (82%) de los rubros salariales Fopid y CPC (conectividad).

A través del decreto 500/26 -y luego de que su propuesta salarial fuera rechazada por todos los sindicatos docentes en negociaciones paritarias-, el gobierno provincial fijó de manera unilateral un aumento que incluyó montos en negro para trabajadores activos y jubilados.

Agmer rechazó de inmediato el decreto del gobierno -que “además está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia”- y advirtió que “la inclusión de ‘montos en negro’ es una ilegalidad por contradecir lo establecido por la Constitución provincial”.

Fuente: APFDigital