La reciente aprobación de la Ley de Consorcios Camineros en la Legislatura de Entre Ríos ha abierto un complejo panorama para los trabajadores viales y el futuro de la infraestructura vial de la provincia. Aunque la norma fue sancionada por unanimidad en sus términos generales y por mayoría en ciertos títulos específicos, el Sindicato de Obreros y Empleados Viales (SOEVER), liderado por Federico Colominas, marcó una fuerte resistencia que incluyó una movilización y
acción directa en la ciudad de Paraná.

El dirigente, quien asumió la conducción gremial recientemente, calificó la situación como uno de los desafíos más urgentes para la entidad.

Los riesgos de la subcontratación y el fantasma del reemplazo
Desde la perspectiva gremial, la preocupación central radica en el funcionamiento operativo que la ley otorga a estos consorcios. Colominas advirtió que la normativa los habilita a operar bajo esquemas diferentes a los de Vialidad Provincial, exceptuándolos de la Ley de Obras Públicas, y dándoles la potestad de subcontratar tareas y utilizar tanto recursos como personal de la propia
repartición estatal.

“Los consorcios pueden llegar a ser un mero intermediario entre una empresa contratista”, alertó el secretario general, señalando que la creación de regiones de consorcios con mayor cantidad de kilómetros de caminos bajo su órbita que las zonales viales abre la puerta legal para el reemplazo progresivo de la estructura pública.
El financiamiento de esta nueva estructura quedó fijado por ley en un esquema donde el Estado entrerriano aportará aproximadamente el 80% de los recursos, mientras que el 20% restante será cubierto por los consorcistas.

En este marco, Colominas hizo hincapié en que el sindicato vigilará de cerca el uso de los fondos: “Es importante asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos”, remarcó a Debate Abierto, sosteniendo que la privatización encubierta de la obra pública vial perjudica directamente el patrimonio de todos los entrerrianos.

Fortalecimiento institucional frente al déficit operativo
El debate sobre los consorcios pone de manifiesto una realidad ineludible: la actual incapacidad de Vialidad Provincial para cubrir la totalidad de la red de caminos. El propio Colominas reconoció que la discusión surge porque el organismo hoy padece un marcado déficit en maquinarias y recursos humanos. Sin embargo, insistió en que el camino correcto es el fortalecimiento de la institución -que cuenta con casi 100 años de historia- y no su tercerización.
“Nosotros entendemos que es necesario fortalecer las zonales, las canteras y los talleres”, puntualizó el titular del SOEVER, señalando que este reclamo técnico e institucional ha sido bandera del sector incluso desde antes de asumir formalmente la conducción del sindicato.
La batalla por la reglamentación
Lejos de bajar los brazos tras la sanción legislativa, la conducción del SOEVER enfoca ahora su estrategia en la letra chica de la ley. Tras la movilización en Paraná, Colominas fue recibido por el ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, quien se comprometió formalmente a incorporar al sindicato en la mesa de discusión de la futura reglamentación de la ley y a trabajar de forma conjunta en un proyecto de fortalecimiento institucional para Vialidad.
Actualmente, el equipo técnico del sindicato se encuentra redactando una propuesta de reglamentación propia con fundamentos y alternativas técnicas. “El objetivo es presentar este borrador al ministro en una reunión pautada para la semana próxima, con el fin de resguardar los intereses de la repartición, proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la seguridad de los usuarios de los caminos de Entre Ríos”, finalizó Colominas. (Fuente: Debate Abierto)

Desde APS señalaron que el incumplimiento tiene un impacto directo sobre los trabajadores, ya que cada categoría que no se reconoce representa también un perjuicio salarial. En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, la demora en efectivizar estos ascensos adquiere especial relevancia para los empleados municipales.

El artículo 9º de la Ordenanza Nº 7215 establece que las promociones deben concretarse automáticamente el 1º de enero del año siguiente. Sin embargo, a la fecha las promociones aún no se concretaron. Por ese motivo, desde la organización sindical exigieron que el Ejecutivo avance sin más demoras con su aplicación.

“Los ascensos automáticos no son un beneficio ni una concesión: son un derecho establecido por ordenanza y debe cumplirse”, sostuvieron desde APS.

El gremio de trabajadores municipales jerarquizados remarcó que el reclamo apunta no sólo al reconocimiento de las categorías correspondientes, sino también a evitar que los trabajadores continúen percibiendo salarios inferiores a los que les corresponden de acuerdo con la normativa vigente.

“Exigimos el cumplimiento de la Ordenanza 7215 y la inmediata efectivización de los ascensos automáticos”, plantearon desde APS. A la vez, reafirmaron su postura de defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores municipales.

“Nuestras convicciones las hacemos saber: los derechos se cumplen, los salarios se defienden y lo que corresponde, se reclama”, concluyeron, informó Página Gremial.

Fuente: APFDigital

Con motivo de la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, que se celebra cada 26 de septiembre, el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná confirmó el traslado de la jornada de festejo y descanso para el lunes 28 de septiembre. La medida busca garantizar que la totalidad de los trabajadores del sector puedan disfrutar de un fin de semana largo y celebrar su día sin actividad laboral.

El Secretario General del gremio, Daniel Ruberto, detalló que la medida se aplicará en líneas generales para todo el sector mercantil de la ciudad. Según se comunicó, la interrupción del servicio y de la atención al público será abarcativa: Se contemplan desde los negocios locales de cercanía e indumentaria hasta las grandes cadenas de supermercados, hipermercados y paseos de compras tipo shopping.

De esta manera, el próximo lunes 28 la actividad comercial en la capital entrerriana se verá prácticamente reducida a cero. Desde las entidades gremiales recordaron que la jornada se asimila legalmente a un feriado nacional, por lo que las puertas de los establecimientos deberán permanecer cerradas para dar cumplimiento al descanso correspondiente de las empleadas y empleados mercantiles.

Día del Empleado de Comercio: Por qué se celebra el 26 de septiembre

La elección del 26 de septiembre tiene sus raíces en la historia laboral del país. En 1934, se promulgó la ley n.º 11.729, la cual reguló las relaciones de trabajo en el sector comercio. Gracias a la lucha de la FAECYS, bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo, se conquistaron importantes derechos laborales, como licencias por enfermedad, indemnizaciones por despido y mejores condiciones de trabajo.

En 2009, la ley n.º 26.541 formalizó esta fecha como feriado, asegurando que los empleados de comercio no trabajaron ese día. Además, aquellos que deban asistir a sus trabajos en esta jornada deben ser remunerados con el doble, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. (Fuente: APFDigital)

La Lista Celeste Violeta, encabezada por Sonia Alesso y Roberto Baradel, consiguió cerca del 80% de los votos y retuvo la conducción de la entidad que nuclea a los principales gremios docentes del país.

Las elecciones se desarrollaron mediante voto directo de los afiliados, con la participación de tres listas: Celeste Violeta; Multicolor; y Azul y Blanca.

En Entre Ríos, votaron docentes afiliados a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), en mesas de votación que se dispusieron en todos los departamentos.

Aquí, según resultados provisorios, votaron 6.532 docentes, informó Entre ríos Ahora. La Lista Celeste Violeta consiguió el 65% de los votos (4.301); la Multicolor, 19% (1.259); y la Azul y Blanca, 14% (921). En blanco, 32 votos (0,5%).

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, se postuló a integrar la Junta Ejecutiva de CTERA. Además, integraron la Lista Celeste Violeta Lidia Otero; Soledad Ponce; Fabián Peccín; y Leandro Pozzi.

Fuente: Análisis Digital

Desde la central obrera señalaron que, de acuerdo con datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde noviembre de 2023 la provincia perdió 148 empresas industriales y 935 puestos de trabajo fabriles.

El comunicado completo:

“Desde la CGT Regional Paraná reivindicamos a quienes todos los días ponen su esfuerzo, conocimiento y trabajo para producir y generar riqueza en nuestra provincia y en nuestra Patria.

Pero este Día de la Industria nos encuentra ante una realidad que no podemos naturalizar: Entre Ríos perdió 148 empresas industriales y 935 puestos de trabajo fabriles desde noviembre de 2023, según los datos de CEPA.

Cada fábrica que cierra no es solamente una estadística: son trabajadores que pierden su empleo, familias que pierden ingresos y comunidades que pierden producción y futuro.

Defender la industria nacional es defender la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Por eso necesitamos políticas que protejan nuestras empresas, impulsen la producción y defiendan cada puesto de trabajo.

Sin industria no hay trabajo. Sin trabajo no hay justicia social.

En unidad y organización, defendemos la industria, el trabajo y la Patria”.

Fuente: CGT Regional Paraná

La medida se resolvió luego de que el Ejecutivo nacional ofreciera un aumento del 3% en la reunión paritaria, propuesta que las organizaciones consideraron insuficiente frente a la pérdida salarial acumulada. Los gremios reclaman una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales reclamos también figuran el pago de salarios adeudados, la actualización y blanqueo de la garantía salarial, el abordaje del Fonid y respuestas para las becas estudiantiles, los gastos de funcionamiento y los hospitales universitarios.

Desde AGDU remarcaron que la medida forma parte de la continuidad del plan de lucha del Frente Sindical Universitario. “El Frente Sindical Universitario reclama la recuperación del 31,2% perdido, la recomposición correspondiente a agosto, el pago de salarios adeudados y el abordaje del Fonid”, sostuvo la organización.

En tanto, Sitradu cuestionó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional y llamó a profundizar las medidas. “Frente a la deuda de más del 30% reconocida por la ley, esto es una burla descarada”, expresó el sindicato docente.

Por su parte, Apuner confirmó la adhesión de los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) al paro de este miércoles y señaló que la propuesta oficial no contempla la pérdida salarial acumulada ni la actualización de la garantía salarial. “Paramos para defender nuestros salarios, exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido”, afirmó.

En paralelo, el juez federal Martín Cormick otorgó al Gobierno nacional un plazo de tres días para presentar un informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La próxima reunión de la paritaria nodocente fue fijada para el 17 de septiembre. Además, el Frente Sindical Universitario, junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se reunirá este jueves y viernes en el marco del 96° Plenario de Rectoras y Rectores para analizar la situación y definir las próximas acciones del plan de lucha.

Fuente: APFDigital

El informe fue presentado este martes ante el gabinete provincial y da cuenta de la evolución del registro de contratistas y los procesos de licitación pública ejecutados por la provincia. A pesar del contexto nacional de desaceleración del sector, la provincia experimentó un crecimiento del 108 por ciento en la cantidad de empresas inscriptas en el registro oficial entre 2024 y 2026, pasando de 95 a casi 200 firmas habilitadas para cotizar trabajos de infraestructura.

Asimismo, el relevamiento reflejó que durante la presente gestión se llevaron a cabo más de 70 licitaciones públicas impulsadas de manera articulada entre la cartera provincial, la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv), la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

En referencia a estos datos, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, ponderó la apertura de los procesos administrativos y la previsibilidad generada para las empresas contratistas. “Son informaciones que no muy a menudo uno las difunde y que por ahí vale la pena hacerlo, porque hemos experimentado un crecimiento importante”.

También referenció que durante este período de casi tres años de gestión “hemos tenido récord de cantidad de oferentes. Tuvimos una licitación que batió todos los récords de presentación de oferta, que son 12 empresas que pujaron en una licitación del ministerio y nueve empresas que se presentaron en la de grupo de bacheo llevada adelante por Vialidad. Son datos que, producto de una política de transparencia, de apertura y de mayor competencia impulsada por el gobernador en todos los ámbitos, han generado este buen clima de interés de los contratistas de obra pública”, explicó el funcionario.

El ministro mencionó que durante la reunión de trabajo encabezada por el gobernador, el equipo de gobierno también abordó el temario legislativo en tratamiento en ambas cámaras, la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y las previsiones operativas ante la próxima entrada en vigencia del régimen penal juvenil. A su vez, se comenzó a delinear la planificación de las partidas para el proyecto de presupuesto en el ejercicio 2027. (Fuente: Secretaría de Comunicación y Prensa)

Por primera vez en 40 años, los trabajadores nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) están en huelga. Se concentraron este martes frente a la Casa de Gobierno en el marco de una jornada de protesta de 24 horas que apuntó contra el tratamiento del proyecto de ley de consorcios camineros, una norma que el gremio considera el puntal para el desmonte de la estructura técnica y operativa de la repartición estatal.

La Plaza Mansilla se encontraba con trabajadores con ropa de trabajo, chalecos color naranja y las banderas verde flúor con la inscripción de la entidad gremial. Además lanzaron pirotecnia ruidosa mientras la administración pública se retiraba de la Casa Gris.

Tras confirmar la intención de ingresar al recinto del Senado, el Secretario General de Soever, Federico Colominas, fundamentó la medida de fuerza. Señaló que el paro de 24 horas responde al tratamiento de la Ley de Consorcios Camineros, la cual “afecta directamente la estructura de Vialidad al tercerizar sus tareas”. Además, denunció la falta de respuesta de la bancada oficialista: “Veníamos trabajando una propuesta alternativa con la oposición, pero desde el oficialismo no nos dieron respuesta al pedido de diálogo”.

La jornada también expuso desprolijidades organizativas. Mientras en el sitio oficial de la Cámara de Senadores el debate estaba convocado para las 18, internamente se notificó que comenzaría a las 15 sin avisar formalmente.

Desde la conducción sindical advierten que esta iniciativa se suma a otros factores que erosionan el funcionamiento de la repartición, como recortes previsionales, la contratación de consultoras para la Dirección de Estudio de Proyectos, el cierre de zonales y la consecuente baja de maquinarias y personal.

Respecto a la magnitud de la medida, el propio Colominas aportó los datos de ausentismo laboral durante la jornada: “El acatamiento del paro en la provincia en toda la zona fue alrededor de un 85% y en Paraná fue alrededor de un 70%”.

A la movilización en la capital se sumaron delegaciones que viajaron desde distintas zonales del interior provincial. A la espera del resultado de la votación, la conducción del gremio evaluará cómo continuar las acciones según lo que resuelva el Senado. (Fuente: APFDigital)

Mientras los principales países del mundo protegen el trabajo local, la Argentina aplica un esquema de sustitución inversa que destruye la producción manufacturera, opera con capacidad instalada por debajo del 40%, convalida récords de importación de bienes de consumo bajo condiciones de competencia desleal y destruye miles de empresas y empleos registrados, junto con la quiebra de las cadenas de pago. Todo esto retroalimenta el circuito de recesión, baja de recaudación, nuevo ajuste y más “apretón monetario”.

El presente shock anti industrial representa el salto cualitativo de un proceso de concentración y extranjerización iniciado en 1976. Los sectores financieros especulativos, las cúpulas corporativas y el capital transnacional buscan instaurar una economía de enclave extractivista (agro, minería y energía sin valor agregado) bajo un esquema del 80/20: una minoría hiperconcentrada ligada a la primarización, y un 80% de la población empujado al desempleo y la marginalidad.

A esto se suma la asfixia a las Pymes (mientras se beneficia a grandes evasores), el desmantelamiento de la ciencia y tecnología (Universidades, CONICET, INTI, INTA) y un blindaje normativo pensado para maniatar cualquier proyecto futuro que apueste a la producción nacional (DNU 70/23, RIGI, reforma del BCRA, megaendeudamiento).

Por supuesto, es imprescindible impulsar la Emergencia Mipyme y detener los procesos de quiebras y remates para que la mayor cantidad de empresas lleguen a “la otra orilla”. Pero frente a la encrucijada que representa un posible recrudecimiento del “modelo”, limitarnos a sostener un reclamo coyuntural es resignarnos a convalidar la propia extinción y la disolución nacional en el corto y mediano plazo.

Por estos motivos, APYME convoca de modo urgente a debatir un programa alternativo de país junto a las Pymes, los trabajadores, el cooperativismo, la economía social, las universidades y el sistema científico-técnico nacional, entre otros sujetos sociales agredidos por el modelo.

De cara al proceso electoral y considerando el nivel de destrucción en curso, la respuesta debe ser estructural. Con este fin, la entidad impulsa una agenda transformadora basada sobre 10 ejes de discusión programática:

1. Papel activo del Estado y restitución de derechos (con urgente revisión del marco legal desregulador a partir del DNU 70/23);
2. Reindustrialización con transferencia tecnológica e I+D;
3. Apoyo federal a las economías regionales;
4. Fomento Mipyme y jerarquización institucional;
5. Reforma tributaria progresiva;
6. Democratización del crédito y banca de desarrollo;
7. Creación de empleo digno y rechazo a la flexibilización;
8. Impulso al mercado interno y control antimonopólico;
9. Control nacional sobre infraestructura crítica y recursos estratégicos;
10. Integración regional con perspectiva multipolar y autónoma.

Hoy, una vez más, ratificamos que “sin industria no hay Nación”. Y es precisamente el país, sus empresas y el conjunto de los sectores de la producción y el trabajo nacional lo que está en juego. La reconstrucción de la Argentina industrial, soberana y democrática que supimos conseguir debe comenzar cuanto antes si pretendemos un futuro mejor para todos.

Fuente: APYME

La iniciativa establece: “La Dirección Provincial de Vialidad- DPV- tendrá a su cargo la promoción y el fomento a la creación y organización de los Consorcios Camineros”. Y fija que tendrán como objetivos “la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial y de seguridad y hasta tramos de la red secundaria, con el acuerdo de la DPV”.

El proyecto provocó el rechazo del Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), gremio que este martes hará la primera huelga general en más de 40 años. Desde Soever señalaron que la medida no responde a un hecho aislado, sino a una suma de decisiones que ponen en riesgo el presente y el futuro de Vialidad Provincial: el proyecto de Consorcios Camineros, la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, el avance de la tercerización de proyectos y tareas técnicas mediante consultoras, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y las modificaciones que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales.

“Estamos frente a un proceso de vaciamiento de Vialidad Provincial. No se trata solamente de una ley. Se trata de una serie de decisiones que, tomadas en su conjunto, pueden reducir la capacidad del Estado para planificar, proyectar, ejecutar, conservar, mantener y controlar su propia red vial”, expresaron desde el sindicato.

En el marco, se concentrarán este martes en la sede de Soever a las 12.30 y marcharán a la zona del Centro Cívico, consignó Entre Ríos Ahora.

El senador Rubén Dal Molín, jefe de la bancada de Juntos en la Cámara alta, defendió el proyecto de ley de Consorcios Camineros. “Es un proyecto que ya se viene aplicando en la Provincia, con éxito indudable. Esta ley lo que viene es a regular este sistema de consorcios. No voy a hacer ningún juicio de valor sobre lo que piensa el sindicato, los entiendo. Ellos tienen posiciones y las defienden. Nosotros tenemos una responsabilidad de tener una mirada un poco más amplia”, observó.

Dal Molín repasó que Entre Ríos tiene “28.000 kilómetros de caminos bajo la órbita de Vialidad, de los cuales 22.000 kilómetros son de tierra y naturales; hay 4.000 kilómetros de ripio; y 2.000 kilómetros que están asfaltados. En estos momentos funcionan 9 consorcios, que atienden 1.328 kilómetros nada más. Es decir, el 4% de los 28.000 kilómetros. Todo lo que debe hacer Vialidad está atendido por estos estos consorcios”.

“Me parece que hay una dimensión que no se está tomando en cuenta, y que es importante. Vialidad viene con problemas desde hace años. No es culpa de los empleados. Por favor, no lo entendamos como tal, pero la verdad es que Vialidad una descapitalización. Es un organismo que se ha descapitalizado. Atener estos kilómetros de caminos necesita de muchísima inversión pública que la provincia no cuenta”, señaló.

Hoy por hoy, subrayó el legislador, hay municipios que cuentan con más maquinarias que Vialidad. “Por eso, digo que esta ley es necesaria y que tenemos de una vez por todas darle tratamiento. Al final, termina siendo una ley que da forma a algo que ya está”, subrayó.

Por último dijo que conversaron con su bloque, y están de acuerdo en avanzar. “Tal vez haya algunos votos más que nos acompañen y podamos llegar a sacar esta ley”, dijo.

Actividad legislativa
Este martes a las 12 se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El tema será el Proyecto de Ley por el que se establecen un conjunto de medidas tributarias orientadas a aliviar la carga fiscal que recae sobre la actividad comercial en la Provincia, con especial atención en los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala, los comercios de cercanía y aquellos sectores cuya dinámica económica requiere instrumentos ágiles de acompañamiento por parte del Estado Provincial.

La sesión está convocada para hoy a las 18; mañana a las 13 y el jueves a las 11.

Fuente: Análisis Digital