La nueva conducción de la CGT Regional Paraná será puesta formalmente en funciones este viernes 6 de noviembre, durante un acto que se realizará a partir de las 18 en el camping de ATSA, ubicado en avenida Don Bosco 2906. Jorge “Piry” Ávalos, titular del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos, asumirá como secretario general, y Mariela Ponce, secretaria general de ATSA, ocupará la Secretaría Adjunta.

La ceremonia contará con la presencia de Héctor Daer, secretario de Interior de la CGT Nacional, quien será el encargado de poner formalmente en funciones al nuevo Consejo Directivo. También participarán dirigentes de distintos sindicatos y fueron especialmente invitadas las comisiones directivas de las demás regionales de la provincia.

La renovación de autoridades tendrá una segunda instancia este sábado 7, con un acto popular previsto para las 18 en la sede del Club Olimpia, en calle La Rioja 153. La convocatoria reunirá a organizaciones sindicales y políticas y contará con la presencia de Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT Nacional, además de otros integrantes de la conducción nacional.

Para esta actividad se espera la confirmación de Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros a nivel nacional, junto a Karina Moyano y el diputado nacional Hugo Antonio Moyano. “Hay una buena perspectiva para el sábado”, señaló Ávalos a Página Gremial, al referirse a las adhesiones recibidas de distintos sectores que, incluso sin pertenecer a la CGT, manifestaron su intención de acompañar la actividad.

En relación con la nueva etapa sindical, el dirigente camionero sostuvo que el encuentro del sábado será “con los trabajadores” y planteó la necesidad de fortalecer la unidad para defender los derechos laborales. “En estos momentos difíciles nos encolumnaremos en la defensa de nuestros derechos para ponerle fin a esta política nefasta del gobierno nacional de Javier Milei y de Rogelio Frigerio en la provincia”, expresó.

“Ahora comienza otro tiempo de lucha y de reivindicación de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, que cada día ven cómo sus magros sueldos no alcanzan para alimentar a sus familias”, agregó.

Los cargos de la nueva conducción fueron definidos durante un plenario realizado en la sede de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Fuente: APFDigital

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, Federico Colominas, respondió a las declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre el funcionamiento de la Dirección Provincial de Vialidad, en las que sostuvo que actualmente se intervienen más caminos utilizando menos combustible y afirmó: “se lo robaban” y “se lo afanaban”.

Para Colominas, las expresiones del gobernador tienen una gravedad que no puede quedar librada a una frase mediática.

“Estamos hablando de la máxima autoridad política de Entre Ríos. Si el gobernador sabe que hubo robo de combustible, tiene la obligación institucional de denunciarlo, identificar a los responsables y poner las pruebas a disposición de la Justicia. Lo que no puede hacer es decir que ‘se lo robaban’ o ‘se lo afanaban’ y dejar flotando una sospecha sobre todos los trabajadores de Vialidad”, afirmó.

El dirigente sostuvo que no existe ninguna sentencia penal que permita generalizar una acusación de esa naturaleza sobre los trabajadores viales.

“Si alguien robó, que responda. Nosotros no vamos a defender ningún delito. Pero tampoco vamos a aceptar que se ensucie alegremente a toda una familia de trabajadores que durante años sostuvo Vialidad, muchas veces con maquinaria vieja, falta de repuestos, recursos insuficientes y sueldos miserables”, señaló.

Colominas también cuestionó la afirmación del gobernador de que al comienzo de su gestión solamente existían tres camiones operativos.

“Si ese dato es correcto, que se muestre el inventario completo con el que recibió Vialidad: cuántos camiones había, cuántos estaban operativos, cuántos necesitaban reparación y cuál era la situación real del parque automotor. Una discusión seria sobre Vialidad necesita datos, no simplificaciones”, sostuvo.

El secretario general valoró la incorporación de nueva maquinaria anunciada por el Gobierno y señaló que se trata de una inversión necesaria y largamente reclamada.

“Que se compren motoniveladoras, retroexcavadoras y camiones es una buena noticia. Vialidad necesita maquinaria. Pero una compra importante en un año no alcanza para decir que el problema está resuelto”, remarcó.

En ese sentido, Colominas puso el foco sobre la continuidad de la inversión.

Según los datos presupuestarios analizados por SOEVER, durante este año se destinaron aproximadamente 12.234 millones de pesos a maquinaria, alrededor del 5% del presupuesto, mientras que para el próximo ejercicio se prevén 6.740 millones, cerca del 2%.

“Estamos hablando prácticamente de reducir a la mitad la inversión prevista en maquinaria de un año al otro. Si queremos recuperar décadas de atraso, la inversión tiene que ser sostenida. No alcanza con una compra extraordinaria y después volver a bajar las partidas”, afirmó.

Pero para Colominas existe un problema todavía más importante: el recurso humano.

“Hoy cada vez hay menos trabajadores en las zonales, en las canteras y en los talleres, que son justamente las áreas operativas de Vialidad. Y esto no lo decimos solamente nosotros. Lo reconocen jefes zonales y directores de la propia gestión”, señaló.

El dirigente remarcó que una máquina por sí sola no constituye capacidad operativa.

“Una motoniveladora necesita un trabajador que sepa manejarla. Un camión necesita un chofer. Una máquina necesita mecánicos, electricistas, soldadores y talleres que puedan mantenerla. Las canteras necesitan personal. Las zonales necesitan trabajadores. El recurso más importante de Vialidad sigue siendo su gente.”

Y planteó una pregunta que, a su entender, el Gobierno deberá responder:

“Si compramos maquinaria pero cada año tenemos menos trabajadores, ¿quién va a operar esas máquinas? ¿Quién las va a mantener? ¿Quién va a sostener la capacidad operativa de las zonales, los talleres y las canteras?”

Colominas vinculó esa situación con la reciente creación del régimen de Consorcios Camineros.

“Queremos creer que esta maquinaria se está comprando para fortalecer a Vialidad y para que sea operada por trabajadores viales. Porque si el Estado compra equipos mientras reduce personal y después esas máquinas terminan siendo utilizadas por estructuras externas o por privados vinculados a los Consorcios Camineros, estaríamos frente a otra discusión mucho más grave.”

Para el secretario general, el fortalecimiento de Vialidad requiere una política integral y sostenida.

“No alcanza con comprar máquinas. Hay que incorporar trabajadores, fortalecer talleres, canteras y zonales, asegurar repuestos, capacitar personal y sostener la inversión en el tiempo.”

Finalmente, Colominas volvió sobre las declaraciones del gobernador.

“El gobernador tiene derecho a explicar cómo encontró Vialidad y qué está haciendo para mejorarla. Pero acusar de robo es otra cosa. Si existen responsables, que los denuncie con nombre y apellido y que actúe la Justicia. Lo que no corresponde es poner bajo sospecha a cientos de trabajadores que todos los días sostienen los caminos de Entre Ríos.”

“Fortalecer Vialidad también significa respetar a sus trabajadores”, concluyó.

Fuente: Soever

La jornada se desarrolló en las instalaciones de Enersa ubicadas en calle Racedo, en Paraná, con la participación de personal del Consejo General de Educación (CGE), Salud, Vialidad Provincial y Policía, además de representantes de los municipios de Victoria y María Grande.

La formación estuvo dirigida a quienes tendrán a su cargo la instalación y el mantenimiento de las luminarias. Los contenidos apuntaron a reforzar los conocimientos técnicos y garantizar que los trabajos se realicen de acuerdo con las recomendaciones del proveedor.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre la Secretaría de Energía y Enersa para acompañar a los organismos y municipios destinatarios de las luminarias y fortalecer las capacidades de sus equipos. (Fuente: ENERSA)

La colección reúne fotografías inéditas tomadas entre 1949 y 1955, muchas de ellas durante las visitas que Juan Domingo Perón y Eva Perón realizaron a Entre Ríos.

Si bien la muestra se encuentra exhibida de manera permanente en la sede central de UPCN Entre Ríos, ubicada en Santa Fe 463 de Paraná, tiene carácter itinerante. Durante este año fue trasladada a distintas delegaciones del Sindicato y ahora regresa a la capital provincial para cerrar ese recorrido en el Museo Histórico.

“Esta actividad se enmarca además en el 75° aniversario del voto femenino”, remarcó la Secretaria de Cultura de UPCN, Noelia Bertín. Al respecto recordó que “el 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas representantes. “Este hecho marcó un hito en la historia política de nuestro país”, subrayó.

La inauguración será el martes 17 de noviembre, a las 18, con una charla abierta a toda la ciudadanía. Participarán Carolina Barry, investigadora del Conicet y editora del libro “Diccionario histórico del peronismo, 1943-1955”, entre otras publicaciones; y Patricia Lucero, autora de “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”. Este último libro, cuya edición fue auspiciada por UPCN Entre Ríos, reúne el material fotográfico que integra la exposición.

Luego de la inauguración, la muestra podrá visitarse hasta el viernes 4 de diciembre en el Museo Histórico Provincial, ubicado en Buenos Aires 286, en los siguientes horarios: de martes a viernes, de 8 a 13 y de 15 a 20; sábados, de 9 a 12 y de 17 a 20; y domingos y feriados, de 9 a 12.

Asimismo, se realizarán visitas guiadas de martes a viernes a las 10, previa inscripción por WhatsApp. Para ello, el público en general y las instituciones educativas interesadas deberán comunicarse al 343 5162655.

Fuente: UPCN

Durante el encuentro se abordó el impacto del proyecto de presupuesto provincial con partidas que no se condicen con el discurso gubernamental, sino que ratifican la intención de desgastar el sistema educativo público, marcado por el retiro del Estado de responsabilidades que le son propias. En materia de recursos para la educación, se indicó que permanentemente los funcionarios provinciales se niegan a financiar gastos que resultan absolutamente necesarios, argumentando la imposibilidad que marcaría la legislación vigente, pese a que en la provincia rige la Ley de Emergencia Pública en Materia Educativa.

A eso se suma la falta de incrementos salariales acordes a la realidad del sector docente, que sitúa hoy a la provincia en el puesto número 23 en el ordenamiento de los salarios docentes del país. Esta realidad es producto de sucesivas instancias paritarias que el gobierno provincial cierra otorgando aumentos insuficientes por decreto que continúan deteriorando el poder adquisitivo del salario frente a los porcentajes de inflación.

En el mismo sentido, se advirtió sobre el aumento de problemáticas críticas como el endeudamiento y los casos graves vinculados a la salud mental, la falta de cobertura en cargos por ausencia de una ley referida a ese aspecto, las sobrecargas laborales y la escasez de personal auxiliar.

En lo relacionado con las partidas para infraestructura escolar, se expuso el grave deterioro edilicio de las escuelas, el impacto de emergencias climáticas y meteorológicas cuyas consecuencias podrían agravarse por la falta de detección anticipada de falencias, los problemas de intransitabilidad en los caminos rurales que se suman al deterioro de la red vial troncal, y la falta de partidas presupuestarias o licitaciones reales para la construcción y reparación de establecimientos. Se destacó que, durante los últimos tres años en Entre Ríos, no se hizo ninguna licitación para construir una escuela nueva; solo se realizaron arreglos menores a los que eufemísticamente se llama “intervenciones”, que en la realidad muestran una inversión cada vez menor y el permanente traslado de costos de reparaciones a las cooperadoras escolares.

En otro orden, se marcó con preocupación el desconocimiento del sistema educativo provincial por parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la implementación de un sistema administrativo de persecución o sanciones a directivos y docentes, y la falta de transparencia en la ejecución y destino de los fondos presupuestarios e impositivos. Se trata de situaciones que llegan incluso a rozar el absurdo, como la exigencia de carga de asistencia en el sistema SAGE —que requiere conexión a internet—, cuando las escuelas no cuentan con ese servicio, ya que gran parte de los establecimientos educativos de la provincia carecen de una conexión a internet pagada por el Estado entrerriano.

Del mismo modo, los representantes de la docencia entrerriana manifestaron su inquietud por la implementación de políticas que apuntan a achicar o cerrar las carreras de formación docente, en una línea similar a medidas ya aplicadas en otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires. También se señaló la inacción del CGE para llevar adelante la readecuación curricular de estas carreras, en el marco de una clara actitud de las autoridades provinciales de restarle importancia y apoyo a estas instancias de formación. Igualmente se expuso la preocupación por las políticas relacionadas con el nivel inicial de Educación y también por el impacto que tendrá sobre el sector si se convierte en ley el proyecto del oficialismo para reformar el Código Procesal Laboral provincial que está actualmente en tratamiento en la Legislatura.

De la reunión participaron integrantes de la Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, al igual que diputadas, diputados y senadores provinciales de los bloques “Más Para Entre Ríos”.

Fuente; AGMER

— El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos, Federico Colominas, participó junto a referentes de las siete Regionales de la CGT entrerriana del debate legislativo sobre el Proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Laboral.

La representación sindical estuvo encabezada por el secretario general de la CGT Regional Paraná, Jorge “Piry” Ávalos, y expuso ante las Comisiones de Trabajo y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados una serie de observaciones sobre aspectos de la reforma que podrían debilitar las garantías de los trabajadores al momento de reclamar judicialmente sus derechos.
Colominas sostuvo que la discusión no debe quedar reducida a una cuestión meramente técnica.
“Modernizar y agilizar la Justicia Laboral puede ser necesario. Pero cada modificación tiene que analizarse también desde una pregunta muy concreta: ¿el trabajador queda más protegido o queda más solo frente al empleador?”, planteó.

Uno de los puntos señalados por el dirigente vial fue la propuesta de eliminar la garantía patrimonial que actualmente debe constituir el empleador condenado para poder apelar. Colominas reconoció el derecho de las partes a recurrir una sentencia, pero advirtió que también debe garantizarse que el trabajador que ya obtuvo un fallo favorable pueda efectivamente cobrarlo al finalizar el proceso.

“Una sentencia que se gana pero después no se puede cobrar pierde buena parte de su valor. Si se modifica el sistema actual, tiene que existir otra garantía concreta y eficaz que proteja el crédito del trabajador frente a una eventual insolvencia del empleador”, señaló.

Otro de los aspectos planteados estuvo relacionado con los honorarios de peritos y auxiliares de justicia. Colominas advirtió que establecer topes rígidos puede desalentar la participación de profesionales especializados y terminar afectando la calidad de las pruebas utilizadas para resolver un reclamo laboral.

“Una pericia contable, médica, de higiene o de ingeniería puede ser decisiva para demostrar lo que le ocurrió a un trabajador. Si debilitamos la calidad de esas pruebas, también debilitamos su posibilidad de defender un derecho”, sostuvo.

El tercer punto estuvo vinculado con la creación de un cuerpo médico especializado en riesgos del trabajo con sede en Paraná para intervenir en causas de toda la provincia.

Colominas señaló que la especialización puede ser positiva, pero reclamó garantías para que la centralización no genere nuevas dificultades para los trabajadores del interior.

“No puede ser que un trabajador que vive a cientos de kilómetros de Paraná tenga que enfrentar más traslados, más costos o más demoras para acceder a una pericia médica. Una Justicia Laboral más eficiente también tiene que ser accesible en todo el territorio provincial”, afirmó.

Durante el encuentro, las Regionales de la CGT plantearon además la necesidad de profundizar el diálogo antes de avanzar con modificaciones que puedan alterar las garantías procesales de los trabajadores.

Para Colominas, la participación sindical en estas instancias resulta fundamental.

“Las reformas laborales no pueden discutirse solamente entre funcionarios, técnicos y legisladores. Los trabajadores tienen que estar presentes antes de que las decisiones estén tomadas. Porque son ellos quienes después van a convivir con las consecuencias de esas decisiones”, remarcó.

El dirigente sostuvo que el movimiento sindical no debe adoptar una posición de rechazo automático frente a cualquier cambio, pero sí intervenir con firmeza cuando una reforma pueda modificar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores.

“No estamos en contra de modernizar. Estamos en contra de que, en nombre de la modernización, el trabajador termine perdiendo herramientas para reclamar, probar o cobrar un derecho. Una Justicia más rápida es necesaria. Una Justicia con menos garantías para el trabajador, no”, concluyó Colominas.

Fuente: Soever

“Venimos hace más de un mes planteando nuestra preocupación respecto a este tema”, expuso la dirigente de UPCN. “Lo que sabemos es que lo está abordando el Copnaf”, apuntó y, en ese sentido, sostuvo que “no hay que siquiera esbozar la idea de que, con la misma planta de ese organismo, se va a poder atender este tema”.

Además manifestó que “los promotores de derechos hoy están muy exigidos. Necesitan imperiosamente que se mire su función en el contexto del Copnaf”. Si bien remarcó que “lo salarial es crucial”, señaló que la discusión también involucra los derechos laborales.

Domínguez entendió que para atender las disposiciones de la Ley 27.801 “debería haber un personal específico con un perfil nuevo, una preparación bien pensada, que se encargue de la perspectiva de derechos pero también de la seguridad”.

Sin embargo, aclaró que esta cuestión “no está definida ni discutida, tampoco tenemos precisiones. Y es un tema que necesitamos hablarlo”.

En ese marco, explicó que el Sindicato busca “generar instancias de conocimiento acerca de las medidas que podría llegar a tomar la provincia”. Asimismo, consideró que las entidades sindicales deberían “participar institucionalmente de este tipo de cuestiones que implican un impacto laboral directo”.

Al respecto, no descartó que en los próximos días pueda concretarse una reunión para conocer los avances y cómo se proyecta implementar la ley nacional en Entre Ríos.

Herramientas y obras para aplicar la nueva normativa
La dirigente sindical hizo referencia a una reunión que autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario mantuvieron con una ONG chilena a fin de interiorizarse acerca de metodologías de trabajo y herramientas para aplicar en la provincia los cambios que propone la normativa nacional.

Domínguez mencionó que en el Presupuesto 2027 existen “dos obras de ampliación relacionadas con este tema, que no sabemos exactamente cuál es la consigna, porque no puede ser simplemente agregar una habitación”, cuestionó.

Sobre este punto, consideró que “en el caso de que se hiciera una obra, eso no solucionaría la atención de esta situación”. Y reiteró: “A UPCN lo que más le preocupa es quién se va a hacer cargo de atender a quienes eventualmente determine la justicia”.

“Estamos preocupados, es un tema delicado que debe ser bien organizado, no puede ser improvisado. Hasta ahora, por lo que sabemos, no ha habido casos. Pero no se puede esperar a que sucedan para que el Gobierno recién entonces vea qué hacer”, finalizó Domínguez.

Fuente: UPCN

La CGT de Entre Ríos expresó sus objeciones al proyecto del Gobierno provincial que modifica el Código Procesal Laboral y advirtió que algunos de los cambios propuestos podrían dejar a los trabajadores en una situación de mayor desprotección frente a los reclamos judiciales por despidos, accidentes laborales y otros conflictos.

El planteo fue presentado este martes en la Cámara de Diputados, durante el plenario de comisiones que analiza modificaciones a la Ley Provincial N° 5315. Representantes de distintas regionales de la central obrera, encabezados por el secretario general de la CGT Paraná, Jorge “Piry” Ávalos, entregaron un documento técnico ante la Comisión de Derecho Laboral y solicitaron revisar los artículos cuestionados, informó Página Gremial.

Uno de los principales reparos es la eliminación del depósito que debe realizar el empleador para apelar una condena. La iniciativa propone derogar el artículo 125, inciso a), del Código Procesal Laboral, que establece esa exigencia.

Desde la CGT advirtieron que suprimir esa garantía puede dejar al trabajador sin respaldo ante una eventual insolvencia del empleador durante el trámite judicial. Como alternativa, propusieron conservar el depósito o admitir garantías sustitutivas de rápida ejecución, entre ellas seguros de caución otorgados por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).

Pericias centralizadas: más obstáculos
Otro de los puntos cuestionados es la creación de un cuerpo médico forense especializado con sede única en Paraná, integrado por tres profesionales para atender las demandas de toda la provincia.

Ávalos ya había advertido sobre las dificultades que esta disposición puede generar para los trabajadores del interior, que deberán trasladarse hasta la capital provincial para someterse a las pericias médicas. “Un trabajador que tiene un juicio laboral por un accidente en Gualeguaychú va a tener que venir a Paraná a hacerse el peritaje”, señaló el dirigente en declaraciones radiales.

El problema se agrava para quienes perdieron su empleo como consecuencia de un accidente y deben afrontar los gastos de traslado en una situación económica desfavorable.

La CGT también reclamó precisiones sobre la especialización de los profesionales y cuestionó la falta de estudios sobre la cantidad de pericias que deberán realizar. Además, advirtió que los dictámenes médicos no deberían ser inapelables ni impedir la presentación de pruebas complementarias. Por eso, propuso una estructura descentralizada o itinerante.

Incapacidades y honorarios
El documento también cuestiona la aplicación estricta de un baremo de incapacidades laborales. Para la CGT, una tabla de evaluación no puede reemplazar el examen clínico ni la valoración integral de cada caso.

A esto se suma el rechazo al tope uniforme previsto para los honorarios de los peritos, que, según advirtieron, podría desalentar la participación de especialistas y afectar la calidad de las pruebas judiciales.

Por otra parte, Ávalos identificó los despidos y los accidentes laborales como dos de los principales motivos de las demandas que llegan a la Justicia. Sobre estos últimos, cuestionó a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) por rechazar coberturas y otorgar altas médicas prematuras.

“Te mandan una semana a hacer kinesiología y después te dan el alta. Volvés a la empresa y no podés hacer la tarea. Ahí empieza el rechazo de la ART y las demandas”, describió.

Frente a esa situación, el dirigente también había planteado la posibilidad de que el Iapser participe en un esquema de cobertura para trabajadores y empresas, como alternativa para agilizar los procesos.

Presencia sindical en Diputados
La central obrera fundamentó sus objeciones en los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, en materia de protección del trabajo, igualdad, propiedad y debido proceso.

Finalmente, solicitó a la Cámara de Diputados la apertura de una instancia de diálogo, la revisión de los artículos cuestionados y la incorporación de las propuestas sindicales antes de avanzar con la sanción de la reforma.

Además de Ávalos, estuvieron presentes la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de la Salud Pública de Entre Ríos (Sutser), filial 45 de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), Fabiana Arquiel; y el secretario general de la CGT Regional Concepción del Uruguay, Marcelo Ríos.

También participaron el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever), Federico Colominas; el subdelegado de la CGT Regional Colón, Elías Daniel Coronel; y el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Seccional Concepción del Uruguay, Julio César Chamorro.

En tanto, participó de manera remota Jorge Sosa, asesor de la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier) y abogado especialista en Derecho Empresarial y Laboral.

Fuente: APFDigital

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar al trabajador de la administración pública entrerriana, en su propio lugar de trabajo, información respecto a temas de agenda y a las distintas acciones concretas para enfrentar la crisis, y también presentar los numerosos servicios que ofrece el Sindicato.

A la vez, se busca habilitar un espacio para que puedan canalizar sus inquietudes, obtener acompañamiento en la búsqueda de respuestas y avanzar en acciones que tiendan a mejorar y fortalecer el ámbito laboral.

“Este Programa itinerante ha sido desarrollado en la provincia con gran aceptación de parte de los compañeros”, expresó el Secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymat) de UPCN, Paulo Cherbiy. Aseguró además que “siempre ha tenido repercusiones muy favorables entre los trabajadores, que se sienten escuchados y contenidos en aquellos aspectos que les preocupan o les provocan inquietudes”.

Entre los temas que se abordan en el stand del UPCN Cerca se encuentran las diversas propuestas en capacitación que ofrece el Sindicato, los numerosos beneficios para los trabajadores, la evaluación de soluciones para los distintos reclamos y asesoría legal.

A la vez, se brinda información acerca del convenio colectivo de trabajo, los riesgos laborales y ART, salud mental, descuento en medicamentos, UPCN Salud, trámites jubilatorios, funcionamiento de la OSER, violencia laboral, entre otros.

También se abordarán temas puntuales que generan preocupación en algunos sectores de Salud.

“En este contexto adverso, el Sindicato está más presente que nunca, generando espacios para debatir, construir e intercambiar propuestas”, subrayó Cherbiy. En esa línea, remarcó: “En UPCN damos la cara, no nos escondemos, porque tenemos la certeza de estar trabajando para el presente y el futuro del empleado público”.

Asimismo, destacó la línea de trabajo para afrontar esta etapa: “UPCN no retrocede, tiene estrategia. Estamos muy sólidos y ahora buscamos federalizar nuestra impronta gremial y la forma de encarar esta etapa tan difícil. Las propuestas dan cuenta del crecimiento del Sindicato y de la capacidad que tenemos de leer la realidad para acercarles a los compañeros iniciativas que se traduzcan en beneficios directos”.

Por último, convocó a los trabajadores a acercarse al stand que UPCN tendrá el viernes: “Invitamos a los compañeros a visitarnos. Trasladarnos a los lugares de trabajo es, en definitiva, nuestra razón de ser. El UPCN Cerca está más vigente que nunca”, finalizó. (Fuente: UPCN)

Mariela Ponce, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), será la secretaria adjunta de la CGT Regional Paraná. Así lo confirmó a Página Gremial Jorge “Piry” Ávalos, quien encabezará la conducción de la central obrera durante el próximo período.

El titular del Sindicato de Camioneros de Entre Ríos informó que los cargos del nuevo Consejo Directivo se resolvieron el viernes pasado durante un Plenario realizado en la sede de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

“Ya quedó todo ordenado y se pasó la documentación al compañero Héctor Daer, quien pondrá en funciones al Consejo Directivo”, señaló. Si bien expresó que la lista completa de autoridades se dará a conocer durante el acto oficial, anticipó: “Puedo adelantar que la secretaria adjunta es la compañera Mariela Ponce, secretaria general de ATSA”.

La puesta formal en funciones de las nuevas autoridades tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a las 18, en el camping de ATSA, ubicado en Don Bosco 2906. La ceremonia contará con la presencia de Héctor Daer, secretario de Interior de la CGT Nacional, quien será el encargado de formalizar la integración del Consejo Directivo.

En tanto, el sábado 7, a las 18, se realizará un acto en el Club Olimpia (La Rioja 153), con la participación de organizaciones sindicales y políticas. Está prevista la presencia de Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT Nacional, y otros integrantes del Consejo Directivo nacional. También se aguarda la confirmación de Pablo Moyano, Karina Moyano y el diputado nacional Hugo Antonio Moyano.

“Han manifestado su participación distintos sectores que no tienen que ver con la CGT, pero quieren acompañar en el acto de asunción. Obviamente vamos a contar con la presencia de Cristian Jerónimo, secretario general a nivel nacional de la CGT, y vienen otros integrantes más del Consejo Directivo Nacional. También estamos esperando que confirme su llegada Pablo Moyano junto a Karina Moyano, Huguito Moyano. Hay una buena perspectiva para el sábado”, expresó al respecto Ávalos.

Fuente: APFDigital