La empresa Trenes Argentinos realiza pruebas en el recorrido del ferrocarril entre Paraná y la estación Jorge Méndez en La Picada, luego de haber terminado los arreglos en las unidades por los que el servicio quedó suspendido desde el viernes 8 de mayo. Se prepara para regresar a las vías la semana que viene.

La circulación del tren que une la estación Urquiza en Paraná con las localidades de Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada fue suspendida hace dos semanas para reemplazar las ruedas de todas las formaciones, que estaban obsoletas, y colocar nuevas.

Esas tareas ya fueron finalizadas y esta semana la empresa trabaja en la reparación de vías, especialmente en tramos muy complicados que usualmente se inundan y quedan tapados con aguas servidas, lo que dificulta mucho el paso del tren. “El agua estancada es el problema por el que se rompe el tren y se afloja la vía”, observó un trabajador del riel.

La Municipalidad de Paraná aportó una máquina retroexcavadora para desmalezar y despejar las inmediaciones de las vías, así como abrir canales y evitar el anegamiento. “Sin esa colaboración no podríamos hacer los trabajos, porque tenemos una escasez total de recursos materiales y humanos”, advirtieron desde Trenes Argentinos a AHORA.

La empresa cuenta con apenas cinco operarios y un inspector para controlar y reparar, cuando hace falta, las vías a lo largo de más de 27 kilómetros que tiene el tramo Paraná-La Picada.

Los rieles tienen casi 80 años de antiguedad. Datan de 1940. “No están obsoletas y tienen vida útil, pero están en muy malas condiciones por la acumulación de agua y barro que se produce todo el tiempo”, explicaron desde la compañia ferroviaria.

Mientras las cuadrillas avanzan en la refacción de distintos tramos de las vías férreas (este miércoles trabajaban en la zona de calle Francia), se realizaban pruebas de las formaciones para evaluar sus condiciones para volver a rodar. Si las autoridades nacionales dan el visto bueno, el servicio se reactivará la semana que viene.

En la estación Urquiza tienen expectativas de regresar el martes 26, posterior al lunes feriado, pero la fecha concreta de reinicio no está confirmada.

De esta manera, se adelantaría la reactivación del servicio, ya que se esperaba que los arreglos lleven más tiempo hasta la primera semana de junio.

Fuente: Ahora

La tensión política en Entre Ríos sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello. El funcionario provincial desató la polémica al sostener que la asistencia directa a la población para afrontar las olas de frío invernal debería ser una responsabilidad de los gobiernos locales y no de la provincia, calificando la situación como una “cuestión de sentido común”.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. La Liga de Concejales Justicialistas de la provincia emitió un duro documento en el que acusó al gobierno de Rogelio Frigerio de “desatención programada” y de utilizar tecnicismos burocráticos para recortar la ayuda social en un contexto de profunda emergencia climática y económica.

A continuación, se transcribe de forma textual el comunicado completo difundido por los ediles del peronismo entrerriano:

La Liga de Concejales Justicialistas de Entre Ríos expresó su “más enérgico repudio” ante las declaraciones del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, quien minimizó la obligación del Estado provincial de asistir a la población ante las bajas temperaturas, afirmando que ese tipo de ayuda “debiera ser competencia municipal”.

Las declaraciones del funcionario “no solo deslindan responsabilidades esenciales del gobierno de Rogelio Frigerio, sino que exponen una alarmante falta de empatía con los entrerrianos y entrerrianas que padecen las bajas temperaturas”, dijeron.

Calificar como una ‘cuestión de sentido común’ que la provincia no deba ocuparse de la asistencia directa —como el envío de frazadas a Piedras Blancas o la capital entrerriana— “es desconocer la realidad socioeconómica de nuestros municipios, comunas y juntas de gobierno”, se expresó en un comunicado de la Liga de Concejales, quienes apuntaron que “la entrega de partidas irrisorias a la ciudad de Paraná no es un problema de competencias burocráticas; es una muestra de desatención programada”.

En ese sentido, señalaron que “el federalismo y la articulación del Estado no significan abandonar a los gobiernos locales a su suerte frente a la emergencia climática y social”.

Al respecto, subrayaron que los municipios “son, efectivamente, la primera trinchera de contención, pero no pueden transformarse en el chivo expiatorio de un gobierno provincial que decide mirar para otro lado y recortar la ayuda social cuando más se necesita”.

En ese marco, exigieron al Poder Ejecutivo provincial “que asuma el rol que le corresponde por mandato constitucional. Menos declaraciones administrativas para justificar la escasez y más políticas públicas activas para cuidar a los sectores más vulnerables de nuestra provincia”.

La salud, la asistencia social y la educación “siempre fueron coordinadas por el Estado provincial. Esa es la arquitectura institucional de Entre Ríos, y ningún funcionario puede darse el lujo de ignorarla o de utilizarla como excusa para desentenderse de los más humildes”, destacaron y agregaron: “Desde la Liga de Concejales Justicialistas sostenemos con convicción que la asistencia social no es una carga que el Estado provincial puede delegar ni relativizar. El Estado —en sus niveles municipal, provincial y nacional— tiene la obligación política, ética y constitucional de proteger a los sectores más vulnerables, especialmente ante situaciones de emergencia climática. Esa es la doctrina que nos guía: el Estado presente, activo y solidario”.

“La frialdad con la que Colello abordó la situación de quienes no tienen cómo calentarse durante el invierno contrasta de manera brutal con el compromiso que el peronismo siempre tuvo con los humildes. Que el gobierno provincial no se ocupe de la asistencia social en los pueblos y ciudades de Entre Ríos no es sensatez administrativa: es abandono. Y el abandono, para nosotros, no es una opción”, remarcaron.

Fuente: APFDigital

“El río que conviene: ambientalismo selectivo y doble vara en Entre Ríos”, se titula la columna de opinión que envió a esta Agencia el hasta hace pocas semanas funcionario de la administración de Rogelio Frigerio.

A continuación, el texto completo:

“Hay momentos en que las contradicciones políticas dejan de ser matices y se convierten en cuestiones estructurales. El debate ambiental alrededor de la planta de HIF Global en el río Uruguay y la profundización de la Hidrovía en el Paraná muestra exactamente eso: no dos políticas distintas, sino dos criterios distintos para actuar frente a un problema.

Cuando el proyecto está del otro lado del río, el discurso oficial se llena de precaución, soberanía ambiental, bienes comunes y defensa del territorio. Cuando el proyecto promete beneficios económicos propios, la precaución pierde centralidad, los estudios ambientales pasan a segundo plano y el desarrollo se transforma en argumento suficiente.

El ambiente puede ser un tema irrenunciable cuando el costo lo paga otro y un eventual rédito político “lo tengo yo”, pero puede llegar a ser negociable o silenciado cuando el beneficio económico queda en casa.

La épica ambiental del río Uruguay

Frente al proyecto de HIF Global en Paysandú, el gobierno entrerriano desplegó una estrategia política, mediática y diplomática de intensidad. Hubo reuniones binacionales, declaraciones públicas, amenazas de recurrir a la Corte Internacional de Justicia, cuestionamientos al procedimiento uruguayo y apelaciones permanentes al antecedente de Botnia (UPM).

El argumento central fue sólido: ningún proyecto industrial puede desarrollarse en un río compartido sin transparencia, sin evaluación ambiental rigurosa y sin consideración de los impactos transfronterizos. Y era correcto.

Los ríos no reconocen fronteras administrativas. Los daños ambientales tampoco. Si una instalación industrial afecta un ecosistema compartido (como lo fue en el caso Botnia), el reclamo es legítimo. Si una actividad amenaza el abastecimiento y la calidad del agua, el turismo o la biodiversidad, corresponde exigir controles estrictos.

El problema se evidencia cuando ese mismo criterio desaparece por completo al cruzar al Paraná.

El Paraná como corredor económico

En la discusión sobre la Hidrovía, el discurso oficial —cuando no el silencio – cambia radicalmente. Desaparecen las advertencias sobre bienes comunes, el principio precautorio y la exigencia de prudencia institucional. La profundización del dragado pasa a presentarse como una oportunidad histórica, una reparación federal y una promesa de desarrollo.

La incorporación de nuevos tramos navegables, el aumento del calado y la futura concesión por décadas a operadores privados (operadores ciertamente cuestionados: ver nota 1 al pie) fueron celebrados sin que el debate ambiental ocupara el centro de la escena. Sin embargo, los riesgos potenciales son significativos: alteración de humedales, modificación de dinámicas sedimentarias, impacto sobre tomas de agua, erosión de costas, pérdida de biodiversidad, afectación de economías isleñas y de la pesca artesanal, y profundización de procesos ya críticos en el Delta.

Varios de esos efectos no son hipotéticos. Algunos ya están documentados. Investigadores del Conicet han registrado alteraciones en el régimen sedimentario del Bajo Paraná asociadas a las tareas de dragado sostenido; el Observatorio del Delta del Paraná documentó pérdidas de superficie de humedales en el tramo inferior del río (Nota 4). La crisis hídrica de Victoria expuso precisamente esa fragilidad. La propia provincia reconoció una emergencia ambiental e hídrica, mientras organizaciones técnicas y científicas vinculaban el problema con procesos sedimentarios asociados al dragado, entre otros.

Pero el lenguaje oficial cambió: lo que para el Uruguay se exige cautela máxima, en el Paraná se relativiza en nombre del crecimiento.

Hay además un problema cultural más profundo: el dragado continuo dejó de percibirse institucionalmente como una intervención excepcional sobre el río y pasó a asumirse como una condición casi “natural” de funcionamiento económico. Cuando una actividad deja de percibirse como excepcional, disminuye la exigencia pública, se naturalizan los impactos y el control ambiental pierde centralidad. La lógica pasa a ser que el dragado no debe justificarse ambientalmente, sino que son los críticos quienes deben demostrar por qué debería limitarse. Este desplazamiento es precisamente lo que denuncian las organizaciones ambientalistas.

Transparencia para unos y flexibilidad para otros

La doble vara no aparece sólo en el contenido político sino también en el estándar institucional aplicado. Para HIF Global se exigieron estudios ambientales exhaustivos, información pública, intervención internacional, participación de organismos binacionales y evaluación de impactos acumulativos. En cambio, sobre la Hidrovía, los cuestionamientos por ausencia o insuficiencia de estudios ambientales (estudios también cuestionados. Ver notas 1,2 y 3) fueron minimizados, las audiencias públicas no modificaron el rumbo político y las advertencias de organizaciones científicas y ambientalistas quedaron subordinadas a la lógica de competitividad portuaria.

Es cierto que el Estado nacional realizó audiencias públicas vinculadas a la nueva licitación. Pero una audiencia pública no reemplaza una evaluación ambiental integral.

En la audiencia del 3 de noviembre de 2025, una proporción significativa de las exposiciones —de universidades, organizaciones ambientales y especialistas – cuestionó precisamente la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental integral, la falta de evaluación acumulativa y la fragmentación del análisis por tramos (Nota 2). El cuestionamiento no era hacia la inexistencia formal del mecanismo, sino que refería a si el Estado intentaba legitimar una decisión ya tomada mediante un procedimiento consultivo sin verdadera capacidad de incidencia. El tiempo terminó dando la razón a esos reclamos: apenas unos meses después, en mayo de 2026, las denuncias por la falta de transparencia en los pliegos llegarían a los escritorios de la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió “serias y evidentes irregularidades” en la redacción de los pliegos de la licitación, incluyendo observaciones sobre estudios de impacto ambiental y sobre los mecanismos de evaluación y conformación de la comisión evaluadora (Nota 1 y 3). Debe destacarse, además, que el pronunciamiento fiscal conocido el día 18/05 se limitó exclusivamente al rechazo de una medida cautelar solicitada, sin implicar validación alguna sobre el fondo de las observaciones técnicas, jurídicas y ambientales formuladas contra el proceso licitatorio. Hay una diferencia decisiva entre cumplir formalidades y garantizar participación real.

Vale precisar el reparto de responsabilidades: la doble vara en torno al río Uruguay corresponde al gobierno provincial de Entre Ríos, que desplegó una estrategia de presión diplomática frente a HIF Global. Es verdad que el Estatuto del Río Uruguay y la existencia de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) imponen obligaciones legales de consulta bilateral que no aplican al Paraná. Sin embargo, la diferencia jurídica no justifica la asimetría política: una cosa es cumplir con los canales institucionales y otra muy distinta es utilizar el aparato diplomático con fines de firmeza y confrontación selectiva mientras se tolera en silencio el accionar del gobierno nacional, que conduce la licitación de la Hidrovía y define los estándares ambientales aplicables. La contradicción no es de un solo actor: es sistémica y atraviesa diferentes niveles y dirigencias.

Aparece así un mensaje difícil de ignorar: cuando la inversión es ajena, el ambiente es “sagrado” pero cuando la inversión promete beneficios propios, prevalece algo así como una “razón de estado económica”. El ambiente se vuelve negociable.

Ambiente y desarrollo

Sería simplista convertir la discusión en una oposición entre producción y ambiente. El Paraná necesita infraestructura adecuada y Entre Ríos necesita puertos, logística y desarrollo económico. El asunto aquí es el de preservar el equilibrio que haga sostenible ambas dimensiones: desarrollo y ambiente deben ir de la mano.

Cuanto más grande es la intervención sobre un sistema fluvial, más rigurosos deben ser los estudios, más transparente el proceso y más independiente la evaluación científica. La experiencia comparada es elocuente: la intervención sostenida sobre el Bajo Mississippi generó una pérdida de más de 500.000 hectáreas de humedales costeros en Louisiana en el último siglo, proceso documentado por el US Army Corps of Engineers y vinculado directamente a la ingeniería de dragado, canalización y control de crecidas. En el Rin, la corrección del cauce iniciada en el siglo XIX aceleró la erosión del lecho —en algunos tramos a razón de 50 mm por año – generando un desequilibrio sedimentario que persiste hasta hoy y que obligó a costosas obras de compensación y reparación del daño aún en curso. El Paraná, como río de llanura, no está fuera de esas dinámicas.

El punto central es entonces si el estándar ambiental vale siempre o solamente si resulta políticamente conveniente.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas describió la situación de la Hidrovia con una expresión que merece atención: “régimen de excepción ambiental”. No significa que la obra funcione fuera de toda legalidad, sino que durante décadas fue tratada como una infraestructura tan estratégica para el modelo exportador que las exigencias ambientales quedaron sistemáticamente subordinadas a la lógica económica. El sistema siguió operando como si la Ley General del Ambiente, el principio precautorio, el Acuerdo de Escazú y la protección de humedales fueran temáticas secundarias”.

Fuente: APFDigital

“El objetivo es estar mano a mano con todos los que quieran asistir, explicar las medidas y escuchar las inquietudes que existan”, señaló el funcionario provincial.

Bagnat precisó que durante las recorridas también se mantiene diálogo con los gremios que se manifiestan respecto al proyecto. “Siempre hay una etapa previa con los gremios, donde recibimos con mucho respeto los petitorios o propuestas que tengan, damos las explicaciones que exijan y se los invita a participar”, indicó.

La agenda de reuniones comenzó en Rosario del Tala, además de encuentros en Victoria y Gualeguaychú; e Islas del Ibicuy. Las próximas jornadas tendrán lugar el jueves en Diamante y el viernes en Nogoyá.

El titular de la Caja remarcó que en cada una de las instancias lo que se busca es “explicar los temas principales y adelantar específicamente cómo van a afectar o no las medidas que es necesario tomar”.

Asimismo, Bagnat destacó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía y los distintos actores involucrados en el debate. “Creo que es muy importante que el presidente de la Caja esté visitando las ciudades para dialogar y explicar”, concluyó.

Fuente: APFDigital

La delegación Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) dio cuenta de la preocupación de productores del norte de la provincia que expresaron su hastío ante los casos de abigeato que perturban la actividad en la amplia zona.

Desde Faaer se indicó que productores recordaron: “Venimos padeciendo estos ilícitos con una impunidad que asombra. La Policía hace un buen trabajo y cumple con su deber, pero cuando quienes perpetran estos delitos son atrapados, jueces y fiscales los dejan en libertad”.

Ante aquella aludida situación en los estrados judiciales, se agregó que también se expresó: “La verdad es que todo tiene un límite y no puede ser que la puerta giratoria sea una salida inmediata para la delincuencia”.

Como dato estadístico, desde Faaer se indicó que los productores destacaron que “durante diciembre de 2025 se registraron 20 hechos de abigeato, contabilizando tanto los debidamente denunciados como también aquellos que no llegaron a denunciarse, entre ellos robos reiterados y carneadas indiscriminadas que afectan gravemente la actividad productiva y la seguridad de las familias rurales”.

También se precisó que “uno de los hechos mencionados ocurrió en la segunda semana de diciembre de 2025, cuando delincuentes no solo faenaron un ejemplar vacuno, sino que además desvalijaron por completo la vivienda del productor afectado”. Ante el hecho se destacó que “generó una fuerte sensación de inseguridad e impunidad. Por eso pedimos mayor celeridad en el accionar de la Justicia y que los responsables paguen por sus actos”.

Fuente: APFDigital/Foto Ilustrativa

A través de la Resolución publicada en el Boletín Oficial Nº 28.338, el Gobierno oficializó una actualización en las tarifas del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial. La normativa, que lleva la firma del secretario de Transporte Aníbal Daniel Steren, establece el nuevo valor de referencia sobre el cual las empresas prestadoras calcularán los precios de los pasajes para conectar las distintas localidades entrerrianas.

El argumento central del incremento radica en la necesidad de equilibrar las finanzas del sistema de traslados frente al actual contexto inflacionario. En sus considerandos, el texto oficial destaca: “Tomando ello como referencia, y visto el alza en los costos para el semestre contado desde la última actualización entre los que se destacan, el precio de los insumos/ variables, representando el mayor porcentaje de incidencia en los costos que manejan las empresas de transporte de pasajeros, entre los cuales es dable mencionar a salarios, combustibles, lubricantes y neumáticos, los que luego de un estudio competente, reflejan un 12% más”.

Asimismo, el documento resalta el dilema al que se enfrenta el Estado provincial para evitar que las subas dinamiten la cantidad de usuarios, indicando que “si bien hay dificultad para la sustentabilidad en la prestación del transporte, debe valorarse el esfuerzo de la Provincia, siempre en pos de evitar restringir aún más la demanda por la merma del poder adquisitivo”.

La autoridad de aplicación remarcó que se busca que la tarifa sea “justa y razonable de modo tal que no se genere un círculo vicioso de incremento de los precios del transporte que inciden significativamente en el costo de vida de los usuarios, consecuente baja de demanda y a su vez una nueva necesidad de incremento para compensar esa caída”. Bajo esta lógica de “esfuerzo compartido”, se aclaró que lo dispuesto “no representa un incremento en lo que refiere a subsidios de carácter provincial”.

Los nuevos valores y las modalidades especiales
En la parte dispositiva de la resolución, se determinó concretamente la medida principal: “Fijar para los servicios de autotransporte de pasajeros de jurisdicción provincial, un precio kilómetro de referencia a aplicarse a partir de la fecha de la presente Resolución, a un valor de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 147,84.-)”.

A partir de este valor base, el impacto en el bolsillo de los pasajeros variará según las distancias de los recorridos fijados en el anexo de la norma y el tipo de servicio contratado. Para las modalidades especiales, la resolución definió recargos específicos sobre la tarifa base:

Servicio Puerta a Puerta: Se fijó “la determinación de la tarifa mínima de 25 % más sobre los valores establecidos en el Artículo 1° de la presente norma legal”.

Servicio Diferencial (Coche Cama): Se dictaminó “la determinación de la tarifa en un 12 % más sobre los valores establecidos en el Artículo 1° de la presente norma legal”.

Por otra parte, el Ejecutivo provincial le puso un freno a los márgenes de descuento que las compañías pueden ofrecer de manera particular: Los descuentos por tarifas promocionales no podrán ser superiores al quince por ciento (15 %) de la tarifa máxima aplicable”.

Plazos de implementación y control
Las empresas de transporte de la provincia disponen de un margen muy acotado para readecuar sus sistemas y comunicar los cambios. Las firmas “deberán comunicar el cuadro tarifario que adopten a la Dirección de Transporte, aún cuando opten por aplicar la tarifa máxima, dentro de los tres días posteriores a la notificación de la presente”.

Finalmente, de cara a la protección de los derechos de los usuarios y la transparencia del servicio, la resolución obliga a que las nuevas tarifas estén a la vista de todos de forma inmediata. El decreto señala que “los cuadros tarifarios autorizados, conjuntamente con copia de la parte dispositiva de la presente Resolución, deberán ser comunicados al público usuario por medio de carteleras en ventanillas y ómnibus”, advirtiendo que de no hacerlo se aplicarán las sanciones vigentes.

Estimaciones del nuevo cuadro tarifario
A modo de guía, el anexo de la resolución detalla el costo máximo autorizado para algunos de los tramos provinciales más frecuentes partiendo desde la terminal de la capital entrerriana (operados por empresas como Flecha Bus o Empresa San José SA):

Tarifa de Referencia Autorizada
Paraná – Crespo: 41 km- $6.061
Paraná – Diamante: 50 km- $7.392
Paraná – Victoria: 122 km- $18.036
Paraná – Villaguay: 155 km- $22.915
Paraná – Concepción del Uruguay: 288 km- $42.578
Paraná – Concordia: 261 km- $38.584
Paraná – Gualeguaychú: 322 km- $47.604
Paraná – Chajarí: 335 km- $49.526

Fuente: APFDigital

En la sesión se aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo `por el que se eleva a la Comuna Ingeniero Sajaroff (departamento Villaguay) a la primera categoría, medida que responde al crecimiento demográfico de la localidad y busca fortalecer la capacidad de respuesta oficial ante demandas en salud, educación y asistencia social.

La diputada oficialista María Elena Romero fue la encargada de fundamentar la iniciativa que establece la “recategorización de la Comuna de Sajaroff” y señaló que “no se trata solo de una adecuación administrativa o jurisdiccional, sino del fortalecimiento de una comunidad que ha crecido y que necesita contar con mayores herramientas para poder dar respuestas a sus vecinos”.

Inmediatamente pidió la palabra su par justicialista, Andrea Zoff, quien destacó la importancia de las comunas y los municipios como “la primera línea del Estado a la que acuden los vecinos”, aunque realizó una serie de observaciones.

“La diputada Romero dijo que elevar la categoría de Ingeniero Sajaroff implicaba otorgarle mayor autonomía y capacidad de gestión, pero queremos aclarar que ese cambio no significa que vaya a recibir más recursos. Tiene una mayor cantidad de habitantes y, por lo tanto, le corresponde otra categoría, pero eso no implica un incremento presupuestario”, explicó.

“Quiero dejar esto en claro para no generar falsas expectativas en los habitantes de la comuna”, señaló Zoff.

En este marco, llamó a sus pares a la reflexión: “Se incorporaron 22 comunas y eso implicó una reducción de entre el 30% y el 40% en los fondos de coparticipación que reciben. Si a esto se le suma la caída general de la coparticipación, la merma para las comunas alcanza el 50%”, advirtió.

Asimismo, recordó que el bloque presentó un proyecto para que “al menos durante este año se cubra esa diferencia” y sostuvo que luego será necesario avanzar en una iniciativa que “modifique el 1% de coparticipación destinado a las comunas”.

Luego la diputada Laura Stratta insistió en el planteo de Zoff y resaltó la necesidad de que haya “un debate serio y responsable. Y aseveró: “Las leyes son hijas de un tiempo histórico” y en este caso constituyó “un engranaje importante para transformar en política pública una manda constitucional”.

En tanto el diputado Enrique Cresto (PJ) hizo referencia a los artículos 246 y 247 de la reforma constitucional de Entre Ríos que regulan el Régimen Municipal: “La provincia de Entre Ríos tiene 78.000 km2. Cuando se reformó la Carta Magna había 76 municipios y 185 juntas de gobierno y se establecieron presupuestos mínimos en aquel momento. No hay que quedar encasillado en ese 1% que marcó esa ley (que determina que al menos ese porcentaje se destine a las comunas)”.

“Las comunas reciben cada vez menos fondos y cada creación de una comuna le saca fondos a las otras”, advirtió.

“Se trata de una decisión política: si queremos tener una provincias que se desarrolle de manera armónica, si pretendemos potenciar la riqueza de las zonas rurales y si consideramos necesario dictar leyes que le den el andamiaje jurídico para que estos lugares se desarrollen”.

Romero enseguida destacó que las autoridades de Sajaroff fueron las que solicitaron el cambio de categoría y Stratta le respondió: “No desconocemos ese pedido ni tampoco el proyecto, lo que ponemos en tela de juicio son los argumentos de Romero acerca de las expectativas que se generan respecto del paso de una categoría a otra”.

Además, consideró que es necesario “enmarcar los debates y las leyes en un contexto histórico. No debatimos sobre si este Gobierno si o este Gobierno no, estamos debatiendo sobre cómo construimos una provincia mejor, cómo le damos herramientas a las comunas para que puedan gestionar en tiempos de crisis”.

“Nosotros no somos una escribanía del Poder Ejecutivo, ya que ella dijo que la Secretaría de Hacienda está viendo el tema de recursos para las comunas. Somos el Poder Legislativo, presentamos leyes y queremos que nuestras voces seas escuchadas”.

Finalmente tomó la palabra el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), quien celebró el debate que se generó en el recinto y sostuvo que “

Agmer en el recinto

En el medio de la sesión, durante el turno de los homenajes, pidió la palabra el diputado justicialista Yari Seyler, quien solicitó a las autoridades de la Cámara que permitan ingresar al recinto a representantes de Agmer a lo que el presidente de la Cámara, Gustavo Hein adujo que el espacio tiene capacidad limitada.

Turnos de los homenajes

En el turno de los homenajes se recordó la figura, trayectoria jurídica y docente de Julio Federik, que falleció este martes a los 76 años, dejando importantes aportes y momentos a la historia política judicial de la provincia, amén de su figura como docente, escritor, poeta y músico.

También se hizo un homenaje por el Día de la Escarapela y se recordó un nuevo aniversario de la histórica Marcha Blanca de los años ’90 al tiempo que se cuestionó el ajuste a la educación.

Fuente: APFDigital

A la hora de evaluar la situación de la obra social, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), García recordó que “venimos de una obra social quebrada, en crisis y tuvimos que resolver porque a esta altura del año pasado, los pronósticos que había sobre la obra social eran catastróficos, decían que la obra social iba a colapsar, que íbamos a privatizar todos los sistemas, que íbamos a tener afiliados VIP, que se iban a cerrar sedes, y absolutamente nada de eso pasó”.

“En salud nunca uno va a tener un 10 y en prestaciones de salud nunca va a haber una conformación absoluta de los 300 mil afiliados. Faltan cosas para hacer, falta muchísimo, pero el coseguro de la consulta no se ha tocado, hoy está en 4.500 pesos, y es verdad que hay algunas prácticas cuyo costo se ha elevado –no el coseguro porcentualmente hablando–, y eso muchas veces se hace muy difícil para afrontar para los afiliados; somos conscientes de eso y son conscientes nuestros prestadores también. Hoy el porcentaje del coseguro de las prácticas es el 30%, que es el porcentaje que existió siempre, pero en una práctica de cierta complejidad, que tiene un costo de un millón de pesos, por ejemplo, el coseguro que tiene que afrontar el afiliado son 300 mil pesos y hoy no hay muchas familias que estén en esas condiciones. También la obra social tiene algo que es bastante inédito, porque no existe en otras obras sociales provinciales, que es el fondo voluntario, con el cual, en algunas prácticas el afiliado no paga el coseguro, sobre todo las prácticas más caras, y eso también trae un alivio”, describió.

En cuanto a lo que falta hacer de acá en adelante, puntualizó que “falta trabajar con el sistema médico y de prestadores de la provincia, que es un sistema complejo también único”. Al respecto, planteó que “el sistema de prestadores médicos en la provincia de Entre Ríos es un sistema totalmente carterizado, donde usted tiene una o dos instituciones que nuclean prácticamente al 90% de los prestadores y queda rehén de esa carterización y es muy difícil negociar así. Una de las dos obras sociales más importantes prepagas privadas del país, nos decía el otro día que Entre Ríos es el único lugar donde da pérdida de todo el país. Por eso lo que falta trabajar de acá en adelante es desanudar esa situación en la que la obra social no tiene margen de acción”.

En tal sentido, comentó que “la obra social recibe un nomenclador de profesionales médicos para prestar salud a libro cerrado y no podemos elegir, no podemos manejar la oferta. Plantean que son todos o ninguno, o se aceptan 2.100 médicos o ninguno, y capaz la obra social no necesita 2100 médicos. De igual modo nos plantean que se acepten 50 sanatorios, clínicas o entidades privadas, o ninguna. Todo es a libro cerrado y en la obra social tenemos que simplemente aceptar los que ya nos viene predispuesto”. “Por eso yo creo que un gran desafío que tenemos por delante, hoy que la obra social está estabilizada y proyectada hacia el futuro, es desanudar esa situación y hacerle entender a nuestros prestadores que el equipo de gestión, sea cual fuera, los que estuvieron antes, los que estamos ahora y los que van a venir en el futuro, tienen que tener un margen de acción para gestionar la obra social, si no, es inviable”, planteó.

Agregó que “la fortaleza de Entre Ríos es el alto poder de agremiación que tienen los profesionales. Hoy hay una Federación Médica de Entre Ríos muy fuerte, y nosotros nos vemos obligados, o conveniamos con la FEMER o nos quedamos sin médicos. En otras provincias eso no existe. Y eso, por supuesto, es una fortaleza de la Federación Médica. Lo mismo pasa con Acler. En otras provincias no hay ese grado de gremialización tan intenso y si uno no puede llegar a un acuerdo con una entidad, convenia con otra, o contrata médicos individuales. Nosotros tenemos casos de un especialista que decidió no trabajar por la institución que lo nucleaba, hacer un convenio directo con la OSER y la asociación que lo nucleaba le dijo que lo iba a excluir de todas las otras obras sociales. Es un mecanismo coactivo bastante duro que existe acá y que no existe en otras provincias. Entonces, la capacidad de negociación que tienen las otras obras sociales provinciales, al tener más dividida la oferta, es mucho más grande”.

Por otra parte, García aseguró que se dará continuidad al convenio con Femer que vence el próximo 31 de mayo: “En todo este tiempo la obra social ha hecho un trabajo monumental al elaborar el nomenclador único de prestaciones OSER y se llegó a detectar que la obra social tiene un nomenclador de 22.000 códigos de prestaciones entre todos los prestadores, por lo cual se hizo un ordenamiento de ese nomenclador, se recodificaron las prácticas, se excluyeron prácticas que eran muy dañinas para la obra social en cuanto a lo económico financiero, se incluyeron otras prácticas que no estaban incluidas en los convenios anteriores y todo eso se ha ido trabajando con los equipos técnicos tanto de FEMER como de Acler, que son las dos entidades más grandes. En eso quiero resaltar la muy buena predisposición tanto de las autoridades de FEMER como de Acler y sus equipos técnicosque han venido participando de reuniones que son tediosas, donde se ve código por código, y por supuesto que somos muy optimistas en que va a haber una renovación de esa acta acuerdo a partir del 31 de mayo”.

En otro orden, desmintió que exista burocracia y demoras de hasta 15 días para las autorizaciones: “Eso no es así, lo desmiento categóricamente. Cuando hay un caso de una práctica que tiene una demora de 15 días es por una práctica muy compleja o con una derivación fuera de la provincia o donde el afiliado no presenta la documentación en tiempo y forma”.

Explicitó que “a través de la plataforma Mi OSER, que ya está llegando a cumplir los primeros 45 días de funcionamiento, al día de hoy se autogestionan 1.100 consultas por día, pero además viene creciendo exponencialmente el uso de la plataforma. Para los trámites sin auditoría, cuando usted ya tiene el cupo preasignado y no necesita auditoría, está la autorización en 24 horas y le llega la orden al correo electrónico del paciente. Y cuando el trámite requiere una auditoría previa, que es muy importante, hoy estamos en un promedio de 48 horas de demora”.

“En un universo de 300.000 afiliados si hay 100 que se les demoró por algún motivo alguna prestación, es lógico que esos 100 hagan oír su voz y parece que es la regla común de la obra social. La regla común de la obra social es que no hay trámites de rutina que demoren 15 días”, sentenció.

Ante la consulta puntual sobre los reintegros de las prestaciones fonoaudiológicas, “no tenemos convenio institucional con los fonoaudiólogos y es quizás otra tarea pendiente porque no queremos tener más un sistema de reintegro. La obra social procesa más de 10.000 reintegros mensuales y digo procesa porque uno no puede devolver un dinero por la sola presentación de la factura, y con el tema de los reintegros estamos como el resto de las prestaciones: todos los prestadores cobran a los 60 días. Y una vez que empezó la cadena de cobrar a los 60 días, el primer mes tuvo que esperar dos meses, pero después cobra todos los meses”.

“No hay ningún reintegro que haya demorado 8 meses y también hay quienes cuestiones que hace 5 meses que no le pagan, pero hay que ver con qué grado de orden presentó todos los papeles. El hecho de traer una factura a la obra social y dejarla o presentar un trámite incompleto, eso no necesariamente tiene que resolverse a las 48 o 72 horas. Si no está el trámite completo, sí va a demorar 5, 8 o 10 meses hasta que complete el trámite. Pero más allá de los casos particulares que puede haber, en un universo de 300.000 afiliados, no es la regla. Hay excepciones, hay cosas para mejorar y queremos salir del sistema de reintegro para pagar directamente al prestador, pero no es la regla”, aseveró.

En otro orden de temas, aseguró que los consultorios odontológicos “ya está funcionando en Federal y en Feliciano, seguramente en lo que resta de estos 10 días del mes va a entrar en funcionamiento. Ya tenemos instalado el consultorio de Villaguay; estamos pensando en una adecuación del local donde funciona la sede de Villa Paranacito, donde también vamos a poner consultorio; Rosario del Tala es una de las posibilidades, aunque está a confirmar”. “Acá hay otra cuestión inédita. Hace un año decían que la obra social iba a cerrar prácticamente y hoy por primera vez en la historia, la obra social provincial tiene prestadores propios, con consultorios propios. A través de una gestión que hizo el gobernador, recibimos 16 sillones odontológicos de parte de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, pero después todo el equipamiento periférico, los insumos, instrumental, el convenio con los odontólogos que van a trabajar ahí, la obra civil que hay que hacer, se hizo a toda máquina con recursos propios, porque son nuestros propios técnicos, albañiles, ingenieros, maestro mayor de obra, quienes están haciendo todas las obras civiles que hay que hacer en los locales para instalar los consultorios odontológicos”, refirió.

El funcionario acotó que las prestaciones de psicología, psicopedagogía y terapista ocupacional “son sistemas por reintegro que queremos eliminar, porque llevan un trámite excesivamente de carga de empleado obra, procesando 10.000 reintegros por mes y se generan demoras. No puede ser que el familiar de una persona con discapacidad termine trabajando para la obra social, eso lo tenemos que eliminar. La familia se tiene que poner a ver qué le depositaron, cuándo, a qué profesional le tiene que pagar, presentar la factura, juntar la historia clínica; eso falta y hay que anotarlo en el debe de la gestión, porque nosotros tenemos que eliminar el sistema de reintegro. No puede ser que sobre la carga que significa para una familia brindarle atención integral a un familiar con alguna discapacidad, nosotros encima le ponemos toda la tarea administrativa de recibir un reintegro y tener que estar gestionándolo. Así que ese es uno de los puntos hacia donde estamos yendo, eliminar el sistema de reintegro dentro de la obra social”.

“Hay que eliminar ese sistema, pagarle directo al prestador y sacar esa carga administrativa a la familia, esa carga administrativa y esa etapa de que financia con su propio bolsillo la prestación hasta que la obra social le devuelve”, ahondó.

Sobre los subsidios por fallecimiento consignó que “se aumentó el subsidio” y remarcó que “lo sistemático hoy por hoy es el orden y la rapidez con que se están dando las prestaciones, aunque puede haber casos excepcionales”.

Por último, García informó que el directorio “ya está completo, tenemos una dinámica de trabajo asombrosa con los dos vocales, la doctora Flavia Maidana que es la vocal por UPCN y el profesor Eduardo Franco Weiss que es el vocal por AGMER”.

“Hace un año atrás cuando se discutía el proyecto de ley de la transformación del IOSPER al OSER, decían que se le iba a quitar la obra social a los trabajadores, que se iba a privatizar, y sin embargo hoy trabajamos codo a codo; la doctora Flavia Maidana tiene una oficina frente a la mía y el doctor el profesor Franco Weiss, tiene una oficina al lado mío. El directorio hoy funciona como un equipo de trabajo, el presidente divide las tareas y cada uno se encarga de una tarea específica. Ese es el directorio hoy de la obra social. Trabajamos como un equipo para llevar adelante la obra social y todas las decisiones y las resoluciones que se han tomado hasta ahora han salido por unanimidad. Y eso no es un tema menor para el lugar desde donde vino la creación de la OSER. El próximo 9 de junio cumple un año la entrada en vigencia de la ley 11.202 y tenemos una obra social que supo administrar una crisis, que supo ordenar los números, que se acomodó en lo institucional y que está proyectando. Trabajo por hacer, hay muchísimo, siempre”, concluyó.

Fuente: Análisis Digital

Durante el encuentro, las autoridades compartieron los resultados de auditorías recientes, un proceso que no se realizaba desde 2017, y que resulta clave para avanzar en la determinación de los montos que le corresponden a Entre Ríos en concepto de compensación previsional.

Frigerio destacó la importancia de este avance al considerar que “se trata de una instancia técnica y política central para ordenar una deuda histórica con la provincia”. En ese marco, subrayó “el valor del trabajo conjunto con el gobierno nacional para lograr acuerdos que beneficien a los entrerrianos y fortalezcan la sostenibilidad del sistema previsional”.

La reunión se inscribió en una agenda de gestiones que el mandatario provincial viene impulsando ante organismos nacionales, con el objetivo de defender los intereses de Entre Ríos y garantizar recursos que permitan mejorar la administración y el funcionamiento del Estado provincial.

Fuente: Análisis Digital

Este miércoles se llevó a cabo en el ámbito municipal el lanzamiento oficial del Concejo Deliberante Juvenil 2026, un espacio diseñado para que los jóvenes de los distintos colegios de la ciudad conozcan de cerca el funcionamiento del poder legislativo local, debatan ideas y asuman un rol activo en la comunidad.

El acto estuvo encabezado por la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, junto al intendente Francisco Azcué. También formaron parte de la presentación los concejales Silvina Ovelar, Dr. Mauricio Rey, Celeste Fuscado y Emmanuel Godoy, acompañando a las delegaciones escolares presentes.

Escuchar la mirada de los jóvenes
Al abrir el encuentro, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza destacó la importancia de abrir las puertas de la institución a las nuevas generaciones: “El Concejo Juvenil es una propuesta que promueve la participación y el debate de ideas. Conocer el pensamiento de los jóvenes para nosotros es fundamental. A través de este espacio, les damos voz; luego podemos tomar sus proyectos, presentarlos en el Concejo Deliberante y sancionar normas al respecto”, detalló, resaltando el valor pedagógico de experimentar de cerca cómo funciona el poder legislativo local en democracia.

Por su parte, la concejal Silvina Ovelar interpeló directamente a los estudiantes respecto a la forma en que consumen y debaten información en la actualidad. “Estamos acostumbrados a participar en las redes sociales, ponemos preguntas, comentamos, pero a veces falta un espacio donde nos puedan escuchar de verdad”, reflexionó. En ese sentido, lanzó una convocatoria directa: ”Queremos invitarlos a que esas opiniones, debates y consensos que logran en las redes, lo hagan desde el Concejo con un proyecto pensado por ustedes. Ustedes piensan la ciudad de otra manera, con su edad, y a nosotros a veces se nos escapan cosas que viven día a día. Los invitamos a transformar su ‘like’ en acción”.

Capacitación, debate y votación: el cronograma de trabajo
El concejal Mauricio Rey fue el encargado de explicar los aspectos técnicos y el calendario del programa para este año, el cual comenzará formalmente el mes que viene (junio) y se extenderá hasta agosto, dividido en dos etapas bien diferenciadas:

• Etapa Preparatoria (Junio): Se dictarán talleres formativos sobre el rol del concejal, técnica legislativa (cómo se elabora un proyecto de ordenanza) y oratoria. Además, los alumnos tendrán la oportunidad de presenciar sesiones reales de los concejales de la ciudad.

• Etapa Legislativa (Julio – Agosto): Los estudiantes elegirán una temática, realizarán la investigación y elaborarán de forma virtual sus propios proyectos. Posteriormente, se realizarán las sesiones preparatorias para la elección de autoridades juveniles y la sesión final de aprobación, donde los proyectos se defenderán, votarán y recibirán sus respectivos certificados.

Azcue: “Ser ciudadano conlleva una responsabilidad”
El cierre del acto estuvo a cargo del intendente Francisco Azcué, quien celebró la iniciativa y vinculó el programa con la necesidad de construir compromiso cívico en la sociedad civil. “Este programa promueve valores que nos interesa mucho estimular, empezando por la responsabilidad ciudadana. Ser ciudadano implica un deber cívico que todos tenemos que asumir porque nos conviene; las comunidades que logran superar sus problemas y desarrollarse son aquellas que tienen ciudadanos comprometidos”, enfatizó.

Azcue aclaró que la participación no se limita estrictamente a los partidos políticos, sino que se ejerce desde un club, una ONG, una cooperadora escolar o una comisión vecinal. Asimismo, dejó un mensaje crítico respecto a la cultura política tradicional: “Durante muchos años los políticos nos hicieron creer que solamente teníamos derechos y nunca nos hablaron de las obligaciones, sobre todo a los jóvenes, cultivando la consigna errónea de que el Estado tiene que resolver todos los problemas. Eso no funciona así y nos toca la tarea de decirles la verdad”.

Para finalizar, el jefe comunal instó a los jóvenes a tomar el desafío con seriedad y rigurosidad técnica: “Esto conlleva una responsabilidad. No es solamente ingresar a Facebook y hacer un comentario. Hay que estudiar, prepararse, ir a fuentes confiables e identificar qué cosas podemos mejorar en Concordia. Queremos escucharlos porque de aquí puede salir una norma jurídica que regule la vida de todos los concordienses”, concluyó, haciendo alusión a la necesidad de revertir los indicadores sociales y de infraestructura que arrastra la ciudad mediante un compromiso ciudadano maduro.

Fuente: Concejo Deliberante de Concordia