El hallismo marcó distancia de las denuncias por coimas
Romero y Cánepa se quejaron de que se acuse a la anterior gestión de connivencia con una práctica delictiva. Dijeron que los involucrados no eran inspectores y contradijeron al gerente de Día.
Romero y Cánepa se quejaron de que se acuse a la anterior gestión de connivencia con una práctica delictiva.
Los ex funcionarios municipales Rosario Romero y Alejandro Cánepa dieron a conocer un documento en el que se refirieron a las recientes denuncias de coimas contra inspectores municipales.
Tanto la ex secretaria de Planificación como el ex secretario legal y administrativo reclamaron que se informe “con verdad” de los hechos ocurridos: “Porque podemos hablar de hechos o casos concretos y de cómo se ha actuado al respecto cuando nos fue denunciado; pero hablar de una práctica general deshonesta en el trámite de habilitaciones o imputarnos una connivencia en la comisión de esos delitos, por hechos que han sucedido luego de abandonada la gestión y por personal que nada tiene que ver con ello, nos parece de una real y verdadera malicia”.
Esa malicia ”no tiene sino fines políticos y difamatorios y también, porqué no, cubrir determinados errores en designaciones y asignaciones de competencias realizadas por esta gestión que les estarían acarreando problemas como el denunciado”.
El documento señala: “Que quede claro: repudiamos enfáticamente las prácticas denunciadas por algunos comerciantes y queremos decir que las hemos combatido durante los cuatro años de gestión con medidas concretas”, en referencia al gobierno municipal de José Carlos Halle.
“Nuestra relación con los comerciantes ha sido cotidiana, sobre todo a través del Centro Comercial e Industrial de Paraná. Ha sido junto a ellos que hemos avanzado en la modificación del trámite de habilitaciones comerciales, a propuesta suya; en las modificaciones estructurales necesarias para llevar adelante los nuevos procedimientos; en la habilitación de comercios e industrias que funcionaban hacía años sin un control del Estado”, se indicó.
También se recordó: “Durante nuestra gestión, todos los inspectores tenían una identificación y la nómina de ellos fue remitida al Centro Comercial para su conocimiento y de los comerciantes de Paraná (…) También hemos convocado al Colegio de Ingenieros Especialistas para que a través de sus profesionales matriculados intervengan en el trámite de las habilitaciones comerciales”.
Luego se indicó: “Nunca, durante toda la relación mantenida con el Centro Comercial de Paraná, nos ha sido denunciada una conducta delictiva por parte de los inspectores comerciales respecto de los más de trece mil comercios habilitados en Paraná”.
Y se añadió luego: “En los casos puntuales denunciados, los agentes Luna y Rivero no son inspectores comerciales de la Municipalidad, ni lo fueron durante nuestra gestión; incluso desconocemos si realizan siquiera alguna tarea vinculada a ello; ni quién los puso hoy a fiscalizar comercios”, se añadió en referencia a los trabajadores denunciados.
En el caso del Supermercado Día, Romero y Cánepa señalaron: “Gutiérrez nos manifestó en agosto pasado la aplicación de infracciones por parte del Juzgado de Faltas por violaciones al Código Alimentario Nacional; las que luego de su examen legal se advirtió que no lo eran y por eso desde la presidencia municipal se hicieron lugar a los recursos de gracia interpuestos por la firma comercial, instruyendo luego, por expediente, a la Dirección de Inspecciones Comerciales y a los Juzgados de Faltas respecto del resultado de esos recursos para evitar reiteraciones de inspecciones o multas por los mismos hechos, las cuales, como lo dice el mismo Gutiérrez, cesaron hasta diciembre último”.
Reciben denuncias
Ante la información difundida en estos últimos días sobre denuncias por irregularidades en trámites municipales de habilitaciones comerciales, y tras la consulta de ciudadanos que manifiestan haber sido víctimas de propuestas de otorgamiento de permisos a cambio de dinero, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná aconsejó a todos quienes hayan sido afectados por una situación de esta índole a concurrir a la institución para recibir asesoramiento jurídico.
“El objetivo es desarticular cualquier tipo de acto de corrupción que pueda haber existido o que exista”, afirmó el titular de la Defensoría, Luis Garay.
Fuente: Diario Uno
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